El apoyo hacia el gobernador Maximiliano Pullaro en su cruzada contra el narcocrimen es amplio, variado y hasta inédito. Pero los actores políticos de la provincia y, sobre todo de Rosario, se preguntan cuándo les llegará la convocatoria porque entienden que el fenómeno de violencia que escaló en la ciudad merece una salida colectiva. La provincia y el municipio parecen por ahora satisfechos con el respaldo de la universidad, la iglesia, los empresarios y la Bolsa de Comercio de Rosario, entre otros. Pero no se los vé con esa misma disposición a la hora de extender acuerdos en la emergencia hacia otras fuerzas políticas que por ahora son meros espectadores.

“No creemos que esta situación la arregle un mesías, sabemos que acá hace falta una salida colectiva y también políticas no sólo represivas sino también sociales y estructurales”, dijo la concejala Fernanda Gigliani. Más allá de convocar o no a las otras fuerzas políticas y de su irrestricto apoyo a las decisiones de Pullaro en la materia, el intendente Pablo Javkin conserva una cuota de mesura y hasta de escepticismo respecto a los resultados que pueda arrojar este nuevo y coordinado embate contra el delito complejo. Sabe que si la Nación sigue con su política de cortar fondos como los que estaban destinados a la infraestructura barrial, será muy difícil abordar integralmente a los territorios más vulnerables sólo con recursos y programas provinciales y municipales. Se espera la autorización nacional para acceder a un préstamo del Banco Mundial para las urbanizaciones de barrio Tablada, Los Pumitas en Empalme Graneros que la va a hacer la provincia y la barriada de Sorrento y Cullen.

También los gremios piden pista para participar en la toma de decisiones. La Intersindical por la Paz que conformaron los gremios más representativos de Rosario, solicitaron claramente "ser parte de la etapa de diseño, planificación y evaluación, de lo contrario, esto no va a ser exitoso". Y agregaron que “nadie mejor que los trabajadores para acercar propuestas de cómo podrían realizar sus actividades de una manera más segura". Teniendo en cuenta que de los últimos cuatro asesinatos del narcocrimen las víctimas fueron todos trabajadores.

También apuntaron que para poder solucionar de raíz este problema, se necesitan medidas de largo alcance, que sean políticas sostenidas, tendientes a la igualdad de oportunidades, a que no haya hambre, a que todo el mundo tenga un trabajo bien remunerado, a que “un pibe no tenga que elegir entre estar en un bunker o en una fábrica porque le conviene más el bunker y por eso no le importa ni su propia vida”, como dijo el lucifuercista Alberto Botto.

Las fotos de la presentación en Rosario de los 80 patrulleros que envió el gobernador bonaerense Axel Kicillof, son elocuentes: Pullaro y el intendente Javkin están en primera fila saludando a los policías y en tercera o cuarta fila recién aparecen los diputados nacionales de Unión por la Patria, Eduardo Toniolli, Germán Martínez y Diego Giuliano. Como para certificar que se trata de una “gentileza peronista” en el marco de la emergencia en seguridad. Esa misma emergencia para Rosario que no votaron en Diputados la semana pasada porque no dieron quórum los legisladores santafesinos Nicolás Mayoraz, Romina Diez, Verónica Razzini, José Núñez, Luciano Laspina, Melina Giorgi, Germana Figueroa Casas, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Bongiovanni, Rocío Bonacci y Mario Barletta.

Se destacó también el bajo perfil de Kicillof en la decisión inédita de enviar parte de su policía a otro territorio provincial. Fue el primero de todos los gobernadores que firmaron el documento “Todos somos Rosario” en ponerse a disposición de Pullaro más allá del apoyo por escrito. Y el gobernador santafesino lo destacó al señalar que “es la primera vez en la historia que esto sucede y estamos muy agradecidos”. Un gesto que seguramente tendrá su impacto en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde Patricia Bullrich tiene un estilo muy diferente al que cultiva el gobernador bonaerense y por eso también en estos días la descubrieron montando la escena de la llegada de tropas federales con gendarmes y prefectos que ya estaban en el territorio y salieron un rato para volver a ingresar y tomarse una foto con la ministra en el peaje de General Lagos.

La tentación de la política a exagerar la dimensión de las decisiones que se toman y potenciarlas a través de las redes sociales deriva en exageraciones. En ese marco hay que entender la polémica y comentada foto de los presos santafesinos montados “a lo Bukele” en El Salvador. La decisión de cortar con los vínculos de los presos de alto perfil con los crímenes que se cometen en el territorio es real. Pero la comunicación superó ampliamente a la decisión política al punto que las versiones apuntan a un consultor de opinión pública que ya trabajó en Santa Fe, como autor de la idea de montar y distribuir esa fotografía. El costo fue demasiado alto. Un exministro de Seguridad de Santa Fe aseguró que ese mismo consultor de comunicación política le había sugerido producir una especie de programa tipo “Policías en acción” para mostrar la decisión, el coraje y el accionar de la policía provincial en la lucha contra el crimen. Por suerte, nunca se llegó a hacer.

A veces las decisiones políticas se toman en el marco de urgencias insospechadas. No es difícil ver que el ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona ordenó poner en marcha en tiempo record la reforma procesal penal en la justicia federal de Rosario para ayudar a la persecución del narcotráfico; después de que un periodista reveló que el ministro había sido abogado defensor de Miguel Angel “Mameluco” Villalba que llegó a lavar más de 20 millones de pesos diarios, producto de la venta de drogas en la zona del partido de San Martín en la provincia de Buenos Aires. Cúneo Libarona negó que haya actuado como abogado del narco lo cual no hubiese constituido ningún delito, pero sí un cuestionamiento moral ahora que está a la cabeza del Ministerio de Justicia.

El pase al sistema acusatorio de la justicia federal de Rosario debía comenzar hoy. Pero el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal consiguió una prórroga hasta el 6 de mayo para implementar semejante cambio copernicano. Se trata de una reforma que lleva diez años de discusión en el país.

Para el fiscal federal de Rosario, Federico Reinares Solari, lo que hace la reforma “es darle al Ministerio Público el rol que le otorgó la Constitución de 1994. Antes los fiscales eran simples opinadores que llevaban adelante todo y ahora pasarían a ser protagonistas de la acción penal para llevar adelante una política de persecución”. Es decir, lo que pasó con la justicia provincial desde el 2014.

Para este fiscal el sistema acusatorio tiene una eficacia mucho mayor en la gestión de los casos y fundamentalmente desde el punto de vista institucional. Hay más transparencia, porque hoy “la Justicia Federal es muy criticada y con razón”. Los juzgados federales regidos todavía por el Código Levene de 1991 actúan en el marco de una opacidad total y “no se sabe realmente cuáles son las razones por las cuales se toman algunas decisiones y otras no se toman. En cambio con el sistema acusatorio, al haber un sistema de audiencias públicas los jueces están obligados a fundar sus decisiones”.

Los fiscales de Rosario dicen estar listos para el cambio de sistema en la justicia federal, pero no dejan de observar que -si como pasó en la justicia provincial-, la reforma deriva en una multiplicación de acumulación de pruebas con cada caso; la escasez de jueces produciría un cuello de botella a la hora de tomar las decisiones. También advierten que en Santa Fe la tasa de encarcelamientos pasó de 135 detenidos cada cien mil habitantes a 263 con el sistema acusatorio. Y Santa Fe no tiene cárceles federales, sólo promesas de construcción de alguna.