Dos jueces de Familia de Lomas de Zamora serán sometidos a juicio político acusados de proteger a hombres con denuncias de pedofilia. El Jurado de Enjuiciamiento, encabezado por el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Daniel Fernando Soria, votó por unanimidad la apertura del jury contra los magistrados María Silvia Villaverde y Enrique Quiroga, quienes integraban el Tribunal de Familia N° 3, y ahora –tras una reforma judicial– están a cargo cada uno de un juzgado de Familia. Entre otras imputaciones en su contra figuran la de obligar a niños y niñas que expresaron haber sido víctimas de violencia o abuso sexual por parte de su padre a “revincularse” con él, y a la vez por entregarle a ese progenitor la tenencia de los hijos, obstaculizando el vínculo con la madre. La denuncia fue promovida por el abogado Juan Pablo Gallego, representante legal de dos mujeres, quienes junto a sus hijos han sufrido las decisiones de los dos magistrados.

“La jueza Villaverde es la cabeza visible de un sector judicial reaccionario al paradigma de la Protección Integral que impone la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Villaverde se jactaba de estar blindada para seguir con su accionar ilegal y misógino durante años. Pero la votación unánime del jury en su contra marca el fin de esa ampulosa impunidad”, sostuvo Gallego a Página/12.

Las “revinculaciones” por orden judicial de niños y niñas que expresan haber sido víctimas de violencia o abuso sexual, con el progenitor al que señalan como agresor, vienen siendo denunciadas por distintas organizaciones que defienden los derechos de la niñez en los últimos años. Villaverde ha sido señalada por tomar ese tipo de medidas sistemáticamente. La jueza suele presentarse como experta en temas de género para dar conferencias en distintos ámbitos sin que se conozca que sus resoluciones a favor de varones denunciados por violencia de género o abuso sexual infantil están siendo cuestionadas puntualmente por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, una reconocida coalición de ONG de todo el país que trabaja para incidir en las prácticas sociales y las políticas en materia de infancia y adolescencia, y que lidera Nora Pulido; la Red Infancia Robada, que encabeza la hermana Martha Pelloni; el Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn), que preside Estela de Carlotto; y la Sección Argentina de la organización Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), que coordina Norberto Liwski, entre otras entidades.

Gallego, uno de los abogados querellantes de la causa contra el cura Julio César Grassi por abuso sexual, denunció a los magistrados Villaverde y Quiroga en junio de 2012 ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia y los acusó ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense, por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, actos incompatibles con la función judicial y grave conculcación de derechos de niños establecidos por la Convención Internacional de Derechos del Niño. Tras una larga investigación, la Secretaría de Enjuiciamiento determinó que el accionar denunciado por Gallego –en representación de dos madres– se habría repetido en al menos siete casos en los que intervinieron los dos jueces. “Los niños fueron arrancados violentamente de su hogar sin causa que lo justifique y contra su voluntad, en el marco de un operativo integrado por personal policial uniformado y armado e impidiendo desde entonces –ya por un lapso superior a un año–, el vínculo materno-filial, amparado por los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina”, señala la denuncia que abrió el camino para el jury. “Es imperioso ahora, por la naturaleza y gravedad de los hechos denunciados, que tornan inadmisible la permanencia en el ejercicio de la función de los magistrados indicados, se determine su suspensión hasta tanto finalice el jury”, consideró Gallego.

En uno de los casos en los que intervino Villaverde, a mediados de 2010 ordenó que la “revinculación” entre un padre que tenía una causa por abuso sexual infantil contra sus hijos pequeños, mellizos de 6 años y una nena de 4 en aquel momento, se hiciera en la Comisaría de Familia de Lomas de Zamora. Y en otras oportunidades dispuso que los chicos fueran trasladados en un móvil policial, pero como los hermanitos se pusieron a llorar cuando una uniformada los fue a buscar a su casa y se negaron a subir al vehículo, el operativo se suspendió, tal como informó este diario en una nota publicada con el título “Una sordera perversa” en el suplemento Las 12. Villaverde y Quiroga integraban en ese entonces el Tribunal de Familia Nº 3 de Lomas de Zamora. La madre de los niños intentó frenar esas medidas con distintas presentaciones judiciales, en las que denunció que no se respetaba el derecho de sus hijos a ser oídos. En el fuero penal tramitaba la causa por abuso sexual contra el padre de los niños. En primera instancia había sido sobreseído, pero la condena fue apelada y la causa seguía abierta. Finalmente, el año pasado la Cámara de Casación Penal revocó el sobreseimiento y ordenó al juez de primera instancia, que llevó la investigación del caso, escuchar a los niños, cuyos testimonios el magistrado nunca aceptó oír, a pesar de los pedidos de la querella.

En el fuero de Familia, en tanto, al rechazar los planteos de la mamá, el Tribunal Nº 3 de Lomas de Zamora defendió el proceso de revinculación de los niños con el padre denunciado, en una resolución de noviembre de 2011. En su voto, la jueza Villaverde afirmó que “el mismo tiene como finalidad ayudar a los hijos a estar en contacto con sus padres u otros adultos de la familia, con los que hubo distanciamiento. El revincular tiene que ver con restablecer la paz dentro de la familia; tiene un aspecto educativo, pues les permite a los hijos incorporar la vivencia de que, después de la pelea y aun la guerra, se puede restablecer la paz y continuar la vida. Además, permite a la familia recomponerse sin aclarar lo ocurrido, debido a que en la memoria de cada uno los hechos son absolutamente contradictorios entre sí. En estos casos, el poner el punto final es aliviante y beneficioso para todos, en especial para los hijos”. Los otros dos integrantes del tribunal, los jueces Roxana del Río y Enrique Quiroga, adhirieron a los mismos fundamentos.

En su momento, la abogada del padre en la causa de Familia, Cristina E. Pibida, alegó que la denuncia de abuso sexual promovida contra el hombre se trata de “una causa fabricada” por la mamá de los chicos, en el marco de un divorcio muy conflictivo, para evitar que su ex esposo viera a sus hijos, y que “no hay ningún elemento para imputar el delito de abuso sexual” a su defendido. Pibida fue promovida a jueza de Familia en Lomas de Zamora.