La política económica mileísta tiene poco para mostrar en materia de actividad, inversiones, empleo e ingresos. El gobierno atribuye el opaco desempeño económico al “riesgo kuka”. En su reciente intervención en la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente argentino sostuvo que "los inversores no quieren invertir hasta que se despeje el horizonte electoral”.

El relato presenta muchas similitudes con la narrativa macrista de 2017. Sin embargo, la victoria “amarilla” en las elecciones legislativas de ese año, que incluyó la derrota de Cristina Fernández de Kirchner en la Provincia de Buenos Aires, no despejó ningún obstáculo. Por el contrario, la debacle comenzó pocos meses después del amplio triunfo electoral de Juntos por el Cambio. La lección es clara para cualquier espacio político: el apoyo en las urnas es importante pero no “arregla” las deficiencias de un modelo insustentable.

Alarmas

Más allá de eso, la desaceleración del ritmo inflacionario es el principal activo del oficialismo. En general, los gobiernos utilizan un set de instrumentos para alcanzar - o, por lo menos, intentar- múltiples objetivos como por ejemplo, apuntalar el crecimiento económico, crear empleo, mitigar desigualdades sociales y territoriales, estabilidad de precios, equilibrio externo, entre otros.

En el caso de la administración libertaria, la política económica apunta todos los cañones a reducir la inflación. Por lo menos en el corto plazo, el único objetivo es llegar a las elecciones intermedias con una inflación controlada. Por caso, el apretón monetario, que implica altísimas tasas de interés, genera un triple perjuicio: 1) a las pymes porque aumenta el costo de endeudamiento y tensiona la cadena de pagos, 2) al fisco porque debe renovar deuda a tasas muy elevadas poniendo en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas y 3) a las finanzas hogareñas porque ven clausurada la posibilidad de financiar su consumo.

En relación a este último punto, un informe del Bapro señala que “los préstamos a los hogares saltaron más del 60 por ciento entre noviembre de 2023 y la actualidad. Así, pasaron de representar poco más del 5 por ciento de los ingresos familiares a casi el 10 por ciento de estos”. En otras palabras, el avance del préstamo a las familias ayudó a una recuperación heterogénea del consumo, en un contexto de caída de ingresos reales.

En su cuenta de X, el propio ministro de Economía reconoce que "podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo”, aunque luego matizó el comentario diciendo que “debiera recomponerse rápidamente post elecciones”.

La cuestión es que, ya en forma previa a las subas de las tasas de interés, se habían prendido algunas señales de alarma. En junio, la morosidad bancaria fue del 6,4 por ciento en los créditos personales alcanzando valores máximos desde 2008. En enero, la cartera en situación irregular apenas había sido del 3,4 por ciento. En términos agregados, el porcentaje de morosidad total fue del 2,9 por ciento, alcanzando un 5,2 por ciento para las familias y 1,1 por ciento en las empresas.

En la actualidad, el ratio de morosidad familiar es similar al registrado en plena pandemia. En sintonía con eso, la Consultora Vectorial señala que, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, se perdieron la misma cantidad de empresas que en la pandemia (marzo 2020/enero 2021). En su cuenta de X, la Consultora detalla “gobierno de Macri: 23.632 empresas menos, Pandemia: 15.398 empresas menos, Milei:15.564 empresas menos”.

En ese contexto, el malestar ciudadano está creciendo según el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. En agosto, el ICC cayó un 13,87 por ciento intermensual, registrando su peor valor desde septiembre de 2024. El escenario es complejo a dos meses de las elecciones legislativas. Parece poco pero falta una eternidad.