Una mujer jubilada de 64 años presentó una denuncia formal ante la Auditoría General de Gestión de Rosario contra la fiscal adjunta Ana Milicic, a quien acusa de abuso de autoridad y de haber impulsado allanamientos y detenciones ilegítimas. Según el escrito, las medidas se tomaron a partir de una “burda denuncia anónima” sin sustento ni indicios concretos de delito.
De acuerdo con la presentación, la investigación se originó en una denuncia online supuestamente realizada por una “vecina” que no aportó datos personales ni de contacto. En ese mensaje se afirmaba que en la vivienda de la denunciante se ocultaban más de un millón de dólares, una cuenta millonaria en una entidad financiera rosarina y armas ilegales. La mujer sostiene que la fiscal Milicic avanzó con los allanamientos sin verificar la veracidad de esas afirmaciones.
El operativo principal tuvo lugar el 10 de septiembre a las 7 de la mañana en dos domicilios, uno en Funes y otro en Rosario. Según la denuncia, las irrupciones fueron “violentas” y estuvieron a cargo de un grupo táctico armado que habría causado destrozos, revisado pertenencias personales y requisado a la mujer en “condiciones humillantes”.
Durante el procedimiento, la policía solo halló unos 19 mil dólares y una pistola registrada a nombre de uno de los hijos de la denunciante, quien posee credencial de legítimo usuario. Pese a ello, la fiscal habría ordenado la detención de la jubilada, que permaneció más de 24 horas incomunicada. Su hijo también fue detenido tras un allanamiento en el que, según la denuncia, se revisaron vehículos sin orden judicial y se secuestró una furgoneta sin justificación.
La mujer acusa a la fiscal de actuar “bajo un orden de justicia invertido: primero allanar, segundo detener, tercero investigar”. Pide que se la sancione por lo que considera una “violación sistemática de garantías constitucionales y convencionales”. La Auditoría General de Gestión deberá ahora evaluar si abre un proceso administrativo para investigar el accionar de la funcionaria judicial.
