ECONOMíA › PANORAMA ECONóMICO

Blanqueo e inversión

 Por Alfredo Zaiat

En el proyecto de ley de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, más conocido como blanqueo de capitales, queda de manifiesto cuál es la variable macroeconómica que más preocupa al Gobierno. No es solamente el denominado dólar blue o el stock de reservas en el Banco Central, sino que la considerada clave es la inversión como dinamizadora del mercado interno. El importante premio a actores económicos que no registraron capitales al fisco y lo fugaron al dólar es cuestionable en términos de equidad tributaria y financiera. Son beneficiados quienes evadieron y que además convirtieron esos fondos en dólares. La observación crítica de la oposición, de economistas del establishment y de varios medios de comunicación por ser moralmente injusto un blanqueo se estrella con la aceptación que hacen de la comercialización ilegal de divisas, naturalizando su funcionamiento como si fuera el valor real del dólar e informando su cotización junto al pronóstico del tiempo y el estado del tránsito. Ese doble estándar no pueden encontrarlo en estas páginas del diario, donde siempre se definió al dólar blue como marginal e ilegal. Y define el blanqueo de capitales como injusto por ser una recompensa a quienes no cumplieron con las normas impositivas.

La lectura del proyecto de ley brinda una orientación más precisa sobre el objetivo de la iniciativa. En los considerando expresa que

- la inversión pública se transforma en un elemento fundamental para dinamizar la economía, brindándole al sector privado los instrumentos necesarios para impulsar nuevas inversiones;

- es responsabilidad del Estado nacional arbitrar las medidas para que los recursos ociosos en manos de los agentes económicos encuentren las condiciones propicias para canalizarse hacia la inversión;

- el objetivo de promover la inversión en dos áreas cruciales para el fomento del crecimiento y el desarrollo económico del país: proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos, y la inversión en la rama de la construcción e inmobiliaria;

- el impulso original de la inversión permitirá un incremento en el nivel de ingreso de la economía;

- el efecto multiplicador derivado del impulso inversor que propiciará el Estado nacional será la garantía de que esos recursos ociosos tomarán la forma de un mayor nivel de ingreso agregado, con el consecuente impacto positivo sobre la recaudación tributaria; y

- será la inversión la variable clave para garantizar el crecimiento de la economía, que a su vez se traducirá en mayores niveles de empleo y consumo.

Ya sea por la crisis internacional, la notable debilidad de la economía brasileña elogiada por la ortodoxia, las restricciones al acceso a moneda extranjera que afectó expectativas o por la fuerte desaceleración del crecimiento del año pasado, el resultado fue una reducción de la inversión (en 2012 su aporte a la economía fue de menos 0,7 punto porcentual, según FIDE). Esto plantea la dificultad para expandir el proceso de crecimiento del mercado interno y para profundizar el proceso de industrialización vía sustitución de importaciones, tras la ambiciosa meta del gobierno de CFK de desplazar la restricción externa. La primera condición para lograrla es retomar un sendero de crecimiento con un piso sólido del 4 por ciento anual. Se sabe que altas tasas de crecimiento del PIB inducen tasas proporcionalmente más altas de la inversión y, por lo tanto, en esas condiciones se puede intervenir para eludir la resolución histórica en la economía argentina a la restricción externa: la devaluación.

El factor de ruptura con el pasado del actual ciclo político es que rechaza esa solución por ser regresiva social, económica y políticamente. Esto no significa que la gestión económica haya sido muy pulida para no acercarse a la restricción externa y eludir sus consecuencias, carencia admitida en los hechos con el lanzamiento del blanqueo de capitales. A diferencia de blanqueos de otros gobiernos de diverso origen, éste tiene un destino específico, lo que revela su objetivo macroeconómico y no recaudatorio, al promover la captación de recursos en dólares para financiar inversiones inmobiliarias y de infraestructura energética (YPF). La primera opción pretende dar respuesta a una actividad que registró una brusca caída a partir del nuevo régimen de administración y acceso a la moneda extranjera. La otra, acercar recursos a YPF nacionalizada para inversiones que permitan mejorar el balance comercial energético. Este es deficitario por los efectos de las privatizaciones de los noventa y la política oficial hacia el sector hasta la decisión de estatizar YPF. Ese déficit suma aún mayor tensión al sector externo, ya presionado por la persistente fuga de capitales y, fundamentalmente, por la existencia de una estructura económica desequilibrada. Estos factores acercan la restricción externa por escasez de divisas para financiar el crecimiento.

La restricción externa aparece cuando la generación de divisas de los sectores exportadores, en especial los vinculados con el sector agrario, no es suficiente para cubrir las necesidades de insumos de la industria. La fuga de capitales la agudiza.

La respuesta tradicional a esa carencia ha sido aumentar el endeudamiento público voluntario en el mercado de capitales (el default y posterior reestructuración mantiene cerrada esa puerta a tasas convenientes), la convocatoria de la inversión extranjera (la última gran ola fue en los noventa, con el traspaso de activos estatales) o la devaluación. Esta última alternativa, además de los efectos negativos en el empleo, en la cuestión social y en la estabilidad política, provoca una recesión y, de ese modo, logra disminuir las importaciones, aliviando así el frente externo. Es la opción más regresiva.

El blanqueo de capitales, como el estricto régimen cambiario y la administración cuantitativa de las importaciones, apunta por diferentes vías a otra alternativa para desplazar la restricción externa. No se logra definitivamente con una brusca devaluación, puesto que ésta sólo lo hace en forma temporaria creando una competitividad ficticia, sino que se consigue con una estrategia planificada por el Estado de sustitución de importaciones para desarrollar una industria no deficitaria en divisas. Como explican Fabián Amico, Alejandro Fiorito y Agustina Zelada en Expansión económica y sector externo en la Argentina en los 2000: balance y desafíos hacia el futuro, la sustitución de importaciones no implica la adopción de un instrumento que permita mantener de forma continua el crecimiento del aparato productivo, sino que debe buscar que el patrón de importaciones no quede librado a la arbitrariedad del mercado sin coordinación dinámica ni planeamiento estatal. “En realidad, la sustitución de importaciones es parte del engranaje de un plan de desarrollo global, y sin planificación la sustitución puede avanzar regenerando las trabas que buscaba eliminar”, afirman en ese documento publicado por el Cefid-Ar.

YPF es el caso testigo. Después de dejar al sector privado desarrollar una política predatoria de reservas de gas y petróleo, el Estado recién recuperó en 2012 el manejo del sector a través de la principal petrolera nacional con el objetivo de recuperar el autoabastecimiento. O sea, sustituir importaciones de hidrocarburos, tarea que no brindará resultados por arte de magia, sino con importantes inversiones. El Gobierno quiere captar con el blanqueo de capitales parte de los recursos necesarios para financiar ese plan de expansión y así atacar uno de los frentes del fantasma de la restricción externa.

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