“Simplemente el Bank of New York Mellon no debe ser responsable por haber retenido el pago del 26 de junio, en cumplimiento de los requerimientos judiciales”, se defendió ayer el ente fiduciario en una nota enviada al juez neoyorquino Thomas Griesa. La carta, firmada por el abogado Eric Schaffer, responde a la misiva de los tenedores de deuda argentina bajo jurisdicción europea, quienes anticiparon que accionarán contra el BoNY si no se liberan los fondos depositados por el Estado argentino para el pago del vencimiento del bono Discount. El escrito de Schaffer mantiene una posición de fidelidad con la ley de su país.

“Es indudable que la obediencia a las órdenes judiciales es una política pública importante. Una orden judicial emitida por un tribunal debe ser obedecida hasta que el requerimiento sea retirado. Todas las partes y las no partes interesadas (en el caso) están de acuerdo con que la retención del dinero del BoNY en sus cuentas respeta totalmente los requerimientos del tribunal y mantiene el statu quo”, sostiene la carta enviada al magistrado del circuito de Manhattan. El BoNY mantiene, por orden de Griesa, congelados en sus cuentas en el Banco Central argentino el equivalente a 539 millones de dólares que son propiedad de los tenedores de deuda argentina tanto con legislación estadounidense como europea. Ante esto, los bonistas europeos reclamaron la falta de autoridad de Griesa con respecto a la serie europea.

El BoNY asegura que “el tribunal (de Estados Unidos) tiene la autoridad para emitir la orden propuesta y debería hacer ejercicio de su poder por el beneficio de la no parte del Bank of New York Mellon, que está comprometida con los requerimientos de esta corte y actuó en consonancia con ellos”, agrega Schaffer, quien califica de “amenazas” la presentación de los denominados Euro Bondholders.

“El tribunal no debe recompensar a los tenedores de bonos en euros por amenazar con presentar demandas en tribunales en el extranjero con el propósito expreso de deshacer las acciones de cesación de este tribunal”, señala el texto del banco fiduciario, que fue intimado por el gobierno argentino para que cumpla con el contrato del fideicomiso y distribuya los fondos a los bonistas.