ECONOMíA › PROYECTO QUE LIMITA FALLOS CAUTELARES CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS

La acción del Gobierno y el veto judicial

 Por Sebastián Premici

El bloque oficialista en Diputados intentará darle media sanción a un proyecto de ley que limita las medidas cautelares que se interpongan contra el Estado. Así está previsto en el borrador del plan de Labor Parlamentaria para la sesión del miércoles. Las cautelares son dictadas por los jueces para frenar decisiones –tanto públicas como privadas– que crean un daño irreparable, como los aumentos de tarifas, la suspensión de diversos servicios o arbitrariedades administrativas. Con esta modificación del Código Procesal Civil y Comercial, el Estado podría alegar ante cada medida en su contra, que se está provocando un daño al interés público y así frenar cualquier decisión judicial. El proyecto, cuya autoría corresponde al legislador del FpV Juan Pais, ya fue considerado en la sesión del pasado 20 de mayo, pero a la hora de la votación fue excluido del temario –por algunas diferencias dentro del bloque oficialista y de la oposición–, con la excusa de que peligraba el quórum para el tratamiento de la nacionalización de la fábrica de aviones Lockheed.

Además de tratar en la sesión de mañana el polémico proyecto sobre la identificación del ADN, la Cámara baja incluirá en su temario una serie de iniciativas que no tienen disidencias ni observaciones. Una de ellas es el proyecto del diputado Pais, que modifica los alcances de las medidas cautelares contra el Estado. “La autoridad administrativa podrá alegar que la suspensión (de una decisión del Estado) provoca un grave daño al interés público y que, en tal caso, el juez podrá dejar sin efecto la suspensión en cuestión”, puede leerse en el proyecto de ley.

La iniciativa lleva las firmas de Pais, Jorge Landau, Luis Cigogna, Paula Bertol (PRO) y Hugo Prieto (Concertación), entre otros legisladores de la oposición. “No se podrá dictar una medida cautelar cuando se afecte el interés público. Entonces no se podrá dictar nunca. Esta norma viola el artículo 42 de la Constitución Nacional que defiende los derechos de los consumidores”, señaló un especialista en defensa del consumidor que suele ser consultado en el Congreso.

El tema en cuestión ya estuvo incluido en el Plan de Labor de la sesión del pasado 20 de mayo, junto a una decena de proyectos sin disidencias ni observaciones. Los 158 diputados presentes ese día habían ratificado su voluntad de aprobar la modificación de las medidas cautelares al comienzo de la sesión. Sin embargo, el oficialismo lo sacó del temario en silencio. Para quitar un proyecto del Plan de Labor ya aprobado, se necesitan los dos tercios de la Cámara.

Según explicaron a Página/12 –luego de la sesión del 20 de mayo– colaboradores cercanos al legislador Pais, el proyecto había generado cierta rispidez dentro del propio bloque y la oposición, por lo que se ponía en peligro el quórum para aprobar la nacionalización de la fábrica de aviones Lockheed. “Fue una cuestión política. El único objetivo de esa sesión era votar el tema de Lockheed. El resto era negociable. Y como había que tratar también sobre tablas la iniciativa de Victoria Donda para no permitir la participación en elecciones de aquellos vinculados con la última dictadura, el proyecto se sacó”, explicaron a este diario.

Ahora el oficialismo volverá a insistir con la propuesta, que busca ponerle un límite al accionar de los jueces y de los ciudadanos que se vean perjudicados por alguna decisión administrativa gubernamental. “Ante cada medida, el Estado tendrá tres días para dar su opinión y si considera que es perjudicial para sus propios intereses, el juez tendrá que actuar en consecuencia”, reconoció Pais a Página/12, en su edición del 21 de mayo. Desde el bloque de la Concertación, el diputado Hugo Prieto señaló a este diario que se busca limitar “la excesiva generosidad de los jueces a la hora de dictar las cautelares”. “Esto impedirá el control de la Justicia y los ciudadanos sobre cualquier acto del Ejecutivo”, concluyó a Página/12 un especialista en defensa del consumidor.

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