Después de pasar 53 días presos por un tuit y un posteo de Facebook respectivamente, Nahuel Morandini y Roque Villegas fueron liberados por decisión del juez Salvador Ortiz. Habían sido denunciados por Tulia Snopek, la esposa de Gerardo Morales, quien se dio por ofendida a partir de publicaciones en broma que sugerían que le habría sido infiel al exgobernador, un rumor extendido en la provincia a fines diciembre. El gobierno jujeño se subió a la causa como querellante a través del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género y se sumó la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ambos organismos insistieron en pedir que los hombres, que no se conocían con anterioridad, quedaran encarcelados. El fiscal Walter Rondón los acusa de provocarle lesiones psicológicas a Snopek y afectar la identidad de una menor, la hija de dos años de la pareja. Todavía está en pie el pedido de captura a Lucía González, una amiga de Morandini, por haber hablado en una conversación privada con amigos en un grupo de WhatsApp del chisme de la supuesta infidelidad que había escuchado en el barrio.
Morandini tiene 45 años, es ingeniero ambiental y profesor de la Universidad de Salta. Tiene dos hijas. Villegas tiene 42 años, cuatro hijos y un emprendimiento de serigrafía. Recibieron la noticia de que recuperarían la libertad el lunes por la mañana, pero recién salieron del penal de Gorriti a las ocho de la noche. Sus familias esperaron ahí todo el día. A los pequeños hijos de Roque se los vio sentados en la vereda con un cartel con las caras de ambos que pedía "libertad inmediata". Cuando al fin salieron hablaron con un megáfono, rodeados de aplausos, ante un nutrido grupo que los esperaba. "No hay democracia en Jujuy, hay dedocracia, hay alguien que mueve los hilos", dijo Villegas. "Ojalá que esto se termine, porque aún no terminó", advirtió. Morandini agradeció el acompañamiento, dijo que saben que "esto le puede pasar a cualquiera" y advirtió que en Jujuy "se persigue a ciudadanos con connivencia del poder judicial". "Que alguien nos diga que no vale la pena luchar, salir a la calle, levantar la bandera, nuestra voz. Solo saliendo a la calle vamos a frenar estos atropellos a los que nos tienen acostumbrados en la provincia desde hace ocho años", agregó.
El juez Ortiz les había concedido la libertad tras una audiencia de dos horas y media que se hizo por la mañana por Zoom, y de la que ambos participaron. Eran más de una decena de personas entre la querella de Snopek, los varios abogados del Poder Ejecutivo jujeño y las defensas. Lo más sorprendente fue que el propio fiscal Rondón, que había pedido las detenciones, propuso dejar sin efecto las prisiones preventivas porque, sostuvo, ya no había "peligros procesales" al no haber más pruebas para producir. El argumento original para dejarlos detenidos era evitar que se expresaran en las redes sociales y proteger a la hija de Snopek-Morales. El lunes intentó imponer sin suerte como regla de conducta que no hablen de la causa ni hagan posteos.
El sello judicial de Morales
Después de la denuncia de Snopek, el fiscal impulsó la detención de Morandini por un posteo en la red "X" (exTwitter) que decía, en ostensible tono de chiste desde su cuenta llamada "Morondanga": “Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los Tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los Tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del exgobernador. Imposible aburrirse en kukuy”. Según Rondón, ese texto publicado el 26 de diciembre fue "una semilla del virus en la red" que hizo que se viralizaran "de forma indiscriminada" publicaciones sobre Morales, la esposa y la hija. A su entender había comentarios injuriosos y alusiones a la niña cuya "paternidad" se ponía en duda. Villegas compartió desde el 31 de diciembre publicaciones alusivas a la supuesta infidelidad que la definían como "el culebrón jujeño del año".
La historia no termina con la excarcelación, ya que Snopek y los organismos de gobierno que la respaldan piden que haya juicio oral. Por los delitos que imputó el fiscal Rondón —lesiones psicológicas y la alteración de la identidad de un menor— los hombres podrían tener penas de hasta ocho años de prisión. La defensa de Nahuel, que llevan adelante los abogados Marcos Aldazabal y Elizabeth Gómez Alcorta, pidió que se ponga fin a la causa por inexistencia de delito, ya que "la conducta de Morandini se enmarca sin duda alguna en el ejercicio de la libertad de expresión. Y menos aún puede ser considerada un ilícito penal". Hacen notar que su tuit ni siquiera menciona a Morales y a su esposa ni hace referencia alguna a la hija. Es "descabellado", plantean, suponer que Morandini debía prever que alguna publicación posterior de otros hablaría de la niña. En el caso de Roque, tampoco la mencionó. Más allá de eso, dice la defensa, "resulta imposible suprimir la identidad o el estado civil de una persona mediante una publicación en redes sociales". Ese delito, recuerdan, es el que se consumó con la apropiación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura.
Argumentos que agregan: el posteo de Morandini está escrito en un tiempo verbal potencial, lo que por sí mismo "protege la difusión de información de restricciones", en especial cuando son "personas públicas las aludidas". Cuanto mayor conocimiento público de esas personas, menor protección. Esa es la doctrina de la real malicia, que se aplica a la difusión de información. Pero las expresiones en tono "satírico o jocoso" están todavía mas protegidas, señalan. Nahuel ejerció "un derecho constitucional y cercenar ese derecho es sumamente grave".
El juez que deberá resolver el planteo es Gastón Mercau, el mismo que después de la detención de Milagro Sala en una protesta en enero de 2016 dio el puntapié para que quedara presa eternamente, cuando ordenó su prisión preventiva por asociación ilícita en otro caso. Ahí empezaron a brotar mágicamente viejas y nuevas causas contra la líder de la Tupac Amaru, que se fueron acumulando. Sala sigue con prisión dimiciliaria. Su caso fue paradigmático y lleva la impronta del Poder Judicial donde ejerce su ascendencia el exgobernador Morales.
Una mujer en peligro
El colmo que superó todo lo imaginable en el caso el pedido del fiscal Rondón para detener a Lucía González, una amiga de Nahuel. Tienen un grupo de WhatsApp con gente en común. Cuando en la investigación analizaron el celular de Morandini, apareció en ese grupo un mensaje de Lucía que contaba el "chisme" de la supuesta infidelidad. Lo había escuchado en un taller de cerámica. Era un rumor que se propagaba en las charlas cotidianas de los jujeños. Y era una conversación absolutamente privada.
Lucía es arquitecta y hasta ahora trabajaba como inspectora de obras en un organismo del gobierno provincial. No está claro por qué en el caso de ella abrieron una causa separada. En este expediente declaró su jefe. En una audiencia por zoom declaró que Morales lo había llamado por teléfono para preguntarle por Lucía y lo consultó específicamente sobre su contrato. Admitió que en tiempos de su gobernación era habitual que Morales llamara. Cuando estaba contando eso, se cortó la transmisión y, al parecer no quedó nada grabado. Lo citaron otra vez y en esta ocasión ofreció un relato un poco más lavado, aunque admitió el contacto en cuestión.
Según Rondón ella es responsable de propagar el rumor, y le adjudicaría que su audio apareció en algún posteo. "Es todo absurdo, me acusan por una conversación que tuve en privado, es una violación a mi intimidad. ¿De donde interpreta el fiscal que yo viralicé algo?", le dijo Lucía a Página/12. "Como no logro comprender nada empiezo a pensar que me persiguen por haber asesorado a organismos de derechos humanos en Jujuy. Lo hice en la reforma del Cabildo, al que le incorporaban el Comando Radioeléctrico, que fue un centro clandestino de detención, y sugerí un mural con los nombres de los desaparecidos. Como asesora del Colegio de Arquitectos colaboré para un concurso de ideas para una propuesta cultural para el penal de Gorriti, donde estaban detenidos Nahuel y Roque", piensa en voz alta y recuerda la persecución a quienes se oponían a la reforma constitucional de Morales el año pasado.
González y su abogado, Javier Vuistaz --a quien le negaron el acceso a la acusación y las pruebas-- se llevaron una sorpresa en la tarde del lunes. Había una audiencia para resolver su reclamo para que se dejara sin efecto la orden de detención. Lucía está fuera del país. Vuistaz relató a este diario: "Nos fue mal porque el fiscal pretendía que ella estuviera presente en Jujuy y rechazó nuestro pedido. Incluso dijo que pediría la captura internacional. Yo dije que está en Uruguay y le planteé que cómo iba a estar en Jujuy si en cuanto entrara por Migraciones la iban a detener. Además el Código Procesal de la provincia dice que no es necesario que esté presente en la audiencia. El fiscal dijo una barbaridad: que los controles fronterizos son malos y podía haber ingresado sin que la detengan y estar presente. O sea, pretendía que entre ilegalmente y se presente". La jueza Noelia Cruz le dio la razón a Rondón y dejó en firme el pedido de captura. Por ahora el letrado le recomendó a Lucía que no se presente "porque no hay garantías".
