En el medio de una fuerte cobertura mediática, como parte de la ofensiva judicial-electoral de Comodoro Py, ayer comenzó el juicio por el caso Ciccone, con el ex vicepresidente Amado Boudou como principal imputado. La primera audiencia siempre resulta tediosa porque se lee la acusación, pero en este caso hubo dos hechos que se salieron de la rutina. Por un lado, Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou, apartó del caso a su abogada Liliana Cobas. Los grandes medios especularon con que el empresario concretó esa movida para demorar el avance del juicio, algo que estaba claro que igual no se iba a lograr. Cerca de Vandenbroele, en cambio, señalaron que está molesto con las versiones de que pidió dinero a cambio de convertirse en arrepentido. Con el gesto, Vandenbroele habría querido dejar en claro que él no pidió nada ni ofreció nada. El otro hecho fuera de programa es que el abogado de Boudou, Eduardo Durañona, pidió la nulidad del juicio porque hay otras dos causas que todavía se están tramitando y que deberían ser parte del mismo proceso. Los jueces resolvieron abrir un cuarto intermedio hasta el martes que viene, cuando seguramente rechazarán la petición de nulidad.
El caso Ciccone está referido a una de las imprentas más sofisticadas del país, encargada de imprimir billetes, títulos universitarios, cédulas del automotor y otros documentos. La empresa de los hermanos Ciccone estaba quebrada y el juez de la causa comercial le dio el manejo a una firma competidora, Boldt, compañía con fuerte presencia en los casinos de la Provincia de Buenos Aires. En el ambiente político se decía que Boldt tenía, además, relación con el ex presidente Eduardo Duhalde. La jugada del gobierno de Néstor Kirchner, con Boudou como ministro, fue evitar la concentración, es decir que las dos imprentas más sofisticadas del país estén en las mismas manos, además relacionadas con el juego. La cuestión central es que, según la acusación, Boudou negoció para quedarse con Ciccone: le habría pedido el 70 por ciento de las acciones a la familia dueña originaria a cambio de salvar la empresa de la quiebra. Boudou niega categóricamente que él o sus amigos tengan algo que ver con la propiedad de la imprenta ni con la empresa fantasma The Old Fund, que se quedó con Ciccone. Ni tampoco con las offshore accionistas o financistas de The Old Fund. El ex ministro de Economía afirma que todo el dinero provino del empresario Raúl Moneta, con la asistencia financiera de Jorge Brito. Los delitos que se le imputan a Boudou son negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, es decir coimas. Esto último supone que con el 70 por ciento de las acciones le habrían pagado una coima para salvar la compañía. En el banquillo de los acusados también esta Nicolás Ciccone, justamente quien habría pagado la coima del 70 por ciento de las acciones.
En la jornada de ayer, el interés estaba puesto en el aspecto electoral: sacarle fotos al ex ministro y ex vicepresidente sentado del lado de los imputados. Todo transcurrió de manera rutinaria. Los grandes medios buscaron una foto donde aparezcan Boudou y Vandenbroele, el ex ministro con su supuesto testaferro, según declaró quien dio el puntapié inicial de este caso: la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz. La instantánea no se pudo tomar porque el empresario quedó sentado detrás del ex funcionario. En realidad, nunca se pudo probar ningún vínculo entre los dos: no hay una foto ni una llamada ni siquiera un testigo que diga que los vio juntos. Se trataría de un testaferro extraño, aunque ambos tienen un amigo en común, José María Núñez Carmona, también imputado.
La movida que le puso un poco de condimento a la jornada fue el desplazamiento de la abogada de Vandenbroele, Liliana Cobas, reemplazada por una defensora oficial, Paola Vigliani. Los grandes medios tomaron el cambio como un intento de postergar el juicio, algo que obviamente no iba a ocurrir porque el tribunal ya demostró varias veces que no acepta ninguna postergación. En cambio, cerca de Vandenbroele se afirma que al empresario le cayeron muy mal las versiones de que estuvo negociando presentarse como arrepentido a cambio de dinero. Incluso se mencionó una cifra, un millón de dólares. Esto habría motivado el cambio de abogado, provisorio por ahora, ya que seguramente Vandenbroele designará nuevo representante. Las versiones sobre arrepentidos rodean casi todos los casos. En el listado de posibles arrepentidos figuraron desde Vandenbroele hasta Lázaro Báez, sus hijos, el propio José López y otras personas cercanas al gobierno kirchnerista.
El otro aspecto que se salió del molde ayer fue el pedido de nulidad formulado por Durañona, el abogado de Boudou. El argumento del letrado es que la empresa fantasma The Old Fund actuó antes en una reformulación de la deuda de la provincia de Formosa. Durañona sostiene que, como esa parte del caso no integra el juicio, se sustrae un aspecto importantísimo que está detrás del expediente Ciccone. También la defensa de Boudou cuestiona que se tramita aparte la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex ministro y ex vicepresidente. El análisis de los bienes de Boudou –sostiene la defensa– tiene que ver también con una evolución que podría estar relacionada con lo ocurrido en Ciccone y hasta con la supuesta financiación de la imprenta.
Ante el planteo, los magistrados Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela Núñez Iñiguez dictaron un cuarto intermedio hasta el próximo martes. Todo indica que los jueces rechazarán la nulidad entre otras cosas porque ya lo hicieron antes. De manera que el juicio seguirá de ahí en adelante. Boudou ya adelantó que hará uso de su derecho a declarar y lo va a hacer más de una vez. El ex vicepresidente afirma que se va a extender, sobre todo después de las elecciones, ya que considera que el juicio es esencialmente parte de un show electoral.
