ECONOMíA › ESTADO Y TRABAJADORES, DOS SOCIOS INDESEABLES

Cuanto más lejos, mejor

 Por Raúl Kollmann

La batalla de las principales empresas del país por deshacerse de la presencia de la Anses en su Directorio no es nueva, pero con el nuevo gobierno de Cambiemos se revitalizó. El megaproyecto que el Ejecutivo envió al Congreso entrelazando el cumplimiento de una deuda histórica con los jubilados con el blanqueo de capitales fugados del país, incluye también la habilitación de la venta de las acciones de firmas privadas que forman parte del Fondo previsional de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Los 90 mil millones de pesos que hipotéticamente tendría como precio de mercado esa cartera de acciones no refleja, según los expertos, su “verdadero” valor para quienes serán sus más interesados compradores: los titulares de los paquetes mayoritarios de ese casi medio centenar de empresas en las que el FGS tiene participación. El interés es claro: las grandes firmas no quieren que directores que representen el aporte de trabajadores a un fondo solidario se involucren en decisiones sobre distribución de dividendos, inversiones, políticas salariales, condiciones laborales o despidos. Los funcionarios del área económica, mayoritariamente vinculados a la banca extranjera de inversión, saben que las empresas privadas con participación estatal no son “bien vistas” en el mercado bursátil. “Limpiar” los directorios de esa presencia es, por ello, uno de los objetivos –y no tan secundario– de la mega reforma previsional e impositiva que aterrizó esta semana en el Congreso.

“Hay antecedentes. Ya en 2011 Paolo Rocca ofreció pagarle a la Anses por encima del valor de bolsa para quedarse con el 26 por ciento de las acciones de Siderar que tenía en su poder y evitar que el organismo nombrara directores propios”, recordó un especialista consultado por Página/12. El propio Diego Bossio, titular por entonces de la Anses, declaró ante la Comisión Bicameral, en abril de ese año, que “varias empresas” habían propuesto recomprar sus acciones después de la nacionalización de los activos de las AFJP.

El grupo Techint había sido, por otra parte, la vanguardia en ese mismo año de la batalla por tratar de evitar que la Anses designara directores en las empresas en las que tenía acciones, al punto que llevó el tema a los estrados judiciales. Aunque poco sólido, el argumento le sirvió para fijar posición contra lo que señalaban como “un intento de estatizar” las corporaciones o, dicho más vulgarmente por los mismos voceros, “un ataque chavista al capital privado”. La pretensión del grupo era que el Estado se ciñera al mismo límite que la ley le había fijado a las AFJP en el régimen de capitalización vigente hasta 2008, que le impedía tener una participación de más del 5 por ciento en el paquete accionario de una empresa. Pero ese límite era individual, no para el conjunto que ahora había reunido la Anses en el fondo de garantías.

Tan poco sustento tenía el argumento, que el resto de las empresas desistieron de seguir los pasos de Techint y la dejaron sola ante la Justicia, la que ratificó los términos del decreto de necesidad y urgencia 441/2011 promulgado el 13 de abril de ese año. A partir de su vigencia, el FGS estaría representado en las asambleas de accionistas de las empresas y nombraría directores conforme a la proporción del capital que ostentara. La mayoría de las empresas, incluídas las de Techint, aceptó la incorporación de los directores estatales, otros se resistieron.

La devolución al sector público de los derechos políticos y económicos de los activos del Fondo acumulados en las AFJP a lo largo de 14 años, significaba además dar un corte a una relación leonina. Las principales firmas cotizantes en Bolsa se fondearon durante todo ese período de los aportes previsionales de trabajadores que no tenían una representación política en el Directorio ni se beneficiaban directamente de los resultados, ya que no participaban siquiera de la decisión de distribución de los dividendos.

Esa cartera de participaciones del Fondo de Garantía en empresas privadas hoy representaría, según su valor bursátil, unos 90 mil millones de pesos. Sin embargo, para el economista Alejandro López Mieres, un investigador y especialista en temas financieros y previsionales, ex director de AFJP Nación (la administradora estatal, del Banco Nación). “su valor real es mucho mayor: cualquiera de los grupos económicos mayoritarios en estas empresas estaría dispuesto a pagar un precio mucho mayor al de mercado, a hacer un oferta agresiva, para quedarse con ese 20 ó 25 por ciento de las acciones y deshacerse de la presencia del Estado en el Directorio”. Y ese es, precisamente, el propósito que López Mieres ve detrás de la habilitación que se busca para la venta de las acciones del FGS.

“Con las medidas que anunció el gobierno en materia previsional, el sistema queda desfinanciado, se afectan los ingresos y diría que incluso se pone en riesgo la movilidad jubilatoria”, advirtió. “Además, se dice que el Tesoro Nacional compensará el 15 por ciento de la coparticipación que la Anses dejará de percibir, así como la pensión universal para los mayores de 65, pero no está claro de dónde saldrán esos fondos ni cómo se instrumentará”. A su criterio, “lo que se está gestando es una situación en que la venta de las acciones aparezca como la solución inevitable, como la respuesta a la necesidad de liquidez para cumplir con los jubilados. Y la realidad es que no es el único recurso, pero el gobierno va a producir el hecho político, un hecho simbólico con la venta de las acciones, a favor de sectores empresarios que se lo están reclamando, pero lo presentará como una decisión a la que se llega por obligación, para cumplir con los jubilados en algo que es completamente justo, indiscutible, y que genera una gran sensibilidad popular”.

El costado que no se analiza, afirmó a Página/12 el ex director de AFJP Nación, es que “no se trata de un activo más, sino de un fondo de acciones que se fue formando con el aporte de los trabajadores para hacer sustentable su futura jubilación. Ni siquiera es un activo del Estado, es de los trabajadores que aportaron, un bien colectivo pero que debería ser administrado por los propios trabajadores, por sus representantes y los de los jubilados”. En opinión de López Mieres, “fue un error dejar en manos de los funcionarios que controlan la política económica y fiscal el manejo del Fondo, porque los intereses pueden no ser coincidentes”. La demostración sería evidente ahora, tras el cambio de gobierno. “Hoy el ministerio de Hacienda está en manos de un ex directivo del JP Morgan, la secretaría de Finanzas a cargo de un ex CEO del Deutsche Bank, el titular del FGS es un ex Goldman Sachs. ¿Con qué criterio van a administrar el Fondo? Si los directores en las empresas fueran nombrados por representantes de los trabajadores, los verdaderos dueños del Fondo, seguramente intervendrían en el control de las inversiones, la distribución de dividendos, las políticas salariales y de ambiente de trabajo en cada empresa. Es a eso a lo que le tienen miedo las empresas, hoy pueden tener directores nombrados por este gobierno pero mañana no saben. Prefieren deshacerse de la Anses como socio ahora. A ese interés responde la actual política”, completó el especialista.

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