Desde Barcelona

Hoy Mariano Rajoy tendrá, por fin, que dar explicaciones ante el Congreso por la supuesta financiación ilegal de su partido, el PP, y por el cobro de sobresueldos que superarían los 40 millones de euros. La oposición, liderada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), forzó a comparecer a un mandatario obstinado en no decir palabra y ahora aguarda con recelo su intervención, que teme “llene de cortinas de humo”.

Para conocer de cerca la postura de la segunda fuerza política de España, Página/12 habló en Barcelona con Miquel Iceta, viceprimer secretario y portavoz del Partido Socialista de Cataluña.

–El presidente es muy conocido por su capacidad de esquivar los problemas y mirar hacia otro lado, así que creo que intentará centrarse en los elementos que muestran una leve mejora de la economía y, completamente blindado por su mayoría absoluta, pasar el trámite y punto.

–Al ritmo que marcan los procedimientos judiciales, es decir, de forma larga, con revelaciones de vez en cuando que tendrán probablemente efectos electorales a la hora de ir a las urnas, pero sin consecuencias políticas en lo inmediato.

–Eso fue una forma de reivindicar el papel del Parlamento ante el intento de Rajoy de no comparecer. Pero una vez conseguido que declare (y hay que ser sincero, el presidente se vio sin escapatoria por la presión del Congreso y por la de la prensa internacional) la amenaza de la moción ya cumplió su objetivo y allí se queda.

–Yo soy tradicional en esto, el PP ganó las elecciones por mayoría absoluta así que es a él a quien le corresponde gobernar. Pero sí creo que harían bien en encontrar a alguien que marque una ruptura con respecto a la situación actual, porque si se confirma que su partido estuvo financiado irregularmente durante 20 años y que, además, esos ingresos se traducían en sobresueldos a sus dirigentes, estamos ante un verdadero sistema de financiación irregular, que no es un mal menor. Es un daño irreparable para el sistema democrático.

–Primero, establecer mecanismos por los cuales una mayoría absoluta no blinde a un gobierno de toda responsabilidad. Segundo, sancionar una ley de transparencia eficaz que controle las cuentas de los partidos. Hay muchas cosas para hacer, pero es imprescindible que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo, porque la idea de un sistema agotado los perjudica a los dos por igual.

–El PSOE sí que hizo propuestas de reformas democráticas, pero el PP no se abre a discutirlas.

–Es evidente que los mecanismos de control externos de la administración no funcionan porque, si bien no hay sistema que garantice que todo el mundo se comporte correctamente, uno bien hecho sí que debería asegurar que se detectan las irregularidades, se corrigen y se castigan. Hace 10 años, en los tiempos de bonanza económica, todos éramos felices y nadie se preocupaba demasiado por estas cosas. Pero ahora, cuando hay un índice de desocupación tan alto y unas perspectivas tan negras para los jóvenes, cualquier desviación es vista con mayor indignación.

–No, claro. Este caso alcanza dimensiones enormes. Muchas veces los partidos necesitan dinero y se lo procuran de forma ilegal porque, como en teoría no pueden hacerse donaciones privadas, las agrupaciones buscan otros mecanismos para subvencionarse. Pero lo que es novedad en el “caso Bárcenas” es que, además, parte de ese dinero se lo repartan entre sus dirigentes. Esto, que yo sepa, no había pasado nunca.

–Negativamente. El PSOE enfrenta ahora dos grandes problemas: uno, el no haber visto venir la crisis y no combatirla en coherencia con los pensamientos tradicionales de la izquierda. Otro, sin duda, los casos de corrupción, con el agravante de que los tiempos de la política y la Justicia son muy distintos. Los partidos tendemos a parapetarnos en la espera de que los magistrados resuelvan y ¿mientras tanto? Se disuelve la confianza de la gente.

–Yo creo que un político no tiene que dimitir cuando lo imputan, sino cuando un juez formula cargos en su contra. Estar imputado es sencillamente que te llamen a declarar porque hay algún indicio acusatorio. Si después de esas diligencias, el juez abre una causa porque considera que ésos no son indicios sino pruebas, entonces sí. Pero antes no, porque el riesgo de injusticia sería muy alto.

–Eso ya es otra cosa y yo soy partidario de que la figura del indulto para el político no exista porque la sociedad tiene derecho a esperar más de una persona que tiene ese compromiso y esos privilegios.

–Aquí sí que estamos ante un caso en el que el juez ya terminó la instrucción y da como probadas acusaciones muy serias: la financiación irregular del partido y de su fundación, la utilización de un intermediario, el Palau de la Música, para canalizar fondos y desviarlos a empresas privadas...Artur Mas no se puede escapar. Lleva cuatro años diciendo que esto no va con él y que la Justicia ya resolvería. Entonces ahora ¿quién se hace responsable y da garantías al ciudadano para que esto no vuelva a suceder? España es un país de base católica, así que si un político saliera diciendo que se equivocó y pidiera perdón, tendría premio. Pero ni siquiera, tienen la oportunidad y la desperdician.