Ilegal
El mensaje presidencial avalando el uso de la fuerza ilegal por parte del personal de una fuerza de seguridad va de contramano con el estado de derecho, y en consecuencia con los estándares de uso de la fuerza pública, construidos durante 35 años de democracia en nuestro país y en el derecho internacional de los derechos humanos.
Mucho más grave es cuando ese elogio de las "ejecuciones sumarias" se hace en contra de lo resuelto por un juez que consideró que se trataba de un homicidio, con lo cual no solamente se abre la puerta para la represión ilegal, sino también se atropella a un poder independiente como es el Poder Judicial, y en consecuencia se arrasa también con el sistema republicano de división de poderes.
Para ser más claro, el Presidente de la República considera héroe a un policía a quien la justicia procesa por un delito de homicidio.
Pero lo más grave, es que el reprochable gesto presidencial avalando la represión ilegal no es una imprudencia, ni una actitud aislada, sino que responde a una expresa política de estado que está otorgando una patente de corso a las fuerzas represivas.
La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo ha puesto blanco sobre negro, y no deja lugar a dudas: este gesto responde a "un cambio de doctrina, la Policía no es culpable en un enfrentamiento". O sea una presunción jure et de jure, que ya le hemos impugnado en su momento a la ley de obediencia debida.
Para decidir si alguien "es culpable o no es culpable" ‑como dice la ministra‑ hay un Poder Judicial, que debe realizar un juicio sobre las pruebas y tomar una decisión, y debe ser respetada.
El Poder ejecutivo no puede usurpar funciones judiciales.
No se puede "combatir" el delito, con delitos más graves, porque resulta inadmisible en el estado de derecho, y porque potenciar la violencia, agrava la situación de inseguridad.
Vildor Garavelli, Director
Matilde Bruera Coordinadora de la Sección Derecho Penal y Derecho Procesal Penal"
Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos profesor "Juan Carlos Gardella (CEIDH).
