EL MUNDO › EL PARLAMENTO Y UNA FISCALIA LA EXIMIERON DE CULPA EN UNA COMPRA DE PETROBRAS

Exculpan a Dilma en una investigación

El informe libró de culpa a la presidenta de Brasil, entonces integrante del consejo de administración de Petrobras como ministra de la Presidencia, y responsabilizó a los directores de la empresa, incluso a uno echado por el gobierno.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el fiscal general de la República del Brasil libraron de responsabilidad a la presidenta Dilma Rousseff por las maniobras de Petrobras en Estados Unidos, que causaron perjuicios millonarios a la petrolera estatal. El negocio, que también es objeto de investigación por parte de una comisión parlamentaria y de la fiscalía de Río de Janeiro, está vinculado con la compra de una refinería en Pasadena, Texas, en 2006. La propia Rousseff ha acusado reiteradamente a los opositores a su gobierno de atacar a Petrobras con fines electoralistas.

Un informe aprobado por el TCU y difundido anoche eximió de culpa a la presidenta, entonces integrante del consejo de administración de Petrobras en calidad de ministra de la Presidencia, y responsabilizó a los directores de la empresa, entre ellos el entonces presidente de la compañía, José Sergio Gabrielli. El TCU ordenó que los inculpados paguen a Petrobras 792,3 millones de dólares, dinero que se considera que la empresa perdió con la operación.

Entre los acusados, figuran el entonces director del Area Internacional Nestor Cerveró, despedido cuando el negocio fue descubierto, y el actual director de Relaciones con los Inversores, Almir Barbassa. El magistrado José Jorge de Vasconcelos Lima, juez instructor del caso, afirmó que existen “robustos indicios de actos que impusieron perjuicios a Petrobras” por parte de la directiva de la empresa, según declaraciones recogidas por la estatal Agencia Brasil.

Los directivos, algunos de los cuales ya no están en la empresa –como Gabrielli–, tendrán 15 días para presentar los argumentos de sus defensas.

Para garantizar el pago de la multa impuesta, el TCU determinó el bloqueo de los bienes de los imputados para impedir que vendan cualquier propiedad que pueda ser incautada por las autoridades.

De forma paralela, el fiscal general del Estado, Rodrigo Janot, decidió archivar el miércoles un proceso abierto a instancias de un grupo de diputados opositores que pedía la investigación del papel del consejo de administración de Petrobras, incluyendo a Rousseff, en la operación. Según un comunicado de la Procuraduría General de la República, “no es posible imputar la comisión de delito de ninguna especie a los miembros del consejo de administración”.

La decisión de Janot no se aplica al proceso que tramita en el Ministerio Público (fiscalía) de Río de Janeiro, que continúa abierto para investigar la compra de la refinería. Se considera que Petrobras aceptó pagar por la refinería más de su precio real, aun teniendo en cuenta que era necesario realizar nuevas inversiones para la modernización de ésta, según informó la versión online del diario O Globo. El entonces titular del TCU, Benjamin Zymler, pidió una revisión de la compra por considerar que el valor pagado era muy alto.

Petrobras compró la mitad del capital de la refinería de Pasadena por 360 millones de dólares a la empresa belga Astra Oil, que un año antes había pagado 42,5 millones de dólares por la totalidad de la planta. Debido a una cláusula en el contrato, Petrobras fue forzada a desembolsar otros 820 millones de dólares por la otra mitad del capital. Cuando se destapó el escándalo, Rousseff afirmó que la compra de la refinería fue autorizada por el consejo de administración de Petrobras con base en un informe “defectuoso” elaborado por Cerveró.

Sin embargo, la mandataria defendió en abril el desempeño de la petrolera estatal y aseguró que no aceptará ataques a Petrobras por motivaciones políticas y electorales. “Como presidenta, pero sobre todo como brasileña, defenderé a Petrobras bajo cualquier circunstancia y con todas mis fuerzas. No transigiré en combatir todos los tipos de errores, acciones criminales, tráfico de influencias, corrupción o ilegalidades de cualquier especie, cometidos por quien quiera que sea. Pero igualmente no me quedaré callada ante la campaña negativa de los que, en beneficio político, no dudan en denigrar la imagen de esa empresa que nuestro pueblo construyó con tanto sudor y lágrimas”, expresó en ese entonces.

“Más que una empresa, Petrobras es un símbolo de la lucha de nuestro pueblo, de la afirmación de nuestro país, y uno de los máximos patrimonios de cada uno de los 200 millones de brasileños.”

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Rousseff ha acusado reiteradamente a los opositores a su gobierno de atacar a Petrobras.
Imagen: EFE
 
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