SOCIEDAD › OTORGAN LA PROBATION A LA JUEZA PARRILLI Y LE SACAN EL REGISTRO PARA CONDUCIR

A Cáritas, viajando en colectivo

La jueza que insultó y discriminó a dos empleadas evitó el juicio penal. Deberá trabajar en Cáritas durante un año y medio. También por ese lapso le fue retirado el registro para conducir. Además, tendrá que indemnizar a las víctimas. El fiscal apelará la decisión.

 Por Emilio Ruchansky

Al juez contravencional Norberto Circo le pareció correcta la oferta de su colega de fuero, la magistrada Rosa Parrilli, de someterse a trabajos no remunerados para Cáritas y pagarle cinco mil pesos a cada una de las empleadas que insultó, amenazó y discriminó el 15 de septiembre pasado. Por eso, ayer Circo le concedió la probation, como forma de evitar el juicio oral. Pero la medida no está firme. El fiscal del caso, Angel Carestía, prometió apelar esta sentencia antes del fin de semana. Fuentes judiciales señalaron que Carestía basará su apelación en el hecho de que la imputada dijo estar ejerciendo su rol de funcionaria pública al momento de pedir, de muy mala manera, que le devolvieran el auto porque estaba en medio de un operativo. Si la Cámara Contravencional coincide, la ley indica que Parrilli no podría gozar del beneficio de la probation.

La decisión de Circo consta en un acta de una audiencia firmada ayer. La probation había sido ofrecida por los abogados de Parrilli, Juan Pablo Alonso y Deborah Leichtmann, junto con la oferta monetaria mencionada para Rocío Marlene Gómez y María Itatí Albe, las dos empleados de la empresa SEC –encargada de remolcar los autos mal estacionados en la ciudad de Buenos Aires– que soportaron el acoso de Parrilli. El mismo día en que se hizo la oferta, el fiscal Carestía dejó entrever que estaba en desacuerdo, al igual que las damnificadas.

Las “tareas comunitarias” que la jueza podría desempeñar en Cáritas son múltiples, desde trabajar como administrativa o recaudar donaciones hasta cocinar en algunos de los comedores que tiene la asociación vinculada con la Iglesia. En la audiencia se estipula que deberán ser cuatro horas semanales durante un año y medio. La oferta inicial de Parrilli incluía dejar de conducir por un año, aunque Circo, titular del Juzgado Penal en lo Contravencional 23, decidió que fuera “un año y medio”.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal enumeraron a Página/12 las razones por las que el fiscal apelará la sentencia. Una de ellas es técnica y tiene que ver con la primera frase lanzada por Parrilli, no bien entró en la playa de infractores de avenida 9 de Julio y Sarmiento: “Yo soy jueza, me sacaron el auto mientras estaba haciendo un procedimiento; no es la primera vez que me pasa, estoy trabajando y necesito el auto ya”.

Más allá de que esto sea cierto o no, la jueza “invocó estar en ejercicio de su funciones y según el Código Penal, un funcionario público no puede acceder a la probation”, dijo la fuente consultada. El motivo, según reza el Código, es que está prevista la inhabilitación como posible pena. “Esto sin contar que para una gran parte de la biblioteca judicial las investiduras se llevan 24 horas, algo que de todas formas es discutible”, agregó.

También hoy otro argumento técnico, que contaría con el peso de la jurisprudencia del máximo tribunal porteño, por la que la opinión de un fiscal es vinculante. “Bajo esta lógica, sólo puede haber probation si el fiscal está de acuerdo”, remarcaron desde la Procuración General de la Nación. Además de los motivos técnicos, hay razones de política judicial. “Esto quiere decir que el fiscal, que representa al pueblo, cree que por la importancia del caso y la trascendencia pública es mejor que se dirima en un juicio”, explicó la fuente judicial, que suele hablar en representación de Carestía.

El fiscal acusó a Parrilli de los delitos penales de amenazas y discriminación. El primero incluye penas de prisión de seis meses a dos años, el segundo de un mes a tres años. De apelar la medida de Circo, algo que sucedería en los próximos días, el caso llegará a la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas. Aunque la feria judicial se avecina (comienza el primero de enero), desde la Procuración General de Nación adelantaron que las fiscalías porteñas no cerrarán sus puertas por tratarse de “un servicio público”.

En paralelo a la causa penal, el Consejo de la Magistratura porteño resolverá hoy si envía a juicio político a Parrilli. Tres miembros ya votaron en su contra al firmar el dictamen acusatorio. Con tres votos más, la jueza estaría del otro lado del estrado.

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El fiscal pedirá que la Cámara rechace la probation a Parrilli.
 
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