La justicia finalmente liberó este domingo al último de los detenidos tras la represión desatada por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso. Como parte de la cacería que realizaron efectivos de Gendarmería y la Federal el viernes pasado mientras se aprobaba en general el proyecto de Ley Ómnibus, cayó preso un joven en situación de calle y con padecimientos en salud mental que no pertenecía a ninguna de las agrupaciones que marcharon ese día. A Maximiliano Sosa se lo habían llevado a la alcaldía número 8 de Villa Lugano junto a otras 13 personas durante la razzia policial, pero lo mantuvieron retenido por 24 horas más que al resto. No fue hasta la presentación de un habeas corpus a cargo del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), con la participación de abogados ligados vinculados a organizaciones sociales, que Maximiliano logró su libertad.
Durante las casi 48 horas que estuvo preso bajo la acusación de “atentado y resistencia a la autoridad”, Maximiliano estuvo incomunicado, por lo que las organizaciones comenzaron a preocuparse por su estado de salud. “Nos dijeron que como no tenía domicilio no lo iban a dejar salir. Tampoco nos dejaron conocer sus condiciones de detención. Hasta que presentamos un habeas corpus con Serpaj y logramos, finalmente, que lo dejen en libertad”, relató a Página/12 la jurista Laura Clérico, quien intervino en la causa junto a las abogadas Sol López y Evelin Barrios. “Claramente lo criminalizaron por ser pobre y por su padecimiento de salud mental”, agregó.
Las organizaciones también lograron que Maximiliano pueda recibir atención, una vez en libertad, de la organización Proyecto 7, a cargo del centro de integración Monteagudo. Finalmente pudo encontrarse con una familiar que lo contactó y le brindó un techo. “Estaba asustado porque estuvo detenido más horas que el resto, lo que se sumó a su estado de salud en general. No quería que lo lleven al Borda, y por suerte lo recibió su familia”, contaron desde la organización a este diario. “Si no nos organizábamos en la puerta de la alcaldía, donde se montó una guardia permanente, quién sabe cuándo lo hubieran liberado o qué habrían hecho con él”, afirmó Clérico.
Ese tipo de detenciones al voleo, sumadas a las razzias nocturnas y los disparos de balas de goma --de las que también fueron blanco más de 30 periodistas-- durante las jornadas represivas, le valieron al Gobierno una denuncia de un grupo de organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "El operativo policial desplegado frente al Congreso, mientras este sesionaba, fue violento y desmesurado, por fuera de la normativa vigente de actuación ante manifestaciones", denunciaron el CELS y ANDHES, entre otros.
Pero para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no hay mucho que revisar. "Yo sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien", dijo este domingo. Bullrich hasta justificó la represión que sufrieron los diputados nacionales que bajaron del recinto a frenar el circo de violencia. “Los (Myriam) Bregman, todos los que nos han salido a agitar, como los (Eduardo) Belliboni. Belliboni, que cada dos por tres se tira al piso, dice que lo tocaron. Si te metés en el medio de las fuerzas, que están con sus protecciones, puede pasar que te peguen en el mentón o puede que te hayas golpeado dos cuadras antes y hayas ido a la plaza a propósito”, provocó. “No tiene que haber un muerto. Con el tema de ‘si hay un muerto’ lo único que lográs es nunca hacer nada y el país del ‘no me muevo’. No tengo miedo de actuar”, arriesgó.
Razzias nocturnas
Maximiliano fue uno de los 14 detenidos del viernes durante la represión encargada por Bullrich sobre los manifestantes que se movilizaron en rechazo al proyecto de Ley Ómnibus. Entrada la noche las fuerzas se llevaron a otras seis personas más, en las clásicas razzias por las calles adyacentes luego de cada marcha, pero no se convalidaron las detenciones y los soltaron sin traslado.
Ese último grupo de detenidos fue interceptado por efectivos de la Federal bien entrada la noche del viernes. "Están cazando manifestantes en Congreso", denunció la secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, varias horas después de la marcha, junto a una foto tomada con un celular donde se ve a los militantes esposados en el suelo del hall de un edificio. Según algunos testimonios, las luces de la Plaza fueron apagadas después de las diez de la noche para facilitar la tarea de captura de militantes sueltos.
Lo mismo sucedió el miércoles, el primer día de manifestaciones, con cuatro militantes radicales que estaban sentadas en la vereda, cantando el himno. "Nos subieron a un camioneta y nos pasearon toda la noche", había contado a este diario Ivanna Bunge, una de las detenidas.
A la par de las razzias, la represión contó con otras dos "novedades" en materia de violencia de institucional: el gas pimienta que los efectivos tiraron directamente a la cara de los manifestantes --entre ellos al diputado nacional Alejandro Vilca-- y el uso del Grupo Operativo Motorizado (GOM) de la PFA como fuerza de choque. El GOM disparó balas de goma en algunos casos por encima de la cintura de los militantes. A Matías Aufieri, abogado del CeProDH, uno de los impactos le causó una herida muy grave en el ojo.
Otro de los puntos que llamó la atención fue el acta a través del cual una de las fiscalías ordenó la liberación de algunos los detenidos del viernes: les pretendió imponer una suerte de perimetral a 1000 metros del Congreso para que no vuelvan a manifestarse.
La represión no discriminó tampoco a los periodistas y fotógrafos que cubrieron las manifestaciones: más de 30 recibieron algún tipo de agresión policial (en su mayoría por las balas de goma que dispararon los efectivos). "Me increparon tres policías armados agarrándome del cuello y llevándome a la calle Perón, donde me revisaron la mochila y me pidieron documentos, aislándome durante tres horas sin poder avisarle a nadie donde estaba y tapada y ocultada por el cordón policial junto a otros tres pibes detenidos”, relató una de ellas a este diario.
