Los economistas ortodoxos son los escribas y traductores de las necesidades argumentales del capital monopolista en su búsqueda del control de la economía. Sus explicaciones contra las regulaciones e instituciones económicas y democráticas del Estado sólo se orientan a facilitar la obtención de mayores ganancias de los capitalistas en desmedro de los trabajadores. Milei es solo el paradigma de esta tragedia científica y ética para la profesión.

En 2003, Robert Lucas, Premio Nobel de Economía y en ese momento presidente de la todopoderosa Asociación de Economistas Norteamericanos, considerado como el pontífice máximo de la ortodoxia económica, explicó en la conferencia anual de la entidad que "el problema crucial de prevención de las crisis ha sido resuelto".

Apenas cinco años después, el aserto fue desmentido por la Gran Recesión del 2008. La ortodoxia se había equivocado una vez más. Pero no es lo principal: Lucas se había enredado en su propia soberbia contradictoria. Si las crisis económicas habían podido ser eludidas y neutralizadas durante casi un siglo era porque existían instituciones que jugaban un rol de regulación de la acción económica de lo que Keynes llamó los "espíritus animales" de los capitalistas.

Lucas había postulado la inanidad de las políticas económicas con su teoría de las "anticipaciones racionales" explicando que si un gobierno realizaba un política de expansión del gasto público, los agentes económicos “racionalmente” no iban a gastar lo que recibirían porque lo iban a ahorrar para poder pagar el incremento de los impuestos que serían necesarios para saldar la deuda pública que había financiado el incremento del gasto.

La elegancia del razonamiento lógico tenía manifiestamente poco que ver con la realidad, es decir, con el "laissez faire" de la Reserva Federal y la infinita imaginación de los banqueros y especuladores para inventar nuevas formas para ganar rápidamente dinero aprovechando los intersticios de la legislación llevaron a la Gran Recesión. Lucas, que había batallado contra las regulaciones institucionales, había ayudado a llevar la economía al borde del precipicio pero no lo había comprendido. Murió en mayo pasado en la indiferencia general.

La regulación

Las regulaciones económicas vía las instituciones del Estado existen desde siempre, porque en la economía los agentes económicos no actúan de manera racional como el "homo economicus" y no rige la competencia perfecta que describen los manuales. Reinan en la realidad económica formas de mercado espurias creadas por la actividad económica en su búsqueda de maximizar los beneficios a corto plazo.

Durante la crisis del ’30, el equipo económico de Roosevelt pensaba, con una lógica implacable, que los responsables de la crisis eran aquellos que tomaban las decisiones económicas, a saber, los banqueros y los empresarios. Los responsables no podían ser los trabajadores y consumidores que no tenían ninguna forma de influir en los eventos económicos. Las reformas estructurales que encuadraban las conductas equívocas o aberrantes de los directivos tanto en los EE.UU. como en Europa fueron una solución poco ortodoxa pero eficaz. Puesto que el mercado no era eficaz para corregir la acción descontrolada de los agentes económicos se necesitaba crear instituciones y leyes que regularan el funcionamiento de la economía.

Perón, consciente de que el capitalismo argentino estaba subordinado a las potencias hegemónicas, veía a la acción del Estado como un vector para afianzar la independencia económica y obrar en aras de la justicia social. Los sectores dominantes sólo perciben al Estado como un instrumento centrado en garantizar sus beneficios y poco activo, de tal suerte que puedan desarrollar sus actividades, algunas fraudulentas, sin ser molestadas con impuestos y regulaciones que puedan limitar sus ganancias pero también provocar crisis.

Neoliberalismo

En el periodo 1976-2002, uno de los principales objetivos fue la disminución de los impuestos pagados por las empresas y el incremento de sus beneficios, la restricción de los derechos de los trabajadores y la desregulación del sistema cambiario. Para ello, se procedió al desmembramiento y reducción del rol del Estado generado durante los gobiernos peronistas.

Las políticas económicas buscaron trabar el rol del Estado y reducir las regulaciones que molestaban a los sectores dominantes, lo cual tuvo un rol destructor de la economía, materializado en la crisis del 2001. Las instituciones estatales reguladoras fueron suprimidas o vaciadas de su rol y contenido, a lo cual se agregaron la venta de las empresas.

Las privatizaciones de empresas como YPF, Somisa, Aerolíneas, Aguas Argentinas y otras, junto al sistema de jubilaciones con las AFJP, son algunos ejemplos. Algunas empresas y entidades han podido ser recuperadas por el Estado y juegan un rol significativo, otras no pudieron recobrarse y siguen obstruyendo la acción del Estado e impiden el desarrollo económico nacional.

Hoy por hoy, si no existiera el “barril criollo” e YPF no hubiera sido renacionalizada, la nafta costaría 2 dólares en lugar de 65 centavos de dólar y la diferencia la percibirían los accionistas de Repsol. Lo mismo ocurre con las jubilaciones, ya que evidentemente lo que ganarían los accionistas de esas compañías sería en desmedro de lo obtenido por los jubilados. Perón explicaba esto con suma claridad: "La economía nunca es libre. O la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de éste".

Desprotección

El "achicamiento del Estado para agrandar la Nación" según el dicho del ministro de economía de la dictadura cívico militar genocida, fue sistemático. El objetivo de los gobiernos en ese periodo y los que siguieron hasta el 2002 era acabar con la justicia social y la independencia económica. En esta línea también se inscribe la eliminación de la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes. Hoy, el comercio internacional de granos lo controla un oligopsonio de empresas extranjeras con puertos francos en las orillas del Paraná.

También se dejó de proteger a los consumidores, que quedaron a la merced de los oligopolios en lo que hace al incremento de los precios, calidad y abastecimiento de los productos de primera necesidad. Se redujeron la cantidad de inspectores y verificadores fiscales, con lo que se disminuyó la capacidad de combatir la evasión fiscal y se fomentó de hecho un déficit presupuestario endémico.

A esto hay que agregar la supresión de las barreras arancelarias a la importación de bienes de consumo para destruir la industria nacional, el abandono de las políticas de Estado orientadas hacia la creación, protección y planificación de los sectores de punta en la industria y el sector energético, de una política de tarifas de los servicios privatizados o de su acceso como en el caso de Internet.

La teoría de la política económica, y en particular el teorema de Mundell-Fleming, explica que los gobiernos pueden accionar tres variables para llevar adelante su política económica: la tasa de interés, el gasto y la recaudación impositiva y la tasa de cambio. Esto en una situación donde la competencia permite orientar la economía en su conjunto. Pero dado que la libre competencia no existe, todos los gobiernos han establecido instituciones y leyes que regulan la economía. Combatir el desguace de las regulaciones económicas esenciales iniciadas en 2003 debe ser una tarea prioritaria de la oposición al nuevo gobierno.

* Doctor en Ciencias Económicas de l’ Université de París. Autor de “La economía oligárquica de Macri”, Ediciones CICCUS Buenos Aires 2019. [email protected]