La diplomacia argentina obtuvo un indudable éxito con la inclusión de la cuestión Malvinas en la Declaración conjunta Unión Europea-Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. El párrafo en cuestión generó reacciones de todo tipo. En el plano interno, generó algunas lamentables críticas de parte quienes ven todo bajo el prisma de la grieta. También hubo algunas exageraciones en cuanto al alcance de la Declaración. A pesar de las presiones ejercidas a la Unión Europea, el gobierno británico no pudo impedir la referencia a las Malvinas. La élite isleña volvió a demostrar su negación de la realidad de la existencia de la disputa de soberanía. Esta vez con una actitud pueril relativa al nombre de las islas.

La importancia de la Declaración reside en el hecho de que la Unión Europea “toma nota” de que la cuestión de soberanía de las Islas Malvinas no es solo una posición argentina, es la “posición histórica” de toda América Latina y el Caribe. Las referencias al “diálogo y el respeto del Derecho Internacional en la solución pacífica de controversias” es una referencia clara a la negativa británica de reabrir las negociaciones sobre soberanía. Todo ello hubiera sido impensable cuando el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea. De hecho, previo a la adopción de la Declaración, el gobierno británico hizo denodados esfuerzos para evitar la inclusión del párrafo en cuestión. Bruselas ni siquiera se dignó a contestar el pedido británico.

Lo máximo que Londres pudo obtener fue una declaración ulterior de uno de los portavoces comunitarios, quien afirmó que la Unión Europea no cambió de posición sobre la cuestión. La UE nunca tomó posición sobre la cuestión Malvinas. En su momento, la inclusión de las islas como territorio de ultramar británico no significó reconocimiento de soberanía. Simplemente cada Estado miembro podía incluir lo que consideraba sus territorios de ultramar para que se beneficien de ciertas prerrogativas. A menos de existir una disputa de soberanía intra-europea, se trataba de una decisión unilateral. Para disgusto de la élite isleña, las ventajas comunitarias que disfrutaban ya no existen más después del Brexit. Ahora se quejan del uso por la Unión Europea del “nombre argentino de las islas”. Es otra muestra elocuente de su negación de la historia. El nombre “Malvinas” es tan antiguo como lo es el primer asentamiento humano de las islas. Medio siglo antes de la existencia de la Argentina como nación. Además, la versión en inglés de la Declaración UE/CELAC utiliza las dos toponimias: “Islas Malvinas/Falkland Islands”. Como lo hacen sistemáticamente las Naciones Unidas desde que adoptan resoluciones sobre las islas.

Hay una realidad que es insoslayable: existe una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas entre la Argentina y el Reino Unido. Se trata de una situación colonial particular en la que los actuales habitantes, producto del despojo y del control migratorio británicos, no pueden invocar en su favor el principio de libre determinación de los pueblos. La víctima del colonialismo es el pueblo argentino.

La Declaración del 18 de julio de 2023 es un primer paso muy importante en la relación con la Unión Europea que es necesario profundizar. Es un momento en el que el respeto de la integridad territorial de los Estados aparece como una reiterada exigencia no solo europea, sino de prácticamente el conjunto de la comunidad internacional. La Declaración es también otra muestra elocuente de la pérdida de peso del gobierno británico en la arena internacional que la Argentina debe evaluar a la hora de tomar decisiones.

* Marcelo G. Kohen es profesor emérito de Derecho Internacional (Ginebra). Facundo D. Rodríguez es abogado en especializado en Derecho Internacional, magister en Relaciones Internacionales y docente universitario de Derecho Internacional. Ambos son autores de Las Malvinas entre el Derecho y la Historia (Eudeba).