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Producción: Tomas Lukin

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Una cuestión política

Por Sandra Giménez *

Días pasados un informe televisivo acerca de la pobreza me condujo hacia discusiones que, creía, habían quedado en el pasado. El informe versaba sobre “las políticas sociales” actuales enfocadas hacia la población pobre que no tiene cubiertas todas sus necesidades. Se pasaba revista a algunos de los programas más resonantes de los últimos años implementados por las autoridades gubernamentales y se enfocaba especialmente en el Plan Jefes y Jefas de Hogar (PJJH), señalando los crecientes problemas de clientelismo que éste generó y cómo su implementación afectó negativamente “la cultura del trabajo” de la población bajo programa. Asimismo, se revisaban las acciones que tanto el Gobierno actual como la “sociedad civil” llevan adelante para cubrir las falencias alimentarias del sector pobre de la población.

El informe resultaba tan provocador como inquietante, por lo que decía y, principalmente, por lo que no decía. Comencemos por lo que decía. Respecto del PJJH, la información brindada era ciertamente escasa y giraba en torno de sus aspectos negativos, lo que obliga a plantear algunas aclaraciones. Este plan se implementó en el momento de mayor crisis económico-social y político-cultural que se recuerde en Argentina, en el cual casi la mitad de la población había caído en la pobreza y la mitad de ese segmento en la indigencia. La caída en la pobreza, devenía de la falta de trabajo y de la carencia de ingresos. Ese diagnóstico fue ampliamente consensuado por las numerosas organizaciones (sociales, políticas, religiosas) que conformaron el Diálogo Argentino y dio sustento conceptual al diseño del PJJH. De ahí que su nominación y presentación como “Derecho Familiar de Inclusión Social”, venía a representar un cambio en el discurso político. Después de mucho tiempo reaparecía en el lenguaje oficial la noción de “derecho”, un concepto abandonado en los años del neoliberalismo. La apelación a sujetos de derecho, implicaba que la sociedad reconocía que quienes necesitaban del auxilio estatal no habían elegido esa situación de vulnerabilidad por vagancia o desgano, sino que la misma era el resultado lógico de un programa económico, político y social que nos condujo al colapso.

Cuando se realizan entrevistas a perceptores del PJJH como parte de tareas de investigación, suele hallarse que su llegada a las distintas familias constituyó “una tabla de salvación”, transformándose para algunas de ellas en el único ingreso monetario que recibirían por un largo tiempo. Una salvación, aun a pesar del monto exiguo que se pagó y se sigue pagando actualmente. Y esto no es poco si se comprende qué situación extrema se está atendiendo.

En general, la gente que sigue recibiendo este plan (menos de seiscientas mil personas) si no ha logrado insertarse en el mercado de trabajo, es porque no puede, no porque no quiere. Están lejos de reunir las credenciales que requiere el mercado de trabajo actual. Si hay algo que no le falta a esa gente es voluntad de trabajar.

Ahora vayamos a lo que el informe no decía. En la segunda parte del informe se oponía las acciones “bien intencionadas, bien organizadas y efectivas” de la sociedad civil, a las acciones descoordinadas, escasas, y no siempre bien intencionadas del Estado. La conclusión que podía inferirse era que la sociedad civil lo hace mejor que el Estado, llega a quien tiene que llegar y con un mejor aprovechamiento de los recursos. Ergo, dejemos las políticas sociales en sus manos. Un mensaje que no parece aislado ni inocente, si lo ponemos en el contexto de las cuestiones políticas que se están discutiendo en estos momentos en nuestro país.

La situación de pobreza, si preocupa, remite a discutir qué tipo de sociedad queremos construir, con qué tipo de Estado, con qué clase de ciudadanos. Tres cuestiones no excluyentes entre sí.

Si se pretende atacar la pobreza en serio, no alcanza con implementar acciones “benéficas” que cubran la necesidad de un día y de un pequeño sector de población. Aunque ello sea necesario en el “mientras tanto”, se requiere atender de raíz las cuestiones estructurales que provocan dicha situación. Y esa tarea sólo puede llevarla a cabo el Estado. Si en la sociedad argentina hay sectores que han sido alcanzados por la pobreza es porque hay sectores que han sido alcanzados por la riqueza, por lo tanto, atender la primera, implica afectar la segunda para reducir la brecha de desigualdad. Discutir la desigualdad lleva a discutir qué y cómo se redistribuye la riqueza, hacia dónde se orienta el gasto y la inversión pública. Esta observación que puede sonar trillada, no es una discusión saldada en absoluto, mucho menos cuando algunos sectores sociales en nombre de la Patria, definen al Estado como un “predador insaciable” y dicen tener la receta para terminar con la pobreza. La cuestión de la pobreza no es un problema de implementaciones técnicas deficientes o de mejor aprovechamiento del gasto. Es ante todo una cuestión política.

* Socióloga y Magíster en Políticas Sociales –Investigadora del Instituto Gino Germani-UBA.

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El crecimiento no alcanza

Por Julio César Neffa *

Nuestro país tiene su propia especificidad. Bastó con que dirigentes de la Mesa de Enlace y el Papa evaluaran como un escándalo la pobreza existente en Argentina, para que el tema diera lugar a acalorados debates y que los medios de prensa redescubrieran la relevancia del tema, y buscaran culpables. Sin embargo, numerosos estudios ya lo habían identificado como un fenómeno estructural. La discusión quedó así estancada en el comentario del fenómeno e impactó sobre la sensibilidad popular, pero sin avanzar sobre las causas de su existencia e incremento.

La población pobre se puede identificar y medir de manera objetiva, estableciendo su nivel de satisfacción de las necesidades básicas propias de los seres humanos o estimando monetariamente el valor mínimo de una canasta de bienes y servicios. Pero además está la percepción subjetiva que los pobres tienen acerca de su propia situación (en función de su grado de conciencia social): pero las investigaciones muestran que ellos subvalúan su grado de necesidad insatisfecha, pues se han acostumbrado a vivir en la necesidad y la han naturalizado, internalizando la visión estigmatizante y determinista que acerca de ellos tienen los nopobres.

Dentro de la población de pobres se puede identificar un “núcleo duro” que debe figurar entre las primeras prioridades de política: los ancianos sin jubilaciones o pensiones, ni cobertura del sistema de seguridad social, las madres jefes de hogar desocupadas con bajas calificaciones y con hijos a cargo, los niños y jóvenes de familias que viven en situación de pobreza y cuya fuerza de trabajo se reproduce de manera inadecuada comprometiendo su futuro.

Es obvio que las fuertes diferencias entre las mediciones de la pobreza efectuadas por organismos públicos, consultoras privadas y ONG son impresionantes, pues parten de un piso del 15,3 por ciento y se mencionan porcentajes cercanos al 40 por ciento, poniendo de relieve serios problemas metodológicos y hasta sospechas de manipulación de las cifras del índice de precios al consumidor, cuya magnitud no es inocente, dado que ese porcentaje se toma en cuenta para la negociación salarial y es un componente sustancial (el CER) del pago de los bonos de la deuda externa.

Sin embargo, existe consenso entre el Gobierno, los empresarios, los sindicatos, organismos científicos e instituciones religiosas para afirmar que la economía argentina está en condiciones de producir los bienes y servicios necesarios para cubrir las necesidades básicas de toda la población, reduciendo drásticamente el porcentaje de personas y familias pobres, y que se podrían exportar los saldos para contribuir al mismo proceso en otros países, desarrollados y subdesarrollados.

Para hacer frente conjuntamente a la pobreza y a las desigualdades se necesitan políticas laborales y sociales, para compensar las fallas del mercado. Sin políticas de empleo activas, el desempleo presionará necesariamente hacia abajo el nivel de los salarios reales, contribuirá a disciplinar a los asalariados para que trabajen más tiempo y de manera más intensa con lo cual se agravará la pobreza de los que trabajan y se deteriorará su salud.

Entonces, racionalmente las políticas para tratar de resolver estos problemas podrían resumirse así: poner en acto dicha potencialidad; generar un empleo decente y con garantía de estabilidad para la población económicamente activa; asegurar el acceso a los bienes y servicios producidos a fin de cubrir como mínimo la canasta básica total; asegurar la cobertura del sistema de protección social; mediante las políticas impositivas y subsidios reducir las desigualdades pues en las economías capitalistas el mercado librado a sus propias fuerzas termina concentrándose. ¿Qué políticas viables podrían implementarse si existiera la voluntad de combatir la pobreza?

- Promover un elevado crecimiento económico, construyendo ventajas competitivas, dando prioridad a las ramas de actividad y a las regiones económicas donde la elasticidad del empleo respecto del producto sea más elevada, controlar la inflación atacando sus causas antes que manipular las cifras, incrementar la productividad e indexar los salarios respecto de ella.

- Formular políticas activas orientadas a lograr el pleno empleo estable y decente, extender la cobertura de la seguridad social combatiendo el empleo no registrado, incrementar el monto del subsidio por desempleo y hacerlo extensivo a quienes fueron perjudicados porque por “causas ajenas a su voluntad” tuvieron empleos no registrados y de carácter precario.

- Poner en práctica una política de empleo orientada hacia los desocupados de larga duración y a los jóvenes que desertaron o egresan del sistema educativo e instaurar un ingreso mínimo para todos los jóvenes que forman parte de familias pobres –sin discriminación de género o nacionalidad– hasta que accedan a un empleo y por un monto que permita cubrir la canasta básica total.

- Universalizar las políticas sociales y asignar un ingreso a los hijos de los trabajadores pobres y de los desocupados sin exigir más contrapartida a los padres que asegurar la reproducción social: el cuidado de su salud, la prosecución de la escolaridad obligatoria, las actividades lúdicas, deportivas y recreativas propias de su edad.

Pero si en lugar de generar puestos de trabajo para ellos sólo se pone el acento en medidas asistenciales duraderas, se corre el riesgo de contribuir a desvalorizar el trabajo y el empleo, generar entre los beneficiarios un sentimiento de inutilidad, o que sean considerados socialmente incapaces de valerse por sus propios medios, o estimular su permanencia ociosa en la inactividad hasta volverlos inempleables.

En síntesis para combatir y erradicar la pobreza y al mismo tiempo tratar de reducir las desigualdades la unidad de análisis no deben ser las personas individuales: es un proceso complejo pues debe tener en cuenta una gran diversidad de situaciones, que lleva tiempo, debe durar y no es automático. La experiencia histórica de los países que han tenido éxito en esta materia ha demostrado que el crecimiento por si solo es insuficiente –incluso si es elevado– para reducir la pobreza y la desigualdad (como sucedió durante los ’90 en la primera etapa del régimen de convertibilidad y desde su crisis a fines de 2001), pues la justicia y la equidad no son el resultado de un derrame.

* Economista UNLP, UBA y CEIL –Piette del Conicet.