Los proyectos de ley enviados al Parlamento referidos a la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos consumidores resultan una clara muestra de cuando hablamos sobre profundizar el proyecto nacional y popular. Recogen la experiencia de estos diez años en esta materia y actualizan la legislación existente para garantizar la plena vigencia de estos derechos, consagrados en el artículo 42 de la Constitución nacional.

No existe mayor calidad institucional que aquella que garantiza, a través de organismos pertinentes, la defensa y el cumplimiento de estos derechos. Estas reformas propuestas son un claro ejemplo de ello.

Desconocer la vulnerabilidad y desigualdad en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores de bienes y servicios es producto de la ignorancia o de la mala fe, más cuando en nuestra economía persisten aún numerosas empresas y mercados monopólicos y oligopólicos. Es deber del Estado, entonces, intervenir en defensa de los más vulnerables.

En oportunidades anteriores, como cuando se sancionó por primera vez la Ley de Defensa del Consumidor, y luego sus modificaciones posteriores, así como las leyes de tarjetas de crédito, de prepagas, etcétera, los grupos concentrados y corporaciones económicas, financieras y mediáticas no sólo se opusieron sistemáticamente, sino que también recurrieron, una vez más, a profetizar consecuencias apocalípticas para sus empresas y negocios.

Lo cierto es que la “única verdad es la realidad” y tan mal no les ha ido, todo lo contrario.

Por otra parte, si cumplen con las diferentes leyes y regulaciones, si respetan los derechos de los consumidores, si frente a los reclamos que pudieran ocurrir se preocupan y ocupan de resolverlos, no tienen de qué preocuparse. Si no practican acciones anticompetitivas con las pymes, imponiendo precios y condiciones de pago abusivas por ser monopólicas u oligopólicas en el mercado, si no especulan con la producción para subir precios, si no les pagan precios irrisorios a los productores agropecuarios, si no tienen nada que ocultar no deberían preocuparse. Todo lo contrario, esta legislación apunta a penalizar a quienes no respetan la ley, a los ciudadanos y a las pymes y comercializan de manera desleal y abusiva.

Por otra parte, les da herramientas, ágiles, accesibles y eficaces, a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos, de tal manera que también les posibilita asumir su responsabilidad por lo que ocurra en el mercado. Si consienten abusos y violaciones a las normas y no utilizan los mecanismos previstos, no sólo se perjudican ellos mismos, sino que también permiten la continuidad de estas malas prácticas con sus consecuencias negativas para los sectores más vulnerables.

Por todo esto, solicito a mis ex colegas diputados y a los nuevos integrantes del Parlamento acompañar estas reformas, como muchos ya lo hicieron en oportunidades anteriores.

* Embajadora en México, ex subsecretaria de Defensa del Consumidor.