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La ciudad de El Alto despertó ayer militarizada y reflejó la convulsión boliviana en demanda de la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y la oposición a la exportación de gas a Estados Unidos a través de Chile. En el quinto día de paro general en esa localidad, sus pobladores enfrentaron en las calles con palos y piedras a militares y policías fuertemente armados, cuya represión dejó al menos cinco muertos y unos 50 heridos. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que en esa ciudad periférica “hubo una masacre”. Los principales dirigentes sindicales, entre ellos el socialista Evo Morales, dijeron que pasaron a la clandestinidad dada la agudeza de la situación; una crisis que lleva ya cuatro semanas.
Una de las zonas más deprimidas del país, donde hace más de 15 años convergen migrantes indígenas andinos, desempleados y trabajadores, El Alto, emplazada en la cabeza de la puna altiplánica, tuvo ayer la apariencia de un campo de batalla. El paro era total y ningún vehículo circulaba luego que el gobierno, que denunció la amenaza de un golpe de Estado instigado supuestamente por el líder opositor Evo Morales, ordenó la militarización de la zona. “Nos están masacrando. No hay enfrentamiento. Nos disparan a discreción, tiran a la multitud”, dijo en la clandestinidad el dirigente sindical Roberto de la Cruz, promotor de la huelga que ayer cumplía cinco días, con el cierre obligado de negocios debido a la amenaza de saqueo. La Paz soporta el asedio y los productos alimenticios han comenzado a subir de precio, cuando no a escasear. Sobrevolada por helicópteros militares que lanzan andanadas de bombas lacrimógenas, Villa Santiago Segundo, situada cerca de una base militar, retrataba la situación que vivían otras barriadas de El Alto, en cuyas depauperadas barriadas populares no existen servicios de agua potable ni alcantarillado, y donde sus pobladores indígenas sobreviven en condiciones de indigencia. Los pobladores piden revertir su pobreza y gritan su oposición a que la riqueza gasífera boliviana sea exportada de forma que sólo favorezca a las petroleras extranjeras que la gerencian y más aún a que se embarque desde un puerto de Chile. Esa es su esperanza para sobrevivir. A su vez, el gobierno niega que personas de nacionalidad chilena se encuentren en el país para asesorarlo.
En diversos barrios de El Alto los vecinos protestaban contra el gobierno encendiendo fogatas y lanzando piedras, mientras las unidades militares efectuaban patrullas en esta ciudad de más de medio millón de habitantes, la mayoría de clase media empobrecida y de migrantes indígenas aymaras y quechuas. Desde diversos barrios, los vecinos se comunicaban por teléfono con las radios locales para protestar contra el gobierno de “Goni”, como lo llaman al mandatario y denunciar que las tropas militares disparaban a discreción contra los manifestantes. En el hospital público de El Kenko había unos 30 heridos que requerían urgente atención médica, escasa por la falta de transporte para llegar al lugar, mientras en el público hospital de clínicas de La Paz estaban ingresados otros 20 heridos.
Según la activista Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), los vecinos de El Alto hacían dramáticos llamados por las emisoras de radio para que unidades médicas de auxilio acudan al lugar. La Cruz Roja boliviana lanzó un llamado para la provisión de combustibles, luego de lamentar su imposibilidad de prestar auxilio a los heridos en El Alto. “Ya no podemos hablar de enfrentamiento sino de una verdadera masacre”, dice una carta dirigida a Sánchez de Lozada, fundada en que “diversos medios de comunicación han confirmado el uso de armas de grueso calibre, incluidas ametralladoras pesadas, en contra del pueblo boliviano”. En la misiva, la Iglesia Católica, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa y la activista Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), exigen el retiro de tropas militares y policiales. En tanto el gobierno, que convocó a dialogar a los dirigentes vecinales de El Alto, llamó a “deponer los actos de beligerancia, a deponer las actitudes intransigentes”, según el ministro de Salud, Javier Torres. El funcionario desestimó la posibilidad de entablar negociaciones con Morales. Roberto de la Cruz, líder de la Central Obrera Departamental de El Alto, dijo que los principales dirigentes de los sindicatos bolivianos, entre ellos Morales, se declararon en la clandestinidad, después de que el gobierno denunciara un intento golpista de la oposición. Las aerolíneas comerciales suspendieron ayer los vuelos desde y hasta el aeropuerto de La Paz hasta que se pacificara la zona.
Las protestas podrían recrudecer hoy con el cierre de una ruta troncal que une el este con el oeste del país por parte de cultivadores de coca del Chapare que se oponen a la exportación de gas a Estados Unidos y México a través de Chile. El poderoso gremio de choferes de transporte público adelantó una huelga de 24 horas para hoy debido a la degradación de la situación social. Otro importante gremio, el de los panificadores, se sumó a la protesta con la declaratoria de una huelga de 72 horas, lapso en el cual no elaborará pan, principal producto de la dieta de los sectores populares.