Cancelaron más de 200 vuelos en Alemania
Pilotos que frenan deportaciones

En respuesta a una consulta del partido La Izquierda, el gobierno alemán informó que 222 vuelos habían sido cancelados por pilotos que no quisieron tomar parte en la controvertida repatriación de refugiados a Afganistán. 

Alrededor de 85 vuelos corresponden a Lufthansa y a su subsidiaria Eurowings. La mayoría de los casos, unos 140, ocurrieron en Frankfurt, el mayor aeropuerto del país, y 40 tuvieron lugar en Düsseldorf, ciudad en la que suele haber manifestaciones de protesta.

“La decisión de no llevar a un pasajero es tomada, en último término, por el piloto, caso por caso. Si él o ella tiene la impresión de que la seguridad del vuelo podría verse afectada, debe rehusarse a transportar al pasajero”, afirmó Michael Lamberte, vocero de Lufthansa. El portavoz dijo además que hay casos en que los pilotos hablan con los pasajeros a punto de ser deportados. 

Es que uno de los factores para objetar las deportaciones es que el principal destino es Afganistán, que si bien ha sido declarado “país seguro”, aún sufre la ocupación estadounidense, violencia y terrorismo, con la presencia de grupos como Estado Islámico. Incluso se esgrime como motivo para no viajar el atentado de mayo en Kabul junto a la embajada alemana, que causó más de 90 muertos. 

Así las cosas, Alemania tiene cerca de un millón y medio de pedidos de asilo por año y es el principal destino para refugiados e inmigrantes dentro de la Unión Europea. Sumados todos los demás socios del bloque continental, no llegan a la cifra de Alemania. 

En la primera mitad de 2017, la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) se expidió sobre 388.201 casos de asilo. Mientras el gobierno de Merkel intensifica las deportaciones, también crece la cifra de los que apelan las decisiones de la BAMF. A nivel judicial, esos procesos han tenido un costo de 19 millones de euros entre enero y noviembre de 2017 para las arcas públicas, cuando el año pasado fue de 7,8 millones.

Berlín decidió tratar de reducir el número de apelaciones para poder acelerar las deportaciones. En ese sentido, se implementó un programa que otorga 3 mil euros a aquellos cuyo pedido de asilo es rechazado, a cambio de que acepten la deportación.