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A través de un decreto firmado a última hora del día, Néstor Kirchner recreó la comisión renegociadora de contratos de servicios públicos privatizados, que tendrá como plazo máximo diciembre de 2004 para resolver sobre 61 adjudicaciones. Este paquete incluirá también las polémicas concesiones de Correos y Aeropuertos, que desde la época aliancista habían quedado bajo el análisis de dos grupos de trabajo mixto y de la Justicia, encargada de dirimir los millonarios reclamos cruzados entre las empresas operadoras y el Estado. Pero anoche mismo el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que acota el poder del nuevo grupo de trabajo: todas las revisiones contractuales que disponga quedarán sujetas a la aprobación del Parlamento cuyos dictámenes, a producirse en un plazo máximo de dos meses, de ahora en más serán de cumplimiento forzoso.
Las iniciativas legales planteadas ayer en una conferencia de prensa conjunta por los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Roberto Lavagna, pueden interpretarse como una señal política opuesta al interés de las privatizadas, que están reclamando ante los tribunales internacionales una compensación por el congelamiento tarifario. No hay en la formulación conocida ayer ningún indicio acerca de cuándo comenzará, ni en qué medida, esta pretendida recomposición de precios.
“Ni siquiera está en análisis esta cuestión para su aplicación inmediata en ninguno de los campos: ni en las tarifas que están reguladas ni en las que están desreguladas”, arremetió ayer De Vido. El ministro enfatizó que el decreto también impone la obligación de que cualquier ajuste sea resuelto en el marco de una audiencia pública, otro eventual filtro a cualquier decisión intempestiva en materia tarifaria.
La nueva comisión continuará la labor de aquella otra creada por la Ley de Emergencia Económica, que logró recopilar datos y reclamos presentados por las empresas, pero fue impotente para cumplir el mandato de firmar nuevos contratos contemplando el impacto que en ellos tuvo la devaluación. Alberto Biagosh, primer titular de ese cuerpo, produjo el primer cimbronazo político interno con su crítico informe sobre la necesidad de no premiar con aumentos a empresas que habían acumulado utilidades importantes durante la década pasada.
El grupo recreado quedará bajo el comando conjunto de Lavagna y De Vido, quienes estarían obligados a consensuar decisiones políticamente muy delicadas sin preeminencia de uno sobre el otro. A través de los técnicos de la comisión, los ministros juzgarán cada contrato a la luz de una serie de “criterios básicos” expresamente enumerados ayer por Lavagna: “El impacto sobre la economía en general, la distribución del ingreso, la calidad de los servicios, la seguridad de los sistemas de servicios públicos y la rentabilidad de las empresas”, entre otros.
Esto también atenta contra la posibilidad de admitir ajustes automáticos, habilitados por los acuerdos hoy vigentes. Por el contrario, instrumenta un sistema de premios y castigos por el cual serán acreedores de un virtual aumento sólo los concesionarios que demuestren una rentabilidad razonable o hayan reinvertido una proporción importante de sus utilidades, por ejemplo.
La idea de desmenuzar cada contrato bajo esa perspectiva también parece seducir a la senadora justicialista Malvina Seguí, quien hoy preside la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, encargada de dictaminar sobre cada nueva versión contractual. “Los contratos tienen que ser analizados en toda su vigencia, no sólo desde la devaluación. También hay que tener en cuenta las ganancias y las inversiones de cada adjudicatario”, coincidía anoche ante Página/12 la legisladora tucumana.
Hasta ahora, los dictámenes de la Bicameral sólo han tenido un valor político y nunca torcieron por sí mismos una decisión adoptada por el Ejecutivo. Pero según el proyecto parlamentario girado anoche, este proceso culminará recién cuando un plenario del Congreso apruebe o rechace “en bloque” el texto de un nuevo contrato. Los legisladores no participarán en ninguna renegociación y no tendrán la potestad de objetar puntualmente alguna nueva cláusula. Pero, aunque sea formalmente, tendrán la última palabra.