“Como consecuencia de una política tarifaria que no estaba enviando señales adecuadas ni a la oferta ni a la demanda hemos tenido un deterioro muy importante del servicio”, aseguró ayer el ministro de Energía, Juan José Aranguren, antes de anunciar un aumento de 500 por ciento en las tarifas de la luz. Con los nuevos precios se busca “corregir” esas señales para incentivar inversiones privadas que mejoren la oferta y, fundamentalmente, restringir el consumo de la demanda. La combinación de ambos factores permitiría reducir los cortes de luz y superar así la crisis energética en el plazo de dos años.

Uno de los supuestos principales de la nueva política energética es que si las empresas multiplican sus ganancias ya no van a tener excusas para no invertir y en caso de no hacerlo el ente regulador las sancionará. “El modelo de subsidios donde el Estado evaluaba las necesidades de inversión consideramos que ha fracasado. Doce años con este modelo ha llevado a que el servicio sea muy caro, no para los usuarios que pagan una tarifa irrisoria, sino para la sociedad en su conjunto, sobre todo por las transferencias del interior hacia la Capital. La esencia de este proceso es un cambio. Las empresas van a tener que colectar los recursos de sus propios usuarios y responder ante sus propios usuarios y le vamos a dar una fortaleza enorme a nuestro ente regulador para que los resultados aparezcan”, remarcó ayer el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga. De todos modos, Aranguren aclaró que en el corto plazo no habrá cambios. “No van a ver inmediatamente una mejora en la calidad del servicio. Lo que tenemos que asegurar es que las empresas le presenten al ENRE planes de inversión y objetivos a cumplir en forma trimestral”, aseguró.

La otra señal está dirigida a la demanda domiciliaria y en ese caso sí se espera una reacción más rápida. Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), entre 2003 y 2015, el consumo residencial de energía eléctrica trepó de 28.791 a 59.982 GWh, un 108,3 por ciento. El gobierno espera que a partir de ahora esa tendencia se revierta debido a la fuerte suba de la tarifa, que impactará incluso en los sectores vulnerables porque a los beneficiarios de la tarifa social sólo se les bonificará el consumo hasta 150 kwh y exclusivamente en lo que refiere al costo de generación. Cuando empiecen a llegar las primeras facturas con aumentos de más de 500 por ciento, la demanda caerá de manera abrupta. Eso le va a quitar presión a las redes de distribución y ayudará a reducir la magnitud de los cortes de luz. En el corto plazo esa es la principal apuesta oficial.