El ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán, afirmó que las condiciones económicas actuales cambiaron significativamente, y complicaron la capacidad de la provincia para hacer frente al pago del capital e intereses de sus bonos internacionales. El lunes, el gobierno provincial informó al mercado que no pudo hacer frente a las obligaciones de deuda que debía afrontar por 26,2 millones de dólares que vencían originalmente el sábado pasado y en consecuencia pretende "iniciar consultas con los tenedores de los Bonos con el objetivo de llegar a un acuerdo amigable y consensuado con ellos en el menor tiempo posible".
"Las condiciones e ingresos de la provincia han cambiado notoriamente, por lo tanto, enfrenta desafíos económicos sin precedentes, como la contracción de la economía del país, la alta inflación, la devaluación y su efecto de ingresos en dólares a la provincia", sostuvo el funcionario en un comunicado de prensa.
Además, Bazán destacó que la provincia tiene fondos aprobados en el presupuesto del año anterior, incluidos en un artículo específico de la ley y tiene un crédito con la Nación que ya suma cinco meses.
"Si la provincia hubiese contado con los ingresos que le corresponden por ley y que están aprobados en el presupuesto de 2023 y 2024 podría haber pagado sus compromisos respecto de este vencimiento de capital e interés, de hecho así lo tenía previsto", aseguró.
Luego, Bazán aclaró que gran parte de esta deuda se destinó para inversión pública, incluyendo una empresa de energía eólica en proceso de construcción y producción y afirmó que la provincia está entre las tres que más empleo privado generó en términos proporcionales en los últimos cuatro años.
Tras esta situación, el gobierno provincial inicio acciones legales contra la Nación por una deuda de 302,8 millones de pesos, en un esfuerzo por garantizar su estabilidad económica. Este reclamo se formalizó la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia, junto a un pedido de Acción Declarativa de Certeza sobre la nulidad del DNU 70/2023 y una medida cautelar ante el no pago de los fondos fiduciarios.
