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No tuvo el tono confrontativo de otros momentos, aunque la conclusión fue la misma: de rechazo total, por parte del Gobierno, a un aumento de las tarifas de servicios públicos. Los argumentos de esa decisión corrieron esta vez por cuenta del secretario de la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos, Gustavo Simeonoff. Dijo que esos valores se deben adecuar a la situación actual del país. Y supeditó cualquier cambio tarifario a la renegociación de los contratos.
Las expresiones de Simeonoff tuvieron un fuerte peso político ya que fueron realizadas en Madrid, en el marco de un seminario donde se analizan las perspectivas de las inversiones extranjeras en la Argentina al que asistieron directivos de las privatizadas. El funcionario de la Unidad prefirió evitar una confrontación dura con los empresarios. Si bien descartó una recomposición automática de las tarifas, destacó que la renegociación de las mismas es un punto central en la agenda del Gobierno. “La modificación (del cuadro tarifario) necesita de una revisión del grado de cumplimiento de los contratos. Es la única forma de tener información calificada sobre la situación de cada empresa respecto a los compromisos que asumiera oportunamente.”
En su exposición, Simeonoff no se limitó a las definiciones políticas. Esbozó, además, un análisis de las privatizadas en relación a la situación de la Argentina tras la devaluación. “La actual realidad difiere de la situación que existía al momento de efectuarse las privatizaciones, lo cual exige necesariamente grados de flexibilidad para alcanzar cualquier tipo de acuerdo”, afirmó. En sus declaraciones quedó clara la intención del Gobierno de mantener el diálogo abierto con las empresas. Un escenario diferente al de hace unas semanas, cuando Néstor Kirchner las intimaba públicamente a cumplir los contratos sin mencionar la chance de aumentos.
Acaso lo más criticable de la posición del funcionario hayan sido sus opiniones sobre el proceso privatizador. “Los contratos estuvieron bien hechos para la época en que fueron hechos”, pero subrayó que “ahora la Argentina es otro país”.
Fue el propio funcionario quien contradijo esa sentencia benévola hacia los contratos firmados. Reveló que a fines de 2001, “sobre 61 contratos se habían cumplido 32 (4 sobre autopistas, 22 en el sector de la energía eléctrica y el gas, 4 terminales portuarias y 2 de telefonía fija básica), mientras que el resto se encontraba con una alta tasa de cumplimiento”, pero todavía incompletos, dijo, sin dar cifras actualizadas.
Por último, y en otro guiño hacia los accionistas dueños de las empresas, manifestó que “se deben restablecer las condiciones que posibiliten asegurar las inversiones necesarias y garantizar la continuidad y seguridad de las prestaciones y los derechos de las partes”.