El Frente para la Victoria consiguió ayer dictamen de mayoría sobre el proyecto que busca modificar la ley de riesgos del trabajo. La iniciativa, que también fue acompañada por el radicalismo, podría ser tratada en el recinto del Senado el 3 de octubre. El encargado de defender la medida fue el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El funcionario sostuvo que el proyecto “mejora derechos y repara una situación injusta como la necesidad de los trabajadores de recurrir a la Justicia para alcanzar un resarcimiento justo, porque el sistema no paga lo suficiente”.

Durante la audiencia también estuvieron presentes el superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, y el titular de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio De Mendiguren.

En 2004, las bajas indemnizaciones pagadas por el sistema llevaron a la Corte Suprema a declarar inconstitucional la imposibilidad de realizar un juicio civil frente a un siniestro. Esa resolución habilitó la “doble vía” o “cúmulo”: la posibilidad de recurrir a la Justicia para que el trabajador pueda cubrir la diferencia entre lo que paga el sistema de ART y lo que “debería” cobrar si las reparaciones se hubieran mantenido actualizadas. El proyecto elimina ese mecanismo y establece una opción excluyente entre el sistema y la Justicia.

“La clave es que el proyecto será bueno si la indemnización es buena y no se desactualiza. También será bueno si la plata de la indemnización llega rápido al trabajador. Queda mucho por hacer, seguimos confiando en el diálogo para todo lo que tenemos por delante. No queremos el empobrecimiento de la víctima. No queremos que un trabajador tenga que recurrir a la Justicia para recibir una reparación justa y no queremos que se prohíba que un trabajador vaya a la Justicia. Vamos a la causa, no al efecto”, sentenció Tomada.

Los cambios a la norma fijan pisos elevados para las indemnizaciones y mejoran la protección de los trabajadores con menos salario. Un trabajador de 45 años que gana 3500 pesos y después de un accidente tiene un grado de incapacidad del 30 por ciento, pasará de cobrar 80.000 a 138.000 pesos, una mejora del 72 por ciento.

Por otro lado, las prestaciones aumentarán 43 por ciento. Todas las indemnizaciones se actualizarán semestralmente por un indicador que elabora la cartera laboral sobre las remuneraciones de los trabajadores estables (Ripte). El dictamen fue acompañado por el radicalismo. “Compartimos el espíritu y el concepto de la ley”, sostuvo el senador Alfredo Martínez (UCR, Santa Cruz), vicepresidente de la Comisión. La iniciativa podría llegar al recinto la primera semana de octubre.