El ministro de Justicia, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, volvieron a cargar contra los organismos de derechos humanos y la familia de Santiago Maldonado, el joven desaparecido desde el 1 de agosto, al rechazar su responsabilidad en el hecho. "La ministra ofreció trabajar en conjunto, hacer una comisión de seguimiento del caso. No estaban dispuestos a trabajar en conjunto para que aparezca Santiago", se despachó Garavano, en conferencia de prensa tras el encuentro con los organismos, que lamentaron que "no hubo ningún avance en la reunión". Bullrich acusó a los padres del joven de negarse a realizar una extracción de sangre, algo que fue desmentido por la familia, que aclaró que pidieron mayores garantías y la participación de peritos de parte.   

"¿Cómo vamos a trabajar todos juntos si no reconocen la desaparición forzada de Santiago?”, exclamó Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en una conferencia de prensa posterior, convocada a la misma en que los funcionarios brindaron la suya, para la cual haía que acreditarse expresamente. “Negaron los videos, negaron los  testigos. Siguen negando y negando", denunció Almeida. 

A pesar de las acusaciones de Garavano, hasta el momento la investigación por la desaparición de Santiago avanzó por impulso de los organismos de derechos humanos —la APDH, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el CELS— y los testimonios de los integrantes de la comunidad de Cushamen ante el juez federal de Esquel Guido Otranto. 

Mientras tanto, Bullrich insistió en defender la actuación de la Gendarmería y adelantó que el Gobierno nacional no cuestionará la actuación de esa fuerza hasta que no lo haga la justicia de Chubut. Por el momento, como lo señaló el defensor oficial Fernando Machado, la hipótesis que investiga la responsabilidad de la Gendarmería es la más firme de la causa, en la que ya se ordenaron allanamientos sobre los escuadrones que participaron de la represión. 

Durante su propia conferencia de prensa, Bullrich se defendió argumentando que "parece que lo que se busca es acusar al Gobierno y ponerlo en una situación difícil, en lugar de estar todos juntos por un objetivo" y agregó que el reclamo por la desaparición forzada de Maldonado "en lugar de manejarse por los carriles adecuados, se ha manejado en un clima de agresión y violencia".

Los organismos le recordaron a la ministra que el jefe de Gabinete de Seguridad, Pablo Nocetti, está señalado como quien dio la orden para que la Gendarmería avanzara sobre la comunidad el 1 de agosto sin orden judicial. La semana pasada, Bullrich sostuvo que la autorización se le había pedido por teléfono al juez Otranto. En la causa figura un llamado, pero a las 5 de la mañana, luego de que la Gendarmería despejara la ruta, para lo que tenía autorización de Otranto, pero mucho antes de que se inicie la represión que terminó en la desaparición de Santiago. Represión que Nocetti defendió por ocurrir luego de un supuesto delito en flagrancia: arrojar piedras desde la comunidad hacia la ruta. 

Por último, Bullrich se encargó de volver a apuntar contra la familia de Santiago —a la que el Gobierno recién recibió 8 días después de su desaparición— y señaló que los padres del joven de 28 años, que viven en la localidad de 25 de mayo, se negaron a una extracción de sangre que hubiera hecho la Policía Federal, hecho que la familia reconoció por falta de garantías.   

"Hace 20 días de la desaparición forzada de Santiago y seguimos dando vueltas como el día uno. Hasta que el Gobierno no asuma que es una desaparición forzada, no se avanzará", denunció ayer Sergio Maldonado, hermano de Santiago.