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Hasta hace una semana, el total de bonos de deuda de los “países emergentes” en el mercado financiero internacional ascendía a 425 mil millones de dólares. De ese monto, algo menos del 20 por ciento corresponden a los títulos argentinos en default. Conociendo las cifras anteriores no es de extrañar que uno de los temas centrales en la agenda del Fondo Monetario sea cómo afrontar futuras “crisis de deuda” y de ahí la importancia que le asigna el G-7 a la resolución del caso argentino. La imposición unilateral de una quita inédita a los acreedores por parte de un gobierno sin mayor respaldo internacional, y con discurso “progre”, dejaría la puerta abierta a una rebelión en la aldea.
El problema es que hasta ahora los gobiernos y burócratas que fijan las reglas de juego en los mercados globales no encontraron una fórmula que garantice que los default por venir serán menos traumáticos, para acreedores y deudor, que el argentino.
Los representantes del G-7, liderados por el Tesoro norteamericano, impusieron en el último año la moda de las llamadas “cláusulas de acción colectivas”. Dichas cláusulas, incluidas en la emisión de los nuevos bonos soberanos, establecen que el deudor puede, con acuerdo de una mayoría calificada (66 o 75 por ciento) de acreedores, modificar los términos financieros del título. La idea es que el deudor pueda ofrecer una reestructuración de sus pasivos sin llegar a la quiebra –default– y evitar, al mismo tiempo, que algún fondo buitre bloquee la renegociación.
Este mecanismo fue la respuesta del G-7 tras rechazar el proyecto de Anne Krueger, quien propuso un esquema similar a las convocatorias de acreedores empresarias, pero a nivel de Estados, lo cual requeriría, entre otras cosas, un tribunal internacional donde dirimir posiciones. Dicho sea de paso, el veto de Washington a la propuesta de su mujer en el Fondo dejó a la Krueger en ridículo, desplazándola a un rincón en el ajedrez político de las instituciones de Bretton Woods.
Desde marzo último, el 90 por ciento de las emisiones de bonos de los “emergentes” (lejos de la connotación positiva del adjetivo inventado en los ‘90, un documento reciente del FMI los define por su inestabilidad y fragilidad institucional) contiene las mencionadas cláusulas de acción colectiva. Es el caso de los títulos emitidos por Brasil, Colombia, Corea, Líbano, México, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Turquía y Uruguay, todos bajo jurisdicción legal de los tribunales de Nueva York.
Las cláusulas colectivas, obviamente, elevan la probabilidad de que en el futuro cada vez más países opten por reestructurar sus deudas, modificando las condiciones originales de los contratos. Sin embargo, ninguna de aquellos bonos pagaron un “sobrecosto” de tasa de interés. La conclusión es que los financistas son conscientes de los nuevos riesgos de la timba y prefieren suspender transitoriamente las operaciones del casino antes que seguir apostando en medio de las llamas, a puertas cerradas.
El otro instrumento que se discute por estos días en el Fondo es más pintoresco, y refleja las dificultades que existen para hallarle la vuelta al asunto. Se trata de un “Código de Conducta” que, según un informe del Fondo, “facilitaría el diálogo entre deudores y acreedores, promovería políticas correctivas para reducir la frecuencia y la severidad de las crisis, y mejoraría las perspectivas para una resolución ordenada y veloz de las crisis”. Basta leer los postulados del Código para entender la desorientación del Fondo:
- Transparencia en la información. “Los inversores deben acceder a datos de los deudores a tiempo y éstos deben encontrar maneras más efectivas de comunicar sus políticas futuras”.
- Mayor cooperación deudor-acreedor. Se debate la creación de un “comité asesor de acreedores” para “acompañar” a los gobiernos en las crisis.
- Buena fe durante la reestructuración.
- Trato justo a todas las partes. Curiosamente, el FMI no dice nada de su condición de acreedor privilegiado.