En el sexto aniversario de la tragedia de Once, familiares y allegados de las 51 víctimas volvieron a exigir la ratificación de las 21 condenas contra los trabajadores ferroviarios, empresarios y ex funcionarios nacionales que fueron condenados por ese hecho. Las penas no están firmes y aguardan la resolución de la Cámara de Casación. Durante la lectura de un documento consensuado, apuntaron contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien es juzgado por ese caso. “Incumplió sus funciones”, acusaron.

Como todos los años, el acto tuvo lugar en el andén donde en la mañana del 22 de febrero de 2012 un tren proveniente del oeste del conurbano bonaerense chocó contra el paragolpes hidráulico de la terminal de la Línea Sarmiento. Tras el impacto, que provocó que varios vagones se montaran unos sobre otros, murieron 51 personas y más de 700 quedaron heridas.

A las 8.32, hora en que ocurrió el hecho, los allegados hicieron sonar una sirena durante un minuto. Luego leyeron los nombres de las personas fallecidas y pidieron que los responsables “cumplan su pena en la cárcel, como corresponde”.

El documento consensuado por los familiares fue leído por María Luján Rey y Paolo Meneghini, padres de Lucas, uno de los jóvenes fallecidos aquella mañana. Reafirmaron que el objetivo sigue siendo “que ratifiquen las condenas”, tener “tras las rejas a los culpables” por las muertes y apuntaron de lleno contra el ex ministro Julio De Vido, quien está acusado por supuesta “administración fraudulenta y estrago culposo”. Lo calificaron como “el intocable y todopoderoso ministro de Cristina Kirchner”, indicaron que “la corrupción generada desde su área causó el mayor accidente ferroviario” de la historia argentina y, por ello, lo acusaron de haber “incumplido sus responsabilidades”. 

Entre los señalados por los familiares estuvieron también los empresarios Claudio y Mario Cirigliano, a cargo de la concesión del Sarmiento cuando ocurrió el accidente.

Denunciaron que durante los últimos seis años hubo “intereses políticos y empresariales que quisieron comprarnos y no pudieron”, y cuestionaron también al ex ministro de Transporte Florencio Randazzo por haber “utilizado políticamente” la tragedia durante su campaña a senador por Cumplir.

Durante el acto, Mónica Pontiroli, mamá de Tatiana, una de las fallecidas, sostuvo que aquel día los fallecidos “iban trabajar, estudiar y contagiar alegría” como cualquier día y sostuvo que, tras la tragedia, la vida de los familiares fue “una lucha sustentable en búsqueda de justicia”. Criticó que “la mediocridad de algunos poderosos destruyó” la vida de los que viajaban en el tren siniestrado y concluyó: “No queremos más historias tristes”.

Luego fue invitada a hablar Nora Cortiñas, integrante de Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien compartió esos dichos. “Cada una de esas palabras también son las nuestras”, dijo y aseguró: “Seguimos exigiendo toda la verdad, toda la justicia por este drama terrible, por esta masacre que quisieron disfrazar (y que ocurrió) por dejadez e indiferencia de los gobiernos”. “Estamos juntos para compartir el dolor y las alegrías cuando recordamos” a las víctimas, añadió y aseveró que “los 30 mil desaparecidos están con nosotros cada vez que acompañamos el dolor de otras familias”, aseguró.

Por la tarde fueron recibidos por Mauricio Macri en la Casa Rosada  y les expresó que “han sido y son un ejemplo de constancia y lucha que no se ha vendido y que ha hecho de sus valores una bandera”.

“Recibir estas palabras del Presidente en este día tan especial es para nosotros muy importante”, dijo Paolo Menghini, padre de Lucas, uno de los jóvenes que murieron el 22 de febrero de 2012. “Nos vamos con una sensación de haber sido escuchados y de que estos seis años de trabajo no fueron en vano. Como dijimos siempre, no sólo buscamos justicia, sino trabajar para una Argentina mejor”, continuó.

Menghini criticó la “demora judicial en expedirse sobre las condenas” en referencia a que las sentencias, dictadas en 2015, no están firmes. “Es una deuda muy grande con nosotros y con la sociedad, que siente que lo que nos pasó les pasó también a ellos”, expresó.

Leonardo Menghini, abogado querellante y hermano de Paolo, destacó que “el único apoyo que tuvieron luego de la tragedia fue el de la Ciudad de Buenos Aires, con el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri, la actual gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj”, quienes también participaron de la reunión. “De las 52 víctimas, 51 eran de la provincia de Buenos Aires. El gobernador de ese momento (Daniel Scioli) no atendió a ninguna de esas familias, no cubrió ninguna necesidad, no brindó ayuda y lo negó, porque había una política de negar la tragedia”, afirmó.

Avruj consideró que “fue una reunión muy importante y positiva, que marca el comienzo de un diálogo institucional entre el Gobierno y los familiares pero que consolida un trabajo que se viene haciendo desde el primer día”.