ECONOMíA › OPINION

Peor no cambiar que cambiar tarde

 Por Martín Granovsky

Al proclamar que quiere ser tenido como querellante por parte de la Justicia, el Gobierno parece haber querido enviar un mensaje: no será neutral sino acusador ante los eventuales responsables de tantas muertes.

Si la Justicia acepta al Poder Ejecutivo como parte activa en la persecución penal, éste tendrá la ventaja de conocer los vericuetos del expediente. Una cercanía que suele servir para satisfacer la curiosidad sobre el carácter de los implicados, incluso si hubiera algún funcionario, o para sugerir medidas que impulsen la causa contra los implicados. Inclusive si hubiera algún funcionario.

El costado penal es un costado, no el único ni el principal, de las decenas de muertes en Once. Puede haber hechos que configuren delito o puede no haberlos. La Justicia lo dirá. Puede haber, o no, culpables. Lo que es seguro es que hay responsables tanto en el sector público como en el sector privado. Para dirimir estas responsabilidades la Justicia es una fuente más. No se constituye en el origen exclusivo de una verdad que corresponde reconstruir pedacito a pedacito con la experiencia de cada sector social.

Pero al Ejecutivo le corresponden no sólo el impulso de la causa penal y la distinción de responsabilidades. Le toca, en especial, el futuro. Es un punto que hasta ahora no abordaron a fondo ni el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, que el miércoles se dedicó a especulaciones frívolas en medio de los muertos, ni el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, tan silencioso siempre que debe haber pasado a la clandestinidad.

Elido Veschi, un ingeniero experto en ferrocarriles que se destacó estos días entre las voces sensatas, dijo que es mejor no apurarse a liquidar la concesión de TBA sin un plan y sin una investigación previa. El plan comienza, para Veschi, con la creación de una empresa ferroviaria estatal. La investigación apunta a dos aspectos. Por un lado, una auditoría del material rodante y fijo, que abarca vías y talleres, entregado a los privados por la administración de Carlos Menem cuando destruyó el sistema ferroviario del Estado. Por otro, una investigación contable que sirva para saber dónde fueron destinados los subsidios que pagó el Estado.

Veschi asegura que esas auditorías permitirían saber dónde está parada la Argentina y no deberían insumir más de dos meses de trabajo.

Parte de la investigación ya está a disposición del Estado. Como publicó ayer este diario, el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, informó que había indagado a fondo en el funcionamiento de la concesión a la empresa TBA del Grupo Cirigliano, con ramificaciones en líneas de colectivos y reciente adjudicatario del tren que unirá a la Argentina con Uruguay.

A veces suele decirse, invocando proverbios chinos o etimologías del griego, que en cada crisis hay una oportunidad. Sería obsceno afirmarlo tras la catástrofe humanitaria de Once. La seguidilla de accidentes en barreras y vías, más la mortandad en rutas, revela que no hay una oportunidad, sino una tragedia que seguramente pudo ser evitada y, sobre todo, una señal de stop: con querella penal o no, si el sistema de transporte público sigue con la matriz que le imprimió Menem y nunca fue desmontada del todo ni en todos los sitios, nadie debería asombrarse ante nuevas muertes.

Que se haya llegado al punto extremo y que la meta sea ahora evitar más muertes impone un cambio de política para conseguir otro objetivo, cotidiano y concreto. Se supone que una democracia profunda no sólo debe garantizar la vida sino su calidad. El hacinamiento diario en el transporte, a veces combinado con el hacinamiento en materia de vivienda, es un tormento para los trabajadores. Viajar mejor debería ser el resultado de una política ferroviaria popular, nacional y democrática.

En política de transportes el Gobierno ya no puede corregir hacia atrás lo que hizo mal. Cada uno tendrá su juicio sobre el pasado. Pero, desde Once, puede modificar la estrategia de fondo y concebir el transporte público como una de las políticas sociales más importantes. Peor no cambiar que cambiar tarde.

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