Continuando con la política de desmantelamiento del Estado el gobierno de La Libertad Avanza arremetió contra el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo encargado de resguardar el derecho ciudadano a la comunicación, cerrando todas las oficinas regionales y despidiendo a parte del personal mientras en simultáneo, a través de un decreto, desregula el mercado de las telecomunicaciones y deja a la ciudadanía a merced de las empresas que operan en el sector.
El pasado 27 de marzo los interventores designados por la Jefatura de Gabinete (Presidencia de la Nación) anunciaron el cierre de 28 delegaciones de ENACOM en todo el país con el despido de la totalidad del personal que allí se desempeñaba, alrededor de 300 personas. En días posteriores aproximadamente 140 trabajadoras y trabajadores que cumplían funciones en la sede central del Ente en la Ciudad de Buenos Aires, no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo. El procedimiento fue el mismo utilizado en otras áreas del Estado: se bloquearon los accesos por la policía, se inhabilitaron los ingresos por credenciales y huellas digitales y desaparecieron del sistema informático los usuarios de los despedidos. Víctimas del atropello cayeron desde trabajadores en planta permanente y otros contratados. Entre estos últimos hay quienes llevan hasta veinte años cumpliendo funciones en ENACOM en las mismas condiciones. También se despidió a delegados sindicales cuya estabilidad está formalmente protegida por la ley.
Mientras tanto, el presidente Javier Milei, se ufana de los logros de su gobierno y, en su viaje a Estados Unidos, se vanagloria de sacarse fotos con Elon Musk, el multimillonario del mundo digital. Amparado en el DNU 70/24 cuya constitucionalidad está seriamente cuestionada, el ENACOM ya permitió el ingreso y la operación en Argentina de Starlink, la firma que encabeza Musk, quien aspira a beneficiarse con el litio del norte argentino, mineral esencial para desarrollar su industria de autos eléctricos y otros emprendimientos.
La decisión de cerrar las delegaciones del ENACOM “implica la disolución del carácter federal del organismo de aplicación y regulación de la comunicación en nuestro país, convirtiéndolo en un ente que solamente atenderá las demandas y reclamos de las y los usuarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a través de la plataforma de Trámites a Distancia” (TAD), según lo denunciado en un comunicado sobre el tema por la REDCOM (Red de Carreras de Comunicación Social) y la FADECCOS (Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social) los dos organismos que reúnen a las unidades académicas dedicadas a los estudios de comunicación en Argentina.
La medida que dispuso despidos de personal en el organismo que regula los servicios de telecomunicaciones confluye con la derogación del decreto 690/20, de agosto del año 2020, por el cual el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández declaró “servicios públicos esenciales” a los de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo la regulación de tarifas por parte del ENACOM.
Ahora, a través del Decreto 302/24 publicado el día 10 de abril en el Boletín Oficial, se derogó la resolución anterior porque, según el Gobierno, se trata de una “medida es imprescindible para revertir los efectos negativos en el mercado de las comunicaciones y conectividad”.
De acuerdo a la versión oficial la norma anterior produjo “una disminución de las inversiones necesarias para generar progreso, crecimiento y empleo, fomentando un aumento del intervencionismo estatal desproporcionado en el sector”. Se argumenta que la decisión tomada ahora permitirá “liberar el mercado y promover el desarrollo de servicios de calidad, garantizando la igualdad de trato para todos los usuarios”.
Hasta el cierre de las delegaciones regionales del ENACOM estas oficinas funcionaban como ventanillas de acceso a consultas personalizadas que eran respondidas por trabajadoras y trabajadores del organismo, siendo éstas personas formadas y capacitadas no solo en cuestiones técnicas y específicas de la comunicación, sino también en condiciones de asesorar acerca de los derechos de ciudadanas y ciudadanos en materia comunicacional, algo que no realizan de ninguna manera las empresas prestatarias de los servicios.
El desguace del ENACOM, en particular de sus oficinas regionales, impide también la supervisión en el territorio respecto del cumplimiento de normas operativas vinculadas a la utilización del espectro y otros aspectos formales que, de no revertirse la situación, estarían abandonadas o deberán hacerse desde Buenos Aires.
En su declaración de repudio al cierre del ENACOM y a los despidos de quienes allí trabajan REDCOM y FADECCOS aseguran que de esta manera se pierden también acciones territoriales de capacitación en diálogo con la comunidad “por ejemplo a través del Fondo de Fomento para Medios de Comunicación Comunitarios y Pueblos Originarios” (FOMECA), dado que “ya no será posible contar con el apoyo directo de las y los trabajadores en la difusión, asesoramiento y acompañamiento en la implementación de proyectos” y, en consecuencia, se producirá “un freno al desarrollo de medios y productoras del sector social y comunitario en todo el país”.
Tanto el cierre de las delegaciones del ENACOM, como los despidos de parte de quienes allí cumplen funciones, así como el decreto que desregula las telecomunicaciones, constituyen un nuevo avance contra el derecho humano a la comunicación democrática en la Argentina.
