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El ministro de la Producción, Aníbal Fernández, aseveró ayer que la posibilidad de un aumento de tarifas de los servicios públicos privatizados, del 10 por ciento promedio, “todavía no está cerrada y se seguirá hablando”. En Economía, en cambio, aseguran que la decisión de ese ajuste ya está tomada. En tanto, se conocieron a través del Boletín Oficial las resoluciones 521 y 522/2002 por las que el ENRE autorizó un ajuste estacional para el verano (noviembre 2002-abril 2003) sobre los precios mayoristas de la electricidad. Por este motivo, las tarifas de Edenor bajarán 0,1 por ciento, las de Edesur 0,6 por ciento y las de Edelap subirán 0,2 por ciento.
Pese a lo dicho por Fernández, se sabe que un ajuste de las tarifas forma parte de las conversaciones entre los funcionarios del FMI y del gobierno argentino, punto sobre el cual reclamarían un incremento para este rubro del orden del 35 por ciento. El Gobierno rechazó un ajuste de esta magnitud y ha señalado su disposición a autorizar un aumento promedio de 10 por ciento, al menos en una primera etapa, contemplando la vigencia de una tarifa de interés social para los sectores de menores recursos y consumos, por caso, de electricidad y gas por redes.
El viernes último, la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a un pedido de suspensión de las audiencias públicas que habían sido convocadas para esta semana para analizar pedidos de ajuste tarifario planteados por las empresas licenciatarias de tales servicios. Ayer, el Ente Nacional Regulador del Gas apeló esa decisión judicial, y a la brevedad hará lo mismo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, cumpliendo así con cuestiones de procedimiento legal.
En tanto, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, y el diputado socialista Héctor Polino reiteraron –por separado– sus advertencias al Poder Ejecutivo para que no recurran al decreto porque ello sería inconstitucional. Ambos consideran que la cuestión tarifaria deberá ser contemplada en el marco de una renegociación global de los respectivos contratos de concesión de los servicios, tal como está ocurriendo en los casos de Aguas Argentinas y de los corredores viales mantenidos con peaje.
Por su parte, las empresas a cargo de los servicios de gas y de electricidad reiteraron en las últimas horas al Gobierno su pedido de adecuación tarifaria, argumentando el perjuicio económico y financiero que les está acarreando la devaluación y la eliminación –por la Ley de Emergencia Pública 25.561 dictada en enero– de cualquier fórmula de indexación automática como las vigentes por contrato hasta ese momento.