El martes 9, Ecuador vivió una jornada de altísima violencia con amotinamientos en cárceles, corridas en universidades públicas y hospitales, saqueos en comercios y hasta la toma de un canal de noticias que luego se transmitió con una banda de sonido apocalíptica, escenas que se viralizaron y todavía se pueden encontrar en las redes sociales o en cualquier buscador.

La crisis de seguridad que vive Ecuador es un hecho, la tasa de muertes violentas subió drásticamente en los últimos años hasta convertir al país en el más violento de la región.

Pero esto no ocurrió de un día para el otro. ¿Cuándo fue que el país de Montañita, al que tantos jóvenes querían irse a vivir por la tranquilidad de sus playas y su vida de pueblo, se convirtió en territorio en disputa de las bandas del narcotráfico?

El clima de violencia también se sintió en los barrios

Además de la la toma del canal de noticias y las corridas en universidades y hospitales, durante la jornada violenta del martes se produjeron ataques con explosivos, incendios de autos, motines en las cárceles con tomas de rehenes y se registraron al menos 11 muertos.

La violencia llegó también a los barrios, en las afueras de las grandes ciudades. Consuelo, una señora que vive con su hijo y su marido en Imbabura, una provincia del norte de Ecuador, cuenta que para resguardarse decidieron no salir de su domicilio por unos días. “Siguen explotando bombas en puentes, en cajeros, en lugares estratégicos. Todavía se siente un nerviosismo en las calles. Hay amotinamientos y policías retenidos. Se suspendieron las clases”, dice sobre los días que siguieron al ataque.

El panorama de violencia, que hasta hace un tiempo parecía lejano, o reducido al alcance carcelario, desde el martes parece ser parte de la vida cotidiana. Consuelo tiene un comercio, donde vende ropa y otros artículos, y cuenta también que la venta bajó mucho en los últimos meses, que la gente tiene miedo y que ya no compra o sale como antes. Agrega que por el clima de violencia muchos comenzaron a emigrar nuevamente, fenómeno que se había detenido. “No hay dinero y falta el empleo entonces la gente está emigrando nuevamente del país”, dice.

Consuelo no duda al opinar que no cree que la solución llegue por la vía de la mano dura o la militarización como propone el Gobierno. “Van a coger y caer personas inocentes, que no tienen nada que ver en el asunto”, opina.

De acuerdo al reporte de la Policía de Ecuador, 2023 se convirtió en el año más violento de la historia. Con 7.592 muertes violentas, la tasa de homicidios trepó a más de 40 muertos cada 100.000 habitantes. Lo que significa que hubo una muerte cada 69 minutos a causa de la violencia criminal.

Ecuador está en guerra

Así lo dijo el presidente Daniel Noboa. Luego de la demostración de violencia del martes -y de haber basado su campaña presidencial en un discurso de mano dura- el presidente firmó el Decreto 111 con el que declara que Ecuador se encuentra en “conflicto armado interno”.

Con esto Noboa declaró lisa y llanamente que el combate del narcotráfico se llevará adelante en el marco de una guerra interna. El mismo decreto define a las bandas que operan en Ecuador como “terroristas” y las convierte en objetivos militares a ser “neutralizados”. "Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas", dijo Noboa en su primera intervención pública tras los ataques.

Pero este tono beligerante no llegó únicamente por parte del Gobierno, también lo hizo la oposición. En un mensaje difundido por las redes sociales, el expresidente Rafael Correa expresó todo su apoyo al mandatario. “Hoy es momento de unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa tenga todo nuestro total e irrestricto respaldo. Por favor no ceda. Nuestras discrepancias políticas las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá”, dijo.

Pero… ¿con quién está en guerra el Estado?

En el Ecuador de las masacres carcelarias, donde las bandas y facciones se rearman y crean sus ejércitos, el aumento de pobreza y la desinversión en políticas sociales la criminalidad encontró un contexto perfecto para expandirse. “Creció la pobreza y la pobreza extrema, y ese es un caldo de cultivo para el crimen organizado que recluta a jóvenes sin futuro para asesinar”, exlplicá Jorge Vicente Paladines, especialista en seguridad y autor de “Matar y dejar matar: las masacres carcelarias y la (des)estructuración social del Ecuador”.

“De manera deliberada y planificada, los últimos dos gobiernos decidieron desmontar un Estado que apostaba por la inversión pública, que invertía en carreteras, educación y salud, y que no lo consideraban un gasto público como lo llama el neoliberalismo”, señala también Paladines.

Un plan de seguridad del que todavía no se sabe mucho

El ataque del martes pasado ocurrió justo luego de que el presidente anunciara que ya estaba en marcha el “Plan Fénix”, con el objetivo de recuperar el control de las cárceles. Del plan formaba parte el traslado de presos, para separar e incomunicar a los líderes de las bandas.

Justo después de este anuncio se conoció la fuga de Adolfo Macías, alias "Fito", de la cárcel del Litoral, en Guayaquil. Desde allí comandaba una de las principales bandas criminales del país, "Los Choneros". Tenía una pena de 34 años de prisión –por condenas por crimen organizado, narcotráfico y asesinato– e iba a ser trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad. Todavía es buscado por la policía.

Lo que sí se sabe es que el Estado de excepción vigente hasta marzo incluye un toque de queda de seis horas, entre las once de la noche y las cinco de la mañana, periodo en el que las fuerzas patrullan la calles.

También que a partir del nuevo decreto, el que reconoció un “conflicto armado interno”, las Fuerzas Armadas y la Policía podrán utilizar todos sus recursos, incluídas armas letales, para “neutralizar” a las "organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes".

En los últimos días, el Gobierno anunció que construirá dos cárceles de máxima seguridad en las provincias de Pastaza, en la Amazonía, y Santa Elena. Estas prisiones contarán con inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral y autogeneración eléctrica.

Las cárceles tendrán capacidad para 736 presos en tres módulos: uno de alta seguridad, uno de máxima seguridad y uno de súper máxima seguridad.

Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) criticaron el proyecto ubicado en territorio indígena. "Ante la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país, nuestros territorios no pueden seguir siendo zonas de sacrificio donde se instalen proyectos que no corrigen el problema de raíz", señalaron.

“Vemos con mucha preocupación las últimas declaraciones y decretos emitidos por el presidente”, dice Apawki Castro, dirigente indígena de la región Cotopaxi e integrante de la Confederación Nacional de Indígenas (Conaie). “Es cierto que todos los sectores políticos y organizaciones han brindado su respaldo pero vemos que no existe un plan definido detrás de estas declaratorias. ¿Cómo se va llevar el conflicto? No hay claridad, es una muestra de la falta de liderazgo y falta de conducción”, opina el dirigente indígena.

Desde el movimiento indígena, cuenta Apawki, ordenaron fortalecer las guardias comunitarias en los territorios indígenas, donde podría extenderse el accionar de las bandas.

Los que siempre pierden

A Noboa ya lo tildaron de querer imitar el modelo impuesto por Nayib Bukele en El Salvador. Allí el estado de excepción, con la suspensión de garantías individuales, se convirtió en la norma; y si bien el Estado logró cierto control sobre el accionar de las pandillas lo hizo a costa de llevarse puesto el Estado de Derecho.

Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos (Cenae), dice ser escéptico, no cree que la opción militar sea el camino. “La violencia es un hecho, es innegable. Ecuador se convirtió en uno de los cinco países más violentos del mundo. El nivel de inseguridad es real. El crímen organizado ya ha corrompido el sistema de justicia”, opina.

“Pero no creo que haya ningún cambio. Ya llevamos decretados 40 estado de excepción y no ha pasado nada. La policía sigue corrompiéndose cada día más. Los sectores más pobres van a seguir siendo los más afectados por la criminalidad”, cierra.