ECONOMíA

En Diputados ya velan las armas para luchar contra la evasión

“Necesario pero insuficiente”, definen los especialistas al paquete de leyes contra la evasión que el Ejecutivo envió al Congreso. Advierten la necesidad de mejorar la gestión de la AFIP.

 Por David Cufré

El paquete de medidas antievasión que anunció el Gobierno es un buen comienzo, pero suponer que será suficiente para alcanzar logros sustanciales sería una ingenuidad. Esa es la opinión compartida por especialistas en materia tributaria que consultó este diario. Las normas quedaron repartidas en cuatro proyectos de ley que ingresaron ayer al Congreso. Roberto Lavagna se reunirá hoy con los jefes de los bloques oficialistas de Diputados, José María Díaz Bancalari, y del Senado, Miguel Angel Pichetto, para revisar los temas económicos de la agenda parlamentaria. Pero el ministro de Economía pedirá que se dé prioridad a las nuevas iniciativas, que comenzarían a tratarse recién el próximo mes debido a su complejidad.
Los anuncios incluyeron algunas normas que están bien orientadas para cortar canales a la evasión. Por ejemplo, los tributaristas Horacio Casabé y Antonio Figueroa mencionaron el refuerzo a los controles en precios de transferencia (transacciones de empresas radicadas en el país con sus casas matrices), operaciones con paraísos fiscales y facturas apócrifas.
El mayor mérito, de todos modos, es la demostración de que existe voluntad política de mejorar la fiscalización.
El Gobierno hace bien en aprovechar la imagen de autoridad que ha conseguido ganarse para infundir la sensación de riesgo a los evasores.
Pero eso dará frutos sólo si hay una continuidad en el trabajo, se implementan sistemas de control eficaces y se produce una mejora en el funcionamiento de la AFIP. Casabé recordó que los picos de recaudación en Argentina se dieron cuando se produjo una combinación de dos factores: un escenario de recuperación económica y un endurecimiento del gobierno. Sucedió al lanzarse el Plan Austral con Alfonsín y la convertibilidad de Cavallo. La contracara fue la Alianza, que nunca pudo aparecer como un gobierno fuerte y le tocó convivir con una etapa recesiva. “La suba de la recaudación es directamente proporcional al temor que se genera entre los evasores”, resumió Casabé.
“La orientación de este paquete es positiva, porque apunta a incrementar las facultades de la AFIP”, agregó Figueroa. Ambos compartieron que será insuficiente sin una transformación de la DGI, con la especialización de sus cuadros técnicos y con la aplicación permanente de medidas que agudicen los controles. “La evasión no se resolverá de un día para el otro, pero es una buena forma de empezar, sobre todo porque el Presidente demuestra vocación política”, resumió Figueroa.
Los cuatro proyectos de ley que contienen las nuevas medidas fueron girados a las comisiones de Presupuesto, Finanzas y Legislación Penal de la Cámara baja. Los que llevan los números 208 y 209 abarcan los cambios a la legislación penal, que básicamente amplían la figura de asociación ilícita para los delitos tributarios y previsionales, al incluir en las penas no sólo a los evasores directos sino también a los estudios contables y jurídicos que los ayudaran en sus intentos de engaño a la AFIP. Se fijan penas de 3 a 10 años de prisión para quien integre una asociación compuesta por 3 o más personas y colabore de manera necesaria con la ejecución de alguno de los delitos previstos en la ley. En tanto, para los jefes el mínimo de la pena se eleva a cinco años de prisión.
Los proyectos 210 y 207 reducen los topes de facturación para los beneficiarios del monotributo, crean la figura del contribuyente eventual y deroga la opción de “responsables no inscriptos” en el IVA para los profesionales de ingresos medios. También incluyen la derogación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Agropecuarios y las ampliaciones de las exigencias en las declaraciones de los depósitos registrados en los bancos, tanto en el país como en el exterior.
Finalmente, ayer se publicó en el Boletín Oficial un decreto de necesidad y urgencia que devuelve a la AFIP las tareas de fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social. Esto determinóla desaparición del Instituto Nacional de Recursos de la Seguridad Social, medida fuertemente criticada por los especialistas en temas previsionales.

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Amenazas de duro castigo a quienes no cumplan con su obligación fiscal y a quienes colaboren con ellos.
 
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