Desde México DF

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, brazo derecho del presidente Felipe Calderón y segundo hombre en el gobierno mexicano, murió la noche del martes al caer la avioneta en la que volaba del estado de San Luis Potosí de regreso a la capital del país. Junto con él murió también el ex subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República José Luis Santiago Vasconcelos, quien había sido titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) hasta principios de enero de 2007, a cuya cabeza habían puesto precio los carteles del narcotráfico.

Las especulaciones sobre un posible atentado no han podido ser disipadas por el gobierno, pese a las primeras versiones oficiales que sostienen la inexistencia de otras hipótesis “diferentes” a las de un accidente aéreo. Sin embargo, tampoco existe una postura gubernamental que las ataje. Por el contrario, apenas una hora después del desplome de la nave, el propio presidente Felipe Calderón anunciaba que su administración “realizará todas las investigaciones necesarias para determinar las causas que originaron esta tragedia”, y endurecía el discurso. La muerte de Mouriño, responsable de la seguridad interna del país, “me causa un gran pesar”, dijo Calderón, pero advirtió que “al mismo tiempo es para mí un motivo poderoso para pelear sin descanso, y ahora más que nunca, por los ideales que compartimos”. Inmediatamente después se encerró con su gabinete de seguridad en la residencia oficial de Los Pinos. En su discurso, Calderón nunca usó la palabra “accidente”.

Las sospechas se incrementaron también porque el gobierno confiscó todas las comunicaciones sostenidas entre los controladores aéreos y la aeronave con matrícula XCVMC, tipo Learjet 25, que era parte de la flota asignada a la Secretaría de Gobernación. Antes de esto, los responsables de la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México emitieron declaraciones encontradas a noticieros de radio y televisión: primero dijeron que el piloto había declarado una emergencia, pero luego cambiaron la versión y afirmaron que no hubo contacto antes de que la nave cayera y estallara en llamas a las 18.41 sobre el denso tránsito de la capital del país entre el Paseo de la Reforma y Periférico Norte, una zona de grandes edificios de oficinas. En total, murieron trece personas, las nueve que viajaban en la nave y cuatro que circulaban en sus automóviles. Cuarenta personas más resultaron heridas.

La consternación de Calderón, al confirmar la muerte de Mouriño, era más que evidente. El presidente había perdido no sólo a su más cercano amigo y colaborador –artífice, según muchos, de la estrategia que llevó al sucesor de Fox a Los Pinos–, sino a su delfín. Ante la mediocridad política del primer círculo calderonista, Mouriño se había perfilado como aspirante a la presidencia de la República en 2012.

Mouriño debía su carrera política a su cercanía con Felipe Calderón, a quien conoció en la Cámara de Diputados cuando ambos eran legisladores. Calderón era coordinador de la fracción panista y Mouriño encabezaba la Comisión de Energía. Cuando Calderón fue nombrado secretario de Energía en la administración de Vicente Fox, se llevó a Mouriño como subsecretario. La mancuerna de funcionarios fue acusada por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador de tráfico de influencias en la asignación de contratos firmados por Mouriño en su calidad de funcionario público en favor de las empresas de su familia, en el sudeste del país, de las que él mismo era apoderado legal. El último escándalo ocurrió apenas la semana pasada, cuando la Procuraduría General de la República negó a un ciudadano el acceso a documentos recibidos del gobierno de España sobre una presunta investigación contra el padre de Mouriño por lavado de dinero en sus empresas en Europa.

Las sospechas sobre un atentado se alimentan también por la muerte de José Luis Santiago Vasconcelos, quien desde hace 20 años era una pieza clave dentro de la Procuraduría General de la República en el combate al crimen organizado, por lo que recibió varias amenazas de muerte. Se le atribuyen las investigaciones para detener a narcotraficantes de la talla de Osiel Cárdenas Guillén, Juan García Abrego, Amado Carrillo Fuentes (“El señor de los cielos”) y a cabecillas de los Zetas y del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, así como el trabajo jurídico que recientemente permitió la extradición a Estados Unidos de varios narcotraficantes. En enero de este año, Vasconcelos se salvó de dos atentados que serían cometidos en su contra por sicarios de los Beltrán Leyva, que fueron detenidos fortuitamente por la policía capitalina antes de ser realizados.

El último cargo de Vasconcelos era como secretario técnico para la implementación de la reforma penal en materia de seguridad y justicia penal, y él no es el primer alto funcionario policíaco que muere en un extraño accidente aéreo. El 21 de septiembre de 2005 se desplomó un helicóptero en el que viajaba Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública del entonces presidente Vicente Fox, quien murió junto con sus ocho acompañantes. La versión oficial es que se trató de un “accidente” ocasionado por “malas condiciones climatológicas”. Sin embargo, la investigación sigue abierta, aunque sin ningún avance.

Paradójicamente, la última respuesta que dio Juan Camilo Mouriño a la prensa, al terminar la gira que hizo en San Luis Potosí, fue sobre el combate al crimen organizado, tratando de negar que el gobierno de Calderón va perdiendo esta guerra: “Yo creo que no podemos medir el resultado de esta lucha simplemente por el número de ejecuciones”, dijo Mouriño. Hasta ayer iban 4325 muertos en lo que va del año.