El gobernador aceptó la dimisión del fiscal Fernando Rodrigo
Por el derecho a la renuncia
El ex funcionario judicial investigado por escuchas ilegales a su ex novia y allegados de ella afronta una causa penal en la que podría haber novedades en los próximos días. Pueden inhabilitarlo para presentarse a cargos públicos.
Fernando Rodrigo fue denunciado por un empleado de Fiscalía que detectó la irregularidad.Fernando Rodrigo fue denunciado por un empleado de Fiscalía que detectó la irregularidad.Fernando Rodrigo fue denunciado por un empleado de Fiscalía que detectó la irregularidad.Fernando Rodrigo fue denunciado por un empleado de Fiscalía que detectó la irregularidad.Fernando Rodrigo fue denunciado por un empleado de Fiscalía que detectó la irregularidad.
Fernando Rodrigo fue denunciado por un empleado de Fiscalía que detectó la irregularidad. 
Imagen: Alberto Gentilcore

El gobernador Miguel Lifschitz aceptó la renuncia del fiscal Fernando Rodrigo, investigado y apartado del Ministerio Público de la Acusación por ordenar escuchas ilegales a su ex pareja y allegados a ella. Entre las causales para no rechazar la dimisión, desde el Ejecutivo mencionaron que prácticamente no había opción de rechazarla, ya que existen antecedentes en los que "se judicializó el caso y la Justicia siempre ponderó el derecho a renunciar". En tanto, se confirmó que continúa en trámite la causa penal, en la que podría haber imputaciones en los próximos días y hasta una sentencia de inhabilitación para que concurse en cargos públicos. La causa administrativa que abrió la Auditoría General de Gestión del MPA quedaría archivada en función de la legislación vigente (leyes 7.050 y 13.013) y por antecedentes de la Corte Suprema de Justicia provincial.

Hace un mes, la denuncia contra Rodrigo se presentó luego de que un compañero de trabajo de su ex pareja (que -como ella- es empleado de la Fiscalía) advirtiera que el número telefónico de la joven estaba en el listado de aparatos intervenidos en causas que tenía a cargo Rodrigo. Más adelante, se advirtió que también espiaba a dos amigas de la jóvenes, que son abogadas, y al padre de ésta.

Como primera medida, el MPA le retiró las causas que tenía en investigación y el funcionario pidió licencia. Días después, presentó la renuncia, el 24 de agosto pasado, cuando el fiscal General Jorge Baclini resolvió la suspensión preventiva, mientras se investigaba de manera administrativa y penal. En ese contexto, el jefe de los fiscales de la provincia aceptó la dimisión y remitió las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, para ser enviadas, por su intermedio, al Poder Ejecutivo.

La renuncia llegó el 7 de septiembre pasado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. En el decreto Nº 2733, firmado el 12 de setiembre, el Ejecutivo dio detalles de por qué fue aceptada: "En anteriores oportunidades, cuando se ha negado aceptar la renuncia de magistrados o funcionarios con asuntos disciplinarios pendientes, se han generado procesos judiciales de amparo que llevaron a revertir esta decisión, indicando el juzgado interviniente, a favor del magistrado o funcionario amparista, que la no aceptación de la misma implica forzarlo a continuar prestando servicios contra su voluntad, afectándose garantías constitucionales ya que se estaría 'violando su libertad individual y afectándose indirectamente también el servicio de justicia a la comunidad, porque resulta indudable que el estado emocional del magistrado debe ser el adecuado para el desempeño'".

En ese sentido, la resolución agrega que "como consecuencia, a los fines de evitar que la provincia quede en una situación jurídica judicial desventajosa y al haber sido ratificada la renuncia por parte del Poder Judicial, corresponde dar curso favorable" a la dimisión.

Cuando Baclini aceptó la renuncia, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario reclamó que Lifschitz se le rechazara por entender que ello beneficiaría al sindicado, incluso para futuros cargos públicos. Sin embargo, ayer desde el Ejecutivo señalaron que con la continuidad de la causa penal se podría llegar a una imputación y una eventual sentencia de inhabilitación para la presentación a cargos públicos.

En tanto, desde el MPA indicaron ayer que la fiscal de Cañada de Gómez, Natalia Benvenuto se encuentra reuniendo elementos de prueba para una eventual imputación contra Rodrigo, por los delitos tales como "escuchas ilegales, abuso de poder e incumplimiento de sus deberes de funcionario público".