Desde la cartera que conduce Juan José Aranguren confirmaron ayer a Página/12 que en breve anunciarán un aumento en las tarifas de gas y el llamado a licitación para sumar 1000 megas al sistema eléctrico, bajo la modalidad conocida hasta ahora como energía distribuida. También dejaron abierta la posibilidad de que haya un nuevo ajuste en la tarifa de luz antes de fin de año y ratificaron que seguirán adelante con el plan nuclear, pero que la construcción de la cuarta central atómica recién comenzará el año próximo. Otra de las novedades es que, luego de algunas dudas iniciales en torno al proyecto, la intención del gobierno es avanzar con la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, aunque dijeron que están negociando cambios con las empresas y la provincia de Santa Cruz.

La agenda del Ministerio de Energía contempla autorizar un aumento en la tarifa del gas antes del invierno, pero todavía no dicen cuándo será. “La suba de la tarifa del gas es necesaria para que lleguen inversiones que permitan ampliar la oferta. Hoy importamos el 25 por ciento del gas que se necesita para generar electricidad”, remarcó una fuente oficial. Otro anuncio inminente es la licitación para sumar 1000 megas de potencia al sistema eléctrico. El objetivo oficial es incorporar en el corto plazo módulos medianos de generación eléctrica, de un mínimo de al menos 40 megas. El método de generación de energía distribuida es mucho más costoso que las centrales de ciclo combinado (que funcionan con gas o combustibles líquidos), pero ese tipo de obras, que igual se seguirán haciendo, demandan años de construcción y lo que se busca ahora es sumar electricidad en breve para reducir el nivel de cortes de luz durante el próximo verano.

En el Ministerio de Energía confirmaron además que están trabajando en la revisión trimestral estacional del precio de la electricidad en el mercado mayorista que se va a fijar para el período mayo-julio. “El costo de generación va a ser distinto del establecido en enero para febrero, marzo y abril porque, por un lado, el precio en el mercado internacional bajó, pero, por otro lado, la demanda de combustibles líquidos en el invierno es mayor”, se limitaron a decir en el gobierno, aunque se da por descontado que el valor de referencia, fijado actualmente en 770 pesos por Mwh, aumentará. Si esa suba no se compensa con un mayor subsidio, el ajuste podría derivar en un nuevo aumento para el usuario. Además, en agosto o más tardar septiembre se llevará adelante una Revisión Tarifaria Integral (RTI) del sector eléctrico que podría derivar en otro golpe al bolsillo. Hasta ahora lo que hizo el gobierno fue reducir parcialmente los subsidios y compensar eso con una fuerte suba de las tarifas eléctricas. En el Ministerio aseguran que ese tarifazo compensa los aportes que antes realizaba el Tesoro a través del Focede, pero agregan que será recién con la RTI que se definirá cuál debería ser el precio exacto que debería pagar el usuario para que las empresas puedan llevar adelante las inversiones que permitan mejorar el servicio. En Energía también informaron a este diario que hasta ahora son 2,8 millones de usuarios de luz en todo el país los beneficiarios de la tarifa social.

A su vez, en el gobierno confirmaron a Página/12 que el plan nuclear no se detendrá, pero la construcción de la cuarta central atómica recién comenzará el año próximo. “Lo más probable es que sea un reactor de tecnología Candú”, aseguraron. En Energía también aprovecharon para relativizar las declaraciones del subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, quien el jueves pasado aseguró ante trabajadores de la CNEA que se estaba evaluando desmantelar Atucha I, tal como reveló Página/12 el lunes. “Atucha I tiene que seguir funcionando. La necesitamos para que siga aportando energía”, dijeron cerca del ministro Juan José Aranguren, dejando en claro que al funcionario no le entusiasma para nada la idea de desmantelar ese reactor inaugurado en 1974 para destinarlo a fines de investigación.

Otro de los proyectos que aparentemente seguirá adelante es el de las represas Cepernic y Kirchner. El plan para aprovechar el potencial hidroeléctrico del río Santa Cruz fue elaborado en la década del 70 por la ex empresa estatal Agua y Energía, pero en ese momento la Patagonia estaba al margen del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y la iniciativa no prosperó. Recién se reactivó a mediados de la década pasada, cuando el gobierno de Néstor Kirchner avanzó con las obras para integrar el sistema eléctrico de las provincias del sur al resto del país. Luego de dos licitaciones fallidas, en 2012 se realizó una nueva convocatoria y el 21 de agosto de 2013 se le adjudicó la obra a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la china Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo. A partir de entonces se comenzaron a negociar las condiciones del financiamiento con China y la puesta en marcha del proyecto se demoró. Apenas asumió, el presidente Mauricio Macri dejó trascender que evaluaba la paralización de la obra, pero ayer en Energía aseguraron a este diario que el objetivo es seguir adelante, aunque con cambios. “El río Santa Cruz es un recurso genuino que puede aportar el 4 por ciento de la energía que se consume en el país. Estamos analizando los contratos que se firmaron tanto con el gobierno provincial como con la UTE para adecuar esos contratos al marco regulatorio y avanzar además con un análisis del impacto ambiental”, remarcó una fuente oficial.

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