Ante la Justicia, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, reconoció que el protocolo que exigía denunciar penalmente las tomas de colegios secundarios fue enviado desde una casilla de correo electrónico oficial de su ministerio, pero aseguró que no fue hecho por orden suya y sugirió que podría haberse tratado de un boicot. El planteo fue realizado ante la jueza porteña Elena Liberatori, durante la audiencia que convocó tras hacer lugar al amparo pedido por los asesores titulares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno y frenar la aplicación del protocolo que instaba a radicar las denuncias. Horas antes de que miles de chicas y chicos marcharan para recordar La Noche de los Lápices y renovar sus reclamos por la educación secundaria porteña, Liberatori ordenó a la ministra que en 48 horas hábiles informe oficialmente a los directivos de las escuelas que no pueden aplicar ningún protocolo; al mismo tiempo, debe comunicar la nulidad del instructivo a las fiscalías en las que se tramitan causas abiertas por su aplicación. La magistrada también instó a Acuña a abrir un sumario interno para investigar cómo fue realizada la comunicación del protocolo y a poner fecha para realizar una reunión con los estudiantes que realizan las tomas, a quienes la ministra no aceptó recibir el miércoles pasado.

Liberatori, además, ordenó a Acuña que, pasadas las 48 horas hábiles, presente la documentación que acredite todos los pasos dados para cumplir la disposición judicial. La funcionaria debió comprometerse a comunicar la nulidad del instructivo a las fiscalías en las que se tramitan las causas abiertas por su aplicación.

La directora general de Coordinación Legal e Institucional del ministerio de Educación, Paula Daniela Colombo, había sido la única voz oficial en negar la validez del instructivo, pero Liberatori advirtió en su fallo que Colombo carecía de “competencia legal para representar a la ministra” y que la respuesta formal debería haber sido brindada por Acuña, quien recién ayer respondió.

El correo que llegó a los directivos de las escuelas porteñas salió de la casilla [email protected], con la firma del Coordinador de Supervisores, Gabriel Cruz. Acuña lo reconoció como oficial, pero sostuvo que no fue enviado bajo órdenes suyas, aunque no hizo nada (hasta ahora) para evitar su aplicación.

Mientras duró el silencio de la ministra, los directivos de los secundarios Julio Cortázar, Manuel Belgrano, Mariano Acosta, Liceo 9 y Antonio Devoto cumplieron con el instructivo “emanado por el Gobierno de la Ciudad”, por lo que hay denuncias policiales y causas penales.

En la audiencia, la jueza también pidió que Acuña establezca fecha y hora para recibir a los representantes de los centros de estudiantes que encabezan las tomas para recibir las críticas que los jóvenes hacen a la reforma educativa. El miércoles, los representantes de escuelas secundarias fueron citados por Leonardo Quinteros, un asesor de la ministra, pero personal de seguridad del ministerio les impidió el ingreso a los alumnos de escuelas tomadas y sólo fueron recibidos los delegados de los colegios que no se plegaron a la toma.

Los alumnos se quejan de la informalidad de las autoridades ministeriales. “Ayer a la noche (por el miércoles), Leonardo Quinteros le mandó un WhatsApp a un solo chico para que nos avise de una reunión que se hizo hoy (ayer) a las 8.30. Con tan poco tiempo, sólo pudimos ir unos pocos. Entonces les pedimos después a las asesoras tutelares que por favor se nos avise con tiempo y a todos, no a uno solo. Lo que pasa es que quieren dividirnos entre los que tomamos y los que no”, detalló a este diario Mateo, de la escuela Julio Cortázar. El estudiante insistió con los principales reclamos: “Queremos, sobre todo, información clara y adecuada de en qué consiste la reforma y que prorroguen la aplicación hasta que podamos discutir temas como las pasantías, la repitencia”.

Mabel López Oliva, de la Asesoría Tutelar, dijo que esperaba “que en la reunión el ministerio informara que había obedecido la orden de suspender la aplicación del protocolo y lo había informado a los directivos de las escuelas. Pero no pasó eso. Se comprometieron recién en la audiencia a hacer lo que tendrían que haber hecho de entrada: comunicar a las fiscalías donde tramitan las causas penales que el protocolo es nulo y hacer un sumario interno para investigar cómo salió el correo. Si realmente no lo mandaron ellos de manera oficial, apenas se dio a conocer debieron ocuparse en serio de declararlo nulo y asegurarse de que nadie lo estaba aplicando. Pero recién se comprometieron en la reunión con la jueza”.

El defensor del pueblo porteño, Alejandro Amor, propuso su actuación como mediador y recordó que, en 2012, en ocasión de un conflicto similar había mediado con éxito entre el entonces ministro Esteban Bullrich y los estudiantes.

Por su parte, Gustavo Moreno, asesor tutelar en segunda instancia, lamentó que el Ministerio de Educación “no quiso acordar con las asesoras tutelares Irene Marcó y Mabel López Oliva”. “La ministra Soledad Acuña se limitó a consentir la cautelar que suspendió el instructivo, abrir una investigación interna, comunicar la cautelar a las escuelas y a los fiscales. Se negó a abrir una mesa de trabajo destinada a tratar un protocolo adecuado para los conflictos estudiantiles y analizar y debatir la reforma educativa secundaria. Eso, lamentablemente no favorecerá el levantamiento de las tomas”, evaluó.

Moreno también observó que “hay un endurecimiento de la posición del ministerio”. “Previendo esto, el lunes 12 desde la Asesoría le mandamos un oficio pidiendo precisiones sobre la reforma, que es el tema de fondo en realidad. Pero el proyecto ‘Secundaria del futuro’ no tiene expediente administrativo, no tiene dictamen académico. Queremos que se blanquee el proyecto y que la discusión sirva para descomprimir las tomas”, añadió.