Avanza con parsimonia la causa que investiga la cadena de responsabilidades detrás del disparo al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión del 12 de marzo pasado. Así lo describió la abogada del reportero gráfico y directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, en diálogo con la 750. 

"No hay tantas novedades todavía. Lo que sí hubo fue el reconocimiento del juzgado del pedido de la familia de ser parte querellante y está ahora en una etapa de producción de prueba", confirmó Litvachky. 

Las primeras acciones en la investigación se vieron dilatadas porque hubo discusiones respecto a temas de competencia entre la Justicia federal y nacional que finalmente terminaron en el órgano de origen. 

"El ritmo de investigación no es el que a nosotros nos gustaría. En este caso en particular, los primeros momentos de la investigación estuvieron orientados a discutir la competencia, cuestiones formales. Fue para la Justicia nacional, después volvió a la Justicia federal, terminó en la Cámara y la Cámara dijo que efectivamente tenía competencia Comodoro Py, es decir la Justicia federal. Quedó en el juzgado de (María) Servini", recapituló la abogada. 

Desde la querella esperan que el ministerio de Seguridad de la Nación y el ministerio de Seguridad porteño respondan al pedido de información que realizó el juzgado, que corresponde a la recuperación de todos los registros fílmicos de lo sucedido. Registros que, horas después del hecho, sirvieron para poner en duda la versión oficial de la ministra Patricia Bullrich y la razón que esgrimió la propia funcionaria para explicar el tamaño del operativo: que la manifestación estaba orientada a desestabilizar el gobierno o a impedir que funcionen los poderes públicos.

"Como ocurrió en el caso del (Parque) Indoamericano y del 19 y 20 de diciembre, que se pudo reconstruir, aunque después de mucho tiempo y con ayuda de la familia y las querellas", comparó la abogada de Grillo. En el caso de lo sucedido el 12 de marzo pasado, la reconstrucción se hizo en cuestión de pocas horas, y hasta se logró identificar rápidamente quién le disparó (a Grillo) con la escopeta de gas, el cabo Guerrero, quien ya se presentó en el expediente junto a sus dos abogados. 

Según relató la jurista, los abogados defensores del cabo Guerrero fijaron domicilio en el Edificio Centinela de Gendarmería Nacional, una práctica que lleva el sello de Patricia Bullrich y que es muy discutida porque los delitos que se le imputan al oficial están directamente relacionados con la actividad o implican violaciones a los derechos humanos. 

"Es una discusión que viene desde hace mucho tiempo y no sólo con Gendarmería, con todas las fuerzas federales, y en muchos casos también con las fuerzas provinciales. Nosotros preferiríamos que no fuera así, y se venía discutiendo en causas internacionales también. Esto es algo que desde el Ministerio y desde la gestión de Bullrich se mantiene muy fuerte", reveló en diálogo con Branca de Vuelta.

Por ahora la querella no tuvo acceso a la versión del efectivo de gendarmería. Y tanto Litvachky como Claudia Cesaroni, abogada también involucrada en la causa, pretenden que la investigación no se detenga sólo en el efectivo que dañó al reportero gráfico, sino que continúe por toda la cadena de la fuerza incluida la Ministra de Seguridad. Pero además, la querella buscará dar con los nombres y responsables jerárquicos que estaban a cargo de un operativo plagado de irregularidades y, en última instancia, restituir la prohibición del uso de armas de gas similares a la utilizada por Guerrero durante el operativo de seguridad. 

"Lo importante es que se reconstruya lo sucedido y haya justicia por Pablo, que fue lo más grave del operativo, pero que también se determinen las responsabilidades jurídicas de quiénes dieron las órdenes de realizar un operativo así, que terminó con mucha gente herida y más de 100 detenidos de forma arbitraria", concluyó.