La Comisión Ejecutiva del Episcopado Católico, presidida por el obispo Oscar Ojea, puso a disposición de la Justicia la constancia de 127 bautismos realizados entre los años 1975 y 1984 en la capilla Stella Maris de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Así lo hizo saber el organismo eclesiástico en un comunicado en el que también expresó la disposición de que tales documentos puedan “estar al alcance de organismos de derechos humanos de reconocido prestigio e investigadores procedentes de diversos ámbitos académicos”.

De esta manera, los obispos católicos, a través de sus más altas autoridades, continúan dando cumplimiento al compromiso contraído con los organismos de derechos humanos de poner a disposición toda la información que obre en manos de la Iglesia Católica y que pueda colaborar al esclarecimiento de delitos cometidos durante la dictadura militar. Se amplían también, tal como había sido solicitado, las posibilidades de acceso a la información, antes restringida a los familiares de los desaparecidos y detenidos. Sin embargo, los obispos advierten al mismo tiempo sobre la necesidad de que se respete “la confidencialidad de los datos consignados a tenor de las disposiciones constitucionales y de derecho canónico vigentes para esta materia”.

En enero último y de manera sorpresiva, el obispo castrense Santiago Olivera anunció desde El Vaticano, después de entrevistarse con el Papa Francisco, que había sido encontrado recientemente en la capilla Stella Maris de lo que fue la ESMA el libro de bautismos al que se hace mención en esta ocasión. Ahora es la propia conducción del Episcopado la que retoma la iniciativa sobre el tema, poniendo esa información a disposición del juez federal Sergio Gabriel Torres y del fiscal general Pablo Parenti.

La Comisión Ejecutiva del Episcopado está integrada desde noviembre pasado por el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, el cardenal de Buenos Aires, Mario Poli, y el obispo de La Rioja, Marcelo Colombo, como vicepresidentes, y el obispo de Chascomús, Carlos Malfa, en calidad de secretario general. Desde su asunción Ojea mantuvo un diálogo fluido con los organismos defensores de derechos humanos y el propio obispo castrense Santiago Olivera se reunió con algunos representantes de dichas instituciones.

Ahora, los obispos sostienen que “tenemos la firme convicción de que la Iglesia debe extremar sus esfuerzos para contribuir al camino de la memoria, la verdad y la justicia en todos los campos, especialmente ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad perpetrados bajo el terrorismo de Estado durante los años 1976-1983”, poniendo en evidencia la orientación que en esta materia quiere adoptar la nueva conducción de la Conferencia Episcopal.

En el mismo sentido, la Comisión Ejecutiva subraya que “compartiendo el sentimiento y anhelo del Santo Padre, la Conferencia Episcopal Argentina pone a disposición de la Justicia la totalidad de la información registrada en la mencionada documentación, en continuidad con el proceder de esta Conferencia ante los requerimientos de la Justicia en estos últimos años”.

Y en la misma línea de pensamiento, los obispos le reiteraron al juez Sergio Gabriel Torres y al fiscal Pablo Parenti, y por su intermedio a la sociedad argentina, “nuestro compromiso de poner en conocimiento inmediato de la autoridad judicial aquellos datos e informaciones que pudieran surgir en el futuro”.

Lo señalado se encuadra dentro del marco general de las orientaciones pastorales que emanan de la Conferencia Episcopal en la materia y que se plasmarían también en la creación de un área especialmente dedicada a atender los temas relacionados con los derechos humanos, organismo que sería confiado a uno de los obispos con alto grado de responsabilidad dentro de la estructura actual del Episcopado católico. En el mismo sentido puede leerse que sea ahora la Comisión Ejecutiva la responsable del anuncio y que el mismo no haya quedado limitado al ámbito del obispado castrense.