ECONOMíA › PARA COMPRAR LOS FAVORES DEL ESTADO

Dinero negro que se recicla en corrupción

 Por Julio Nudler

Lo primero que debe saber el empresario que compra facturas falsas es para qué las quiere. Se dirá que para evadir impuestos, pero esta motivación, aunque atendible, resulta insuficiente, sobre todo cuando el presunto comprador de los bienes o servicios transados es una sociedad importante, como algunas de las que en la víspera allanó la AFIP. Una primera conclusión a extraer es que toda empresa que opera en un país altamente corrupto –categoría en la que las mediciones internacionales incluyen a la Argentina– necesita generar plata negra, en mayor o menor medida, para poder pagar coimas grandes o chicas y así participar del juego, manteniéndose en el mercado. Al simular compras inexistentes, la firma transfiere fondos de su caja blanca a otra, la negra, cuyo manejo tiene su complejidad. No es fácil reunir en una misma persona, física o jurídica, el carácter de vendedor y comprador en una misma transacción.
Si se trata de una sociedad anónima, la utilidad extra que logra defraudando al fisco no puede distribuirla entre sus accionistas como si se tratara de un dividendo normal. Tampoco puede cobrar ese autopago mediante el empleo de un circuito normal, depositando el correspondiente cheque en la cuenta de –por ejemplo– uno de los socios o ejecutivos, porque éste quedaría peligrosamente identificado. La maniobra, por tanto, exige una cuidadosa ingeniería, dejando de lado los casos burdos, más frecuentes que lo imaginable y que sólo se explican por el clima de impunidad que impregna(ba) el ambiente de los negocios.
Como efecto directo, la facturación apócrifa provoca un fuerte perjuicio fiscal. A una compra inventada de 100 pesos corresponde una factura de 121, que genera un falaz crédito fiscal (acreencia contra Impositiva) de 21 pesos, deducible del IVA que la firma percibió por sus ventas y que debería ingresar a la DGI. Además, esos 100 pesos inflan artificialmente los costos de la empresa contribuyente, con lo que reducen en igual cuantía sus utilidades contables. Le ahorran, por tanto, 35 pesos en impuesto a las Ganancias. El perjuicio fiscal resultante es de 56 pesos (21 + 35) por cada 100 inauténticamente facturados. El beneficio del evasor es sin embargo menor, porque se debe restar el costo de las facturas fraguadas, que nadie regala.
Suponiendo que la factura de 100 costó 15 (quizá 10 para la usina y 5 para el contador que intermedió), el beneficio neto malhabido baja a 41. Si la compañía que lo obtiene es filial de una multinacional, puede tenerse por seguro que su matriz del exterior no está esperando que le remese plata negra: este dinero será utilizado por la propia rama argentina, que probablemente lo recicle en algún acto de corrupción, mediante el cual influirá en el texto de una ley, conseguirá un decreto o una resolución ministerial, o la permisividad de un ente regulador, entre otras variantes posibles a nivel nacional, provincial y municipal. Los vueltos de las sumas en juego se aplicarán a coimas más cotidianas.
Tratándose de empresas familiares, con dueños de carne y hueso, la compra de facturas irreales puede perseguir el fin de birlarle dinero al fisco y utilizar luego esos fondos simplemente para gastarlos, o en todo caso desviarlos a cuentas en paraísos fiscales, abiertas en bancos fiduciarios. De esta manera, el evasor se asegura que el ente recaudador argentino no podrá identificar a los dueños de esos patrimonios.
Cuando se trata de grandes empresas, que actúan como agentes de retención del IVA, en proporciones variables, la evasión de ese impuesto se complica porque es el adquirente de la factura trucha quien debe acreditarle el correspondiente dinero a la AFIP. En tal caso, se estará generando un costo fiscal innecesario, aunque siempre inferior al beneficio que logre a través de Ganancias. Una disyuntiva para obviar el problema es que el emisor de la factura cuente con un certificado de no retención que lo exceptúe. Esa excepción tiene que haber sido otorgada por la DGI y publicada en el Boletín Oficial, pero algunos tributaristas no consideran que ello garantice la buena conducta de los incluidos.
Aunque la norma general es que la factura falsa genera plata negra, y que ésta se recicla en corrupción, incluso en las grandes empresas puede ocurrir que una parte, mayor o menor, de los fondos oscuros vaya a los bolsillos del management, es decir, los ejecutivos, como demuestran los escándalos que envolvieron a diversas multinacionales. En el caso argentino, esta derivación no parece significativa en el conjunto. Cuando se trata de firmas claramente identificables con un dueño, la motivación puede ser tan simple como la codicia o la angurria.
Cualquiera sea la aplicación del dinero negro engendrado por la evasión, es probable que tarde o temprano reingrese al circuito legal, después de atravesar un proceso de blanqueo. La reinserción puede consumarse a través de autopréstamos, disfrazados de créditos genuinos concedidos por bancos del exterior, aunque este mecanismo ya no es lo sencillo que supo ser, sobre todo cuando el presunto prestamista opera desde un paraíso fiscal. En otros casos, el blanqueo de los fondos se materializa en activos tangibles. Se trata, finalmente, del mecanismo que permitió a las clases pudientes argentinas protagonizar el boom inmobiliario de Punta del Este y contribuir al de Miami.
La evasión, uno de cuyos instrumentos es el dibujo de erogaciones inexistentes, respaldadas en documentos falsos que pretenden facturar aparentes estudios de mercado u otros fantasiosos asesoramientos, sostiene monetariamente la corrupción, pero entendida en sentido amplio, incluyendo desde el lobbying hasta la financiación irregular de las campañas políticas, más el manejo de la opinión pública.
Todo el tinglado se apoya en infinidad de sociedades anónimas de papel que crean insolventes teledirigidos y cumplen ante Impositiva con todos los requisitos formales, incluyendo el asiento en el libro Ventas de cada operación. La maniobra se complica si un día, como ha empezado a ocurrir, la AFIP, movida por la sospecha, se apodera de esos registros, ya que éstos le servirán para caerles encima a las empresas compradoras con toda la información ya masticada. En ese momento empieza el baile.

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Las facturas falsas proliferaron mientras bastaba con cumplir los requisitos formales.
Valiéndose de insolventes, los proveedores podían crear sociedades por docena en un solo día.
 
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