La Justicia confirmó ayer la condena de hasta seis años de prisión para el ex titular de la firma Infinity Group, Adrián López, y otros hombres de negocios procesados. La causa se inició por la construcción de una asociación ilícita que vendía facturas falsas a decenas de otras compañías con el objetivo de evadir impuestos. La firma fantasma aprovechaba además los beneficios fiscales de la AFIP en forma fraudulenta. Si bien tres de los involucrados habían sido beneficiados por la probation, la realización de tareas comunitarias a cambio de la suspensión del proceso, el Poder Judicial dejó sin efecto esos beneficios, al tiempo que anuló la absolución de dos funcionarios de la entidad recaudadora. La causa estuvo a cargo del juez Javier López Biscayart.

El Poder Judicial dejó firme las penas impuestas a los distintos acusados por organizar una “asociación ilícita” para vender facturas a través de la empresa fantasma Infinity Group. El ex titular de la firma, Félix Adrián López, recibió una condena efectiva de seis años de prisión por encabezar la organización delictiva. “Hubo a las claras una estructura organizada con miembros que dividían sus roles y tareas. No todos ejecutaban los mismos actos. Cada uno contribuía al éxito de los fines de la organización efectuando un aporte individual”, precisaron desde Casación, para ratificar la condena. Agregaron que “la estructura se mantuvo en forma organizada y permanente, con el único fin de cometer delitos por un período extendido”.

Además de la pena de seis años de cárcel para López, la Justicia aplicó la misma condena para otro de los socios, Miguel Hernández, al tiempo que revocó la probation para Julián Martín Cardillo, Alberto Eugenio Furchini y Efraín José Freiberg, quienes ahora esperan por una sentencia. A su vez, revocó las absoluciones de los funcionarios Mariano Doldán y Roberto Agüero, los cuales recibirán una pena dictada por el Tribunal Oral.

Por otra parte, la AFIP denunció ayer a 380 contribuyentes por no ingresar al fisco más de 305 millones de pesos de aportes a la Seguridad Social. La ley penal tributaria contempla penas de 2 a 6 años de prisión para “los empleadores que no depositen total o parcialmente el importe para las jubilaciones por cifras superiores a 20 mil pesos por mes”, recordó la AFIP.