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Explosivo final de campaña por el plebiscito en Ecuador

La sesión del Congreso fue interrumpida tras el estallido de una bomba lacrimógena que puso un opositor al gobierno. Este domingo el oficialismo se juega su mejor carta: la Constituyente.

El oficialismo y la oposición se jugaron ayer sus últimas fichas en Ecuador. Quito estuvo ayer invadida por marchas, caravanas y repartidores de panfletos. “¿Entregarías un cheque en blanco?”, cuestionaban los volantes de la oposición, que asociaban al presidente Rafael Correa con su par venezolano, Hugo Chávez. El gobierno teme que este discurso afecte el resultado de la consulta popular del domingo próximo, especialmente entre el casi 20 por ciento de indecisos. Por eso, Correa salió a las calles de la capital a dar su último discurso antes del referéndum para instalar su tan prometida Asamblea Constituyente. “La oposición quiere asustar a la gente diciendo que el socialismo del siglo XXI quiere estatizar y apropiarse de las casas. Aquí nadie sigue la línea de Chávez; aquí seguimos la línea ecuatoriana, la de los ciudadanos, profundamente humanista, que quiere un cambio radical”, señaló.

Así comenzó la veda electoral, que durará hasta que el domingo a las siete de la mañana (hora local) se abran las urnas. El clima ayer era de incertidumbre. En las últimas semanas, la oposición multiplicó su ofensiva en Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades del país. “Me preocupa la pasión de Correa. Desconfío cuando veo a una persona que dice que si no gana se va, como si le quitasen el chupete a un niño. No ha madurado políticamente y no creo que pueda gobernar con cabeza fría”, sostuvo Fidel Zapata, un militante de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), que repartía ayer volantes en el centro de la capital. Aunque solamente la UDC y el minoritario Movimiento Libertario hicieron formalmente campaña a favor del No, los ataques contra el presidente Correa llegaron de todos los partidos de la oposición.

Los diputados destituidos del Prian y de Sociedad Patriótica (SP), las dos fuerzas más importantes de la oposición, aprovecharon el conflicto en el Parlamento para atacar a la figura del presidente y a su “modelo totalitario”. Según sostienen, fue el mandatario el que forzó el enfrentamiento entre los diputados opositores y el Tribunal Electoral, que finalmente les quitó sus bancas.

Ayer esta tensión se reavivó cuando un asesor de uno de los legisladores destituidos logró explotar parcialmente una bomba de gas lacrimógeno en uno de los baños del Parlamento. El presidente del Congreso, Jorge Cevallos, tuvo que suspender la sesión por el olor que inundó inmediatamente la sala y alarmó a los legisladores. El hombre fue detenido en la confitería del edificio e identificado como Diego Fermín Dueñas, un asesor del diputado destituido del SP, Luis Pachala. Dueñas tenía una pistola 9 milímetros con 19 cartuchos de munición.

A pesar del incidente, el nuevo Congreso, con casi todos los suplentes ya activos, había logrado aprobar la resolución que tanto molestaba al Prian y a SP. Se trata de la autorización para reestructurar las autoridades de las comisiones legislativas. Antes, como fuerzas mayoritarias, estos dos partidos tenían la mayoría de las presidencias.

Mientras tanto, el gobierno siguió presionando para obtener una mayoría contundente el próximo domingo. Repitiendo la advertencia que había hecho Correa esta semana, el vicepresidente Lenín Moreno adelantó que tanto él como su compañero de fórmula renunciarán a sus cargos si se impone el No. “El presidente de la República y yo formamos un equipo sólido; hemos manifestado que si el pueblo ecuatoriano no manifiesta mayoritariamente su voluntad de tener una Asamblea Constituyente que norme de mejor forma este país y que haga una Constitución que en adelante garantice la seguridad jurídica del Ecuador, nosotros nos vamos a la casa”, explicó.

El proyecto del gobierno, que también apoyan el partido indígena Pachakutik, Izquierda Unida y varias organizaciones sociales, supone una nueva Constitución de corte socialista que, según Correa, acabará con el Estado centralista, la politización de los tribunales y el monopolio empresarial en la explotación de los recursos naturales y recortará la facultad del Congreso para destituir presidentes.

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