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La Casa Blanca pidió elecciones anticipadas en Venezuela, como la vía “democrática” que saque al país de la crisis causada por doce días consecutivos de huelga general, lo que paradójicamente es anticonstitucional, es decir, antidemocrático. El pedido de la Casa Blanca se produjo en momentos en que Venezuela afirmaba poseer el apoyo de los miembros de la OPEP, mientras el presidente Hugo Chávez baraja la posibilidad de que técnicos de esa organización se incorporen a sacar a flote la producción de la industria petrolera. Ante el impacto económico de la huelga que hace perder de 40 a 50 millones de dólares diarios en concepto de exportaciones petroleras, la agencia de calificación financiera crediticia Standard & Poor’s recortó la nota de la deuda en divisas a largo plazo de Venezuela, a “CCC+”, con perspectiva negativa.
La opositora Coordinación Democrática, un conglomerado de partidos opositores que liga a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la patronal Fedecámaras, está llevando la huelga general a las últimas consecuencias. Su primera demanda había sido el llamado a un referéndum consultivo en febrero; luego, a partir del alto atacamiento del paro, eso quedó atrás y tomó vigor la exigencia de llamar a elecciones anticipadas. Pero esa posibilidad no existe en la Constitución bolivariana de Venezuela. Según marca la Constitución, en la mitad del mandato del gobernante se puede llamar a un referéndum revocativo en busca de una salida del presidente, lo que en el caso de Chávez sería recién en agosto de 2003. De este modo, lo que hizo Estados Unidos ayer es tomar posición a favor de los opositores y contra la Constitución.
Pero el detalle fue ignorado en la retórica de la administración. “Urgimos por una solución electoral pacífica, democrática, constitucional y políticamente viable a la crisis de Venezuela”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, al reafirmar los esfuerzos del secretario general de la OEA, César Gaviria en Caracas “para facilitar un resultado de este tipo”. Bush envió a Caracas al subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, quien señaló que Estados Unidos espera una solución electoral enmarcada en la Constitución para el conflicto que vive Venezuela. Chávez, en tanto, declaró que “estamos dispuestos a discutir políticamente pero en el marco de la Constitución de la República”. Su canciller Roy Chaderton señaló en este sentido: “Hay dos opciones legales y constitucionales: el referéndum consultivo y el referéndum revocatorio. Aparte de estas dos soluciones constitucionales, podríamos trabajar la idea de alternativas dentro de la Constitución”. Un dato no menor es que Chávez se ha negado a aceptar un referéndum consultivo sobre su permanencia en el poder, que ha sido solicitado por la oposición con el aval de más de dos millones de firmas.
El llamado de Estados Unidos llegó luego de que el gobierno venezolano se plantara firme ante la prolongación de la huelga petrolera, ordenara sanciones al liderazgo opositor y consiguiera el apoyo de la OPEP para cumplir con sus clientes –sobre todo, Estados Unidos–, aliviando la presión económica por los incumplimientos. Chávez parecía apostar a que el tiempo agote a los huelguistas, cuando se aproximan las fiestas de fin de año, al afirmar que estaba dispuesto a que este país, quinto productor de crudo, importe petróleo para mantener al país funcionando. El precio del petróleo continuó subiendo ayer a 27,25 dólares, al día siguiente de la decisión de la OPEP de subir su producción.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se preparaba ayer para celebrar una sesión extraordinaria que, a pedido de Caracas, considerará la grave crisis política que afecta a Venezuela. La Iglesia Católica venezolana se sumó a los llamados para encontrar salidas pacíficas y democráticas. Los trabajadores petroleros, a su vez, realizaron asambleas multitudinarias en Caracas y en Maracaibo para exigir la renuncia de Chávez y del presidente del holding estatal, Alí Rodríguez, ex presidente de la OPEP; también reclamaron anular los despidos de cuatrogerentes rebeldes. La oposición continúa asegurando que la paralización en la industria petrolera es casi total, mientras el gobierno dice que está retomando el control con la designación de nuevos gerentes.