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Suez Enviroment, principal accionista de Aguas Argentinas, admitió suspender “provisoria” y “parcialmente” su demanda ante los tribunales arbitrales del Banco Mundial (Ciadi) para seguir negociando con el gobierno de Néstor Kirchner nuevas condiciones contractuales. Ese desistimiento aleja el fantasma de que el Estado argentino deba pagar a la compañía los 1700 millones de dólares que reclama como resarcimiento por el congelamiento de tarifas y otras imposiciones de la ley de Emergencia Económica, a semejanza de lo que también han exigido por esta vía casi todos los socios extranjeros de las privatizadas. La suspensión –reclamada por el Gobierno como condición para revisar los contratos– fue anunciada por altos ejecutivos de la firma francesa mediante un comunicado, después del encuentro que tuvieron con varios ministros locales. “Estamos cerca de un acuerdo sin aumento de tarifas y con fuertes inversiones”, advirtió anoche Roberto Lavagna. En realidad, las partes parecen haber encontrado un atajo para sostener una concesión que hace rato podría haberse dado por caída debido a los importantes incumplimientos contractuales.
Yves Thibault de Silguy, presidente de Suez, y Jacques Pétry, titular de Aguas Argentinas, debatieron ayer en Buenos Aires los términos de un acta acuerdo provisoria, a la que el Gobierno exige adherir como condición para seguir renegociando integralmente el contrato. Las bases de este nuevo acuerdo a largo plazo es otro capítulo sustancial de las discusiones en las que ayer tomaron parte los ministros de Economía, el de Planificación, Julio de Vido, y el canciller Rafael Bielsa, y hacia allí se enfoca el verdadero interés de la firma gala.
El acuerdo provisorio también exige la ejecución de un programa de inversiones por alrededor de 153 millones de pesos, adicionales a los recursos que se reúnen en un fondo fiduciario integrado con parte de la facturación. El comunicado empresario precisa que Suez “está considerando” un acta transitoria que permitiría ejecutar obras con “el cash flow de la empresa”, aunque sin precisar números. Pero voceros de la compañía admiten que el monto total a desembolsar estará en el orden de los 242 millones de pesos aludidos por De Vido el día anterior, a su juicio, a integrar del siguiente modo: parte con el superávit operativo de la compañía, parte con aquel fondo específico.
Esto significa que, hasta que no haya un nuevo contrato, los accionistas no harían ningún aporte nuevo de capital ni tomarían ninguna acción que permita subsanar los millonarios incumplimientos pasados, detallados en un reciente informe del órgano regulador. Tampoco estaría definitivamente zanjada la discusión sobre qué tipo inversiones hay que realizar en el corto plazo. El Gobierno aspira a que el grueso de los recursos se oriente a expandir el servicio de aguas y cloacas a sectores que aún no lo tienen. Pero para que esto no le imponga un esfuerzo adicional en el rubro mantenimiento, la compañía reclama que se flexibilicen las exigencias de calidad.
Estas cuestiones forman parte de la intimidad de una discusión que desde ahora se haría en un marco algo más relajado para el gobierno porque Suez admitió suspender hasta fin de año su reclamo ante el Ciadi: no se trataría por ahora la “cuestión de fondo”, aunque sí las de “competencia y jurisdiccional”. Un genuino gesto de acercamiento político, aunque de moderado efecto práctico.
En realidad, la demanda de Suez aún está en estado preliminar y lo primero que considera el Ciadi es si efectivamente el inversor está amparado por el tratado bilateral que invoca (todos los demandantes acusan al Estado argentino de haber violado un acuerdo de inversiones) y si tal violación tuvo lugar. Es decir, si son válidas la competencia y jurisdicción. Sólo después avanza sobre las cuestiones de fondo. En este caso, analizar si la pesificación y el congelamiento tarifario vulneraron las garantías que aquellos tratados le otorgan al capital extranjero.