Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados recibió un pedido de juicio político al procurador general de la Corte Suprema de Justicia Jorge Barraguirre por supuesto "mal desempeño" en el cargo y lo giró ayer a la comisión del ramo que preside el jefe del bloque del Frente Progresista Eduardo Di Pollina, que ahora deberá resolver si abre la investigación al funcionario o la desestima. Los denunciantes son unos 20 fiscales y defensores, entre ellos los fiscales de Cámara Miguel Angel Molinari, José Antonio Mántaras y Carlos Romero y el defensor general de Cámara Carlos María Morales, quienes acusan a Barraguirre por "comportamientos arbitrarios, abuso de poder, tráfico de influencias, inestabilidad, falta de idoneidad y ecuanimidad, mal trato y acoso laboral". El presunto "mal desempeño" "se manifestó en actos que han atentado contra la institucionalidad", afectaron "nuestra salud" y el "funcionamiento" del Ministerio Público, dice la denuncia a la que tuvo acceso Rosario/ 12.

Los fiscales y defensores ya habían denunciado a Barraguirre ante la Corte Suprema, pero ésta se declaró "incompetente" para investigarlo, por lo que ahora decidieron solicitarle el juicio político en la Legislatura, según adelantó el colega Gustavo Castro en el portal Diario Santa Fe y el blog de la Corriente Kirchnerista de Santa Fe. El escrito de 30 páginas y las "actuaciones" ante la Corte de 170 fojas se presentaron el lunes en la mesa de entrada y ayer la Cámara lo giró a la comisión de Juicio Político. La vicepresidenta es la diputada peronista Silvia Simoncini y la integran su colega de bloque Roberto Mirabella, los radicales Santiago Mascheroni y Jorge Henn, el socialista Joaquín Blanco y los macristas Rodrigo López Molina y Cesira Arcando.

Entre otras cosas, los denunciantes revelan la "intromisión" de Barraguirre en "causas que corresponden a la esfera funcional de los fiscales de primera instancia". Y mencionan varios hechos:

*Uno ocurrió en el juicio por la catástrofe del río Salado en 2003, en la que están imputados el ex intendente de Santa Fe Marcelo Alvarez, el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex director de Hidráulica Ricardo Fratti. "A través del fiscal competente de primera instancia, a quien solicitaba fotocopias, se inmiscuyó" en el proceso que tramita en el Juzgado de Sentencia Nº 6. Según los denunciantes, Barraguirre no podía pedir copias de la causa, "sino que debía haberse excusado desde el principio y no tardíamente como lo hizo en 2017" porque antes había actuado como fiscal de Estado.

*"En la oficina de la Procuración ûsigue la denuncia‑ maltrató al actual juez de la Cámara Penal de Santa Fe, Jorge Andrés (cuando éste era fiscal Nº7) porque no apeló un pedido de libertad en una causa "Leiva, Juan Abel s/homicidio calificado". En su Fiscalía, el doctor Andrés intervenía en otras causas resonantes, entre ellas la que investiga al ex administrador del Puerto de Santa Fe Marcelo Vorobiof por supuesto "peculado" y "negociaciones incompatibles".

*"Delante el abogado Germán Corazza que actuaba por la defensa, coaccionó al ex fiscal Juan Pablo López Rosas para que no apelara la falta de mérito" en una denuncia contras dos legisladores por supuesto "tráfico de influencias". López Rosas le pidió la indicación por escrito y cuando Barraguirre se la remitió, el fiscal "no pudo apelar aún cuando estimaba que correspondía" hacerlo.

*Barraguirre -agrega el escrito‑ "coaccionó" también a la fiscal Elena Perticará en una investigación al secretario de Coordinación Legal y Políticas Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y presidente del Consejo de la Magistratura, Leandro Maiarota, por supuesta "administración fraudulenta" cuando éste era síndico de una empresa privada. Barraguirre le dijo que conocía al "imputado Maiarota"  por "haber viajado juntos a Colombia". Sin embargo, a pesar de la "presión recibida" la doctora Perticará recurrió a su superior, el fiscal de Cámara Miguel Molinari y con su apoyo "mantuvo su posición como estimaba que correspondía en la causa".

La "independencia y autonomía del Ministerio Público no es sólo de la institución, sino especialmente de cada uno de los fiscales, que no pueden recibir órdenes de ningún poder del Estado" en las investigaciones a su cargo. La norma "garantiza la independencia de criterio" de los fiscales, y por lo tanto, Barraguirre "jamás podría ordenarle a un fiscal lo qué debe hacer en un caso concreto".

"Barraguirre asumió en noviembre de 2012, con una aprobación ficta tras fracasar la Asamblea Legislativa. Luego presentó su renuncia, pero se arrepintió y la retiró". Su "derrotero" "no augura cambios en su proceder. El perjuicio ya lo ha causado", tanto "al servicio de justicia" como a la "sociedad". "Ha perdido credibilidad y confianza en la gente" por lo que corresponde que la Legislatura adopte "las medidas necesarias y constitucionales" para que el Ministerio Público "cumpla su natural función en defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad", plantearon fiscales y defensores.