Los sindicatos de trabajadores del gas de Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata se declararon en alerta por la negativa de la empresa distribuidora Camuzzi Gas Pampeana a mejorar los salarios. 

Consultados por Buenos Aires/12, los secretarios generales afirmaron que las protestas y medidas de fuerza serán incrementales, de manera que si la empresa no revisa su posición, es probable que los usuarios experiementen pérdida de presión y falta de fluido, justo en plena ola de frío polar.

"Tenemos un reclamo histórico, que tiene que ver con rejerarquizar los salarios. Durante años, el argumento empresario fue que con esas tarifas era imposible o que los subsidios no alcanzaban. Ahora que el Gobierno les dio exactamente lo que pedían, se lo quieren guardar en el bolsillo", explica el titular de la regional Bahía Blanca del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, Derivados y Afines (Sigas), Pablo Van Den Heuvel.

Lejos de satisfacer la expectativa de los trabajadores, Camuzzi hizo una oferta que fue considerada como una provocación. Según denunciaron, la oferta para el mes de abril fue de apenas un 0,8 por ciento de aumento, mientras que la inflación oficial del mes se ubicó en 2,8 por ciento. 

“Nos ofrecen migajas mientras la inflación sigue erosionando nuestros sueldos mes a mes. Es un insulto a la dignidad de los trabajadores”, expresó Ezequiel Serra, secretario general de Stigas Costa Atlántica. La tensión aumentó al trascender que, durante el último mes, los accionistas de Camuzzi repartieron dividendos por más de 60 mil millones de pesos. “Ellos reparten fortunas entre accionistas, y a los que mantenemos el servicio con nuestro trabajo nos ofrecen un aumento que no cubre ni el transporte al trabajo”, agregó Serra.

Serra explicó que "la postura de Camuzzi parece ser compartida por el resto de las empresas, como Metrogas y Naturgy. No sólo se negaron a nuestro pedido, sino que dieron a entender que tampoco hay interés en negociar o buscar solución. La respuesta fue esto es lo que hay, hagan lo que tengan que hacer".   

Frente a esta coyuntura, los cinco sindicatos que integran la mesa nacional, tres de ellos bonaerenses, se reunieron en un plenario, en el que resolvieron declararse en estado de alerta y comenzar con medidas de fuerza graduales. 

La primera de ellas será un quite de colaboración. Se trata de una figura contemplada en el convenio colectivo del sector, equiparable a la más extendida del "trabajo a reglamento" o la del "trabajo a tristeza", específica de Luz y Fuerza. 

Ante la falta de personal, que se jubiló y no fue remplazado, el recurso habitual de la empresa es ofrecer horas extras a los trabajadores, que a su ve les permiten mejorar sus ingresos. El quite de colaboración implica la negativa frente a ese pedido, medida que a su vez expondrá la falta de personal con la que operan, que eventualmente podría redundar en mermas en la calidad del servicio o problemas de seguridad.

"No queremos perjudicar a los usuarios, pero queda claro que a la empresa no le importan sus trabajadores", sintetizó Van Heuel, que a la vez se desempeña como secretario gremial de la federación nacional. 

“Venimos advirtiendo desde hace tiempo que la situación es insostenible. No solo estamos hablando de lo económico, sino también de la seguridad con la que desarrollamos tareas de altísimo riesgo todos los días. Nuestra responsabilidad es con la comunidad, pero también con nuestras familias y con nuestra propia integridad”, sostiene el comunicado conjuntamente difundido por las organizaciones sindicales, a la vez que afirma que "responsabilizamos a la empresa por las consecuencias que esta situación podría generar".

La mayor parte del personal del sector, en especial el técnico, tiene un alto grado de capacitación. Actualmente, sus salarios rondan el millón trescientos mil pesos. El reclamo y la medida incluyen también a los administrativos.

Decreto inconstitucional

Los sindicalistas coinciden en que la postura inflexible de las empresas, con Camuzzi a la cabeza, es prácticamente indisociable del reciente Decreto 325, que prácticamente prohíbe el derecho a huelga y lleva la firma del presidente Javier Milei y todo su gabinete.

La norma, que los sindicatos calificaron de inconstitucional, ya que el derecho a huelga está garantizado por la Carta Magna, establece serias restricciones para a la protesta de los trabajadores organizados al calificar como esenciales una larga lista de actividades, en la que están incluidos los servicios públicos en los que se encuadra la actividad del Stigas.

En respuesta, la CGT presentó ante la justicia un recurso de amparo, sobre el que esperan una pronta definición. El antecedente más cercano se dio en diciembre de 2023, cuando el entonces recién asumido gobierno publicó el decreto 70, que entre otras cosas avanzaba sobre derechos laborales. La justicia lo frenó.

La conducta de la empresa es también una señal de alineamiento con el gobierno libertario y su política de "paritaria cero", en teoría como manera de combatir la inflación. El caso más resonado es el de Comercio, donde empresarios y trabajadores llegaron a un acuerdo, pero el gobierno lo rechaza.

En lo que va del gobierno libertario, las tarifas de luz y gas triplicaron a la inflación. En abril pasado, se les concedió a las empresas un nuevo aumento en torno a los dos puntos. Por este motivo, el gobierno se niega a adoptar la composición actualizada del IPC, que fue confeccionada por el INDEC hace meses y refleja la fuerte incidencia de los servicios en el gasto de las familias, y continúa utilizando uno de dos décadas atrás, cuando el peso de ese componente era irrisorio.