Un grupo de diputados chilenos solicitó modificar la cárcel especial de Punta Peuco, que actualmente alberga a violadores de derechos humanos, para que sea usada por presas embarazadas o con hijos pequeños. Los congresistas del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio exigen que los 129 reos que actualmente habitan en esta cárcel especial sean trasladados a penales comunes, como la cárcel Colina 1 en Santiago.
"A nuestro parecer, es inentendible que un penal especial esté destinado para albergar a condenados por violaciones a los derechos humanos, toda vez que no existe motivo alguno para que tengan una situación de privilegio penitenciario frente al conjunto de la población penal", sostiene la carta firmada por diputadas y diputados. La misiva, dirigida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, solicita que el penal de Punta Peuco pueda ser optimizado "para que dichas instalaciones sean utilizadas para condenados que lo requieran con mayor apremio que quienes residen allí actualmente, como mujeres que se encuentren embarazadas o que tengan hijos".
"En nuestro país donde no sobran las medidas de reparación y no repetición, nos parece que ésta es una especialmente importante. Trasladar a los criminales de lesa humanidad y entregar una mejor y adecuada infraestructura a los niños y niñas que acompañen a sus madres en el cumplimiento de su condena es un paso hacia el futuro", puntualizan los diputados firmantes.
"Privilegios intolerables"
El diputado socialista Juan Santana señaló que el pedido se enmarca en la conmemoración de los 50 años que se cumplen el 11 de septiembre del golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet. "Creemos que no hay ninguna justificación para que existan privilegios con internos que han cometido crímenes de lesa humanidad, sobre todo en esta fecha", afirmó Santana en conferencia de prensa.
En la misma línea la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que el hecho de que exista un recinto especial para criminales condenados por delitos de lesa humanidad "significa privilegios intolerables". Al ser consultada sobre qué implica ese penal para el gobierno, la vocera respondió que "significa el desigual trato a personas que cometen delitos".
"Es la desigualdad ante la ley básicamente, porque hay tratamiento privilegiado a quienes cometen crímenes de lesa humanidad que son los delitos más graves que uno pueda conocer", apuntó Vallejo, mientras "otros están hacinados en las cárceles por robos que son de menor categoría, y esa diferenciación ha generado una sensación de impunidad por mucho tiempo".
El presidente Gabriel Boric, en una entrevista televisada el domingo, dejó abierta la posibilidad de que se produzcan cambios en materia penitenciaria. "Hay distintas alternativas sobre Punta Peuco. Ese tipo de cosas se hacen, no se anuncian", destacó Boric en una entrevista en Canal 13, agregando que "si es sabrán, no quiero generar una polémica".
Un penal vip para represores
El penal Punta Peuco se inauguró en 1995 para recibir exclusivamente a militares en retiro y exagentes de Pinochet. Sus características son blanco de críticas, ya que posee varias comodidades con las que no cuentan los penales comunes como cuartos individuales, bibliotecas, cancha de tenis, sala de kinesiología, computadoras y televisión satelital, entre otras.
Entre los reclusos condenados se encuentra el exmilitar Miguel Krassnoff, sentenciado a más de 800 años. También estuvo Manuel Contreras, el exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), hasta su fallecimiento en 2015. Raúl Iturriaga Neumann, mayor general del Ejército y director asistente de la DINA, cumple actualmente una serie de condenas en el penal como autor de los homicidios calificados de Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires.
La expresidenta Michelle Bachelet dio la orden de cerrar Punta Peuco a pocos días de terminar su segundo mandato en 2018. Sin embargo, hace pocos días señaló que "quien tenía que hacerlo no me hizo caso", en alusión al entonces ministro de Justicia, Jaime Campos.
Diferencias a 50 años del golpe
El presidente Gabriel Boric se reunió este lunes con su antecesora Michelle Bachelet para compartirle la declaración de compromiso por la democracia que quiere que firmen las distintas fuerzas políticas en el 50 aniversario del golpe de Estado. "No podría entender que alguien se restara de un acuerdo así, que lo que busca es unirnos, no separarnos", señaló la exmandataria en una rueda de prensa al finalizar el encuentro.
"Me voy contenta, con mi copia que espero firmar en el momento que se decida", sostuvo Bachelet. Boric anunció en julio su intención de promover una declaración común, pero a una semana de la conmemoración del quiebre democrático, tanto la derecha tradicional de Chile Vamos como el ultraderechista Partido Republicano rechazan frontalmente suscribir cualquier acuerdo.
La conmemoración de los 50 años del golpe está generando una gran polarización y crispación en Chile. La semana pasada Boric calificó el ambiente de "eléctrico", mientras que Bachelet dijo este lunes que "está tóxico" y llamó a todas las fuerzas políticas a conmemorar esa fecha "con una mirada de futuro". Bachelet contrastó el momento actual con la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado: "Entonces había un cierto acuerdo fundamental de que la democracia es clave y hay que protegerla".
En un nuevo intento de acercarse a los partidos más conservadores, la semana pasada Boric también se reunió con el expresidente Sebastián Piñera, quien se mostró dispuesto a apoyar la declaración y pidió contribuir "de aquí al 11 de septiembre todos a unir a los chilenos y no a dividirlos". Este lunes el presidente de la Unión Demócrata Independiente, el senador Javier Macaya, reiteró su negativa: "No estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que nos pongan al servicio de hechos que no tienen una sola mirada".
El próximo 11 de septiembre se cumplen 50 años desde que el general Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Salvador Allende (1970-1973), quien se suicidó en La Moneda antes de ser atrapado por los militares. Durante la dictadura de Pinochet más de 28 mil personas fueron torturadas y 3.227 fueron asesinadas, de acuerdo a cifras oficiales.
