El Gobierno de Axel Kicillof envió este viernes una columna de 80 patrulleros y tres minibuses a Rosario con el objetivo de ayudar a la gestión de Santa Fe, a cargo de Maximiliano Pullaro, a “recuperar el control de la calle” en medio de una escalada de violencia de las organizaciones narcocriminales. En diálogo con AM750, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que el objetivo es “garantizar la seguridad ciudadana”.

El envío de refuerzos ocurre al mismo tiempo en el que se completó la llegada de los 450 efectivos enviados por el gobierno nacional a la ciudad y mientras el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, decidió que el nuevo sistema procesal penal se ponga en marcha en Rosario el lunes próximo.

Entrevistado por AM750, Alonso afirmó que el objetivo de la asistencia es “garantizar la seguridad ciudadana”, y resaltó que “hay que separar en algo que se naturaliza, el problema de las drogas y la inseguridad”.

Para Alonso, a la hora de abordar este problema, se debe tener en cuenta que “una cosa es la droga en términos de salud pública y el daño que eso genera” y otra cosa es “la alta rentabilidad que le da la ilegalidad” de su venta, que implica una ganancia de esta tres veces la inversión inicial.

“Eso les permite tener un poderío territorial muy importante. Y una vez se tiene este dominio territorial, ejercen la autoridad sobre los vecinos y construyen fidelidades con alguna asistencia social. Se empieza a generar un mercado ilegal donde ya no es solo la droga”, añadió sobre lo que ocurre en Rosario.

Por eso, consideró: “Tenemos que comprender esto como un tema complejo. Una cosa es el consumo, otra es la comercialización y otra es cuando una organización criminal empieza a manejar un montón de negocios. Nuestra realidad territorial es que no hay cárteles. Hay mucha fragmentación. Es toda una región”.

También, en parte, dijo, con este elemento tiene que ver la importante ayuda bonaerense: “Hay un epicentro en Rosario, que es la ruta por donde viene la cocaína, pero también afecta a Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Las organizaciones que desbaratamos en la Provincia, muchas de ellas, terminan en allanamientos en Rosario”.