Desde Barcelona

El tiempo de las amenazas acaba de dar paso al de los hechos. Con un Consejo Extraordinario de Ministros, el presidente Mariano Rajoy dio orden expresa al Tribunal Constitucional (TC) de adoptar los recursos legales necesarios para anular el decreto firmado el sábado por el gobierno de Cataluña para convocar su consulta independentista del 9 de noviembre. A las dos horas –un tiempo record para este tipo de procedimientos– el TC admitía a trámite el recurso de Rajoy y suspendía así por el lapso de cinco meses el sueño soberanista.

El pleno resolvió por unanimidad invalidar tanto el decreto de la convocatoria del referéndum y la ley de consultas que el Parlamento catalán aprobó la semana pasada para darle protección legal a la votación como “las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas con ella”, según figura en su providencia. Esta paralización impide al gobierno de Cataluña avanzar en los preparativos del referéndum por un tiempo máximo de cinco meses, aunque la Generalitat lleva semanas manteniendo en incógnita los pasos que seguiría tras la suspensión (que todos daban por segura).

En tono inflexible, Rajoy declaró tras el Consejo de Ministros que el referéndum no va a llevarse a cabo porque “va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y perjudica a su bienestar”.

El jefe del Ejecutivo recordó ante la prensa que lleva desde diciembre advirtiendo que la consulta soberanista “no se va a celebrar”, ya que “ni por su objeto ni por su procedimiento es compatible con la Constitución” y en ese mismo sentido ratificó que el decreto que se firmó el sábado en el Palau de la Generalitat choca contra el artículo primero de la Carta Magna, que recoge que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y no en una parte. “Es falso que el derecho a votar y decidir se lo pueda atribuir unilateralmente una comunidad y negárselo al resto de la nación. Es demagógico y suena bien, pero quien esgrime ese derecho en realidad le está privando de él a quien realmente le corresponde, que es la nación española. El derecho que quiere darles a unos Artur Mas, se lo está sustrayendo al resto”, declaró Rajoy.

No obstante, el presidente de Gobierno quiso dejar entreabierta una puerta al diálogo con su homólogo catalán, consciente de que su habitual cerrazón es el blanco de buena parte de las críticas que recibe. “Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación, buscar un diálogo fructífero, siempre dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad en una democracia seria y responsable como es la nuestra. Todo el diálogo dentro de la ley y ninguno fuera de la ley. Estoy abierto a todas las iniciativas pero siempre dentro de la legalidad”, recalcó Rajoy como mensaje final de su discurso.

Si Artur Mas acata la resolución del Constitucional y no saca las urnas a la calle, el jefe del Ejecutivo español asegura que se podrá –de forma conjunta– buscar soluciones a la larga lista de demandas que Cataluña tiene hacia el poder central. Sin embargo, cuando se le preguntó –aceptó tres preguntas de la prensa– si eso incluía la posibilidad de una reforma constitucional, tal como lo exige, por ejemplo, el Partido Socialista (PSOE), el presidente respondió: “Lo prioritario ahora es defender la Constitución. A partir de ahí, se puede reformar”.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, cree que la vía socialista para “renovar el marco de convivencia común” pasa por la reforma de la Constitución de 1978 “desde una perspectiva federal, que nos permita una convivencia fructífera para todos. Hay que defender la Constitución, pero su mejor defensa es su renovación” advirtió en una rueda de prensa brindada tras el Consejo de Ministros de ayer. El principal partido de la oposición dejó bien claro desde el principio de la campaña independentista que apoya completamente al gobierno de Mariano Rajoy en sus acciones legales para bloquear el referéndum en Cataluña. “Como secretario general del PSOE, condeno la conducta del presidente de la Generalitat, que quiebra la legalidad y daña la democracia”, expresó Sánchez.

Pero mientras desde Madrid se activan todos los mecanismos legales al alcance para frenar la consulta del 9 de noviembre, en Barcelona se articula una considerable batería de acciones en el Parlamento, en los juzgados y en las calles para asegurar que haya urnas. El sábado por la mañana, un acto solemne entre los arcos góticos del Palau de la Generalitat sirvió como marco para la escritura de lo que en Cataluña muchos sienten como una nueva página de su historia. El presidente de la comunidad, Artur Mas, firmó el decreto que convoca el referéndum por la independencia bajo la garantía legal de la ley de consultas catalana aprobada la semana pasada. En el texto, el gobierno de Cataluña explicita como argumento a su favor que “entre los asuntos y materias que pueden ser consultados mediante una convocatoria se encuentran los de especial importancia colectiva para el país, sobre los que la Generalitat tiene la potestad de ejercer la iniciativa formal ante las instituciones del Estado, tal y como reconocen los artículos 87 y 166 de la Constitución”.

Al terminar el acto, Mas también aprovechó la oportunidad para dar un discurso a la altura de las circunstancias. De forma excepcional, la mayor parte de sus palabras fueron en castellano –no en catalán– y luego, incluso, repitió lo fundamental en inglés, para que el mensaje pudiera llegar sin intermediarios a la comunidad internacional. “Hemos necesitado muchas movilizaciones pero hoy, por fin, estamos ante la hora grande de Cataluña”, arrancó el president, recordando que para que la firma de la convocatoria de la consulta se haya hecho realidad “se han necesitado cuatro ingredientes: consenso político, diálogo, respeto a los marcos legales y amplias mayorías sociales”.

Artur Mas tampoco dejó pasar la comparación con el reciente caso de sus vecinos escoceses y remarcó que el “inmovilismo del gobierno español vestido de presunta legalidad” contrasta con “aquellos estados democráticos que pactan para dejar votar y no silencian a quienes quieren opinar libremente”.

Pero no todo se resuelve entre las paredes de los palacios gubernamentales. En las calles, miles de ciudadanos organizados en torno de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) –asociación que lidera el Movimiento Popular Independentista y que fue la principal impulsora de la “V” que atravesó Barcelona en la fiesta del 11 de septiembre– están dispuestos a demostrar que la consulta se va a hacer con o sin la autorización del Tribunal Constitucional. “Entendemos que la mejor respuesta es democracia, democracia y democracia”, dijo Carme Forcadell, presidenta de la ANC, y convocó concentraciones en las plazas de las municipalidades de toda Cataluña, tras la suspensión del Tribunal.

El colectivo, junto a los partidos políticos que apoyan el referéndum (todos excepto el PP, el PSOE y los conservadores Ciutadans), lanzó el mismo día de la firma de la convocatoria a las urnas la campaña en favor del 9-N y de la secesión, denominada Ara es l’hora (Ahora es la hora). El enorme movimiento ciudadano que en estos momentos apoya la consulta es imprescindible para que la misión independentista no muera con el veto del Constitucional. Artur Mas lo sabe mejor que nadie y por eso en los últimos días su imagen se reproduce en diversas entrevistas otorgadas a las principales cadenas televisivas, alentando al pueblo catalán: “Pido capacidad de resistencia. No puedo esconder que no será fácil, pero esto no funciona saliendo a la calle una vez al año; el futuro es una conquista no un regalo y nos lo tenemos que ganar”, aclamó el dirigente.